Montoro tendrá que aplicar la tasa sobre depósitos

Al ministro de Hacienda no le quedan alternativas ante la revolución fiscal -legal y constitucional- en la que se han embarcado algunas Comunidades Autónomas con una nueva figura impositiva: la tasa sobre depósitos bancarios. A la pionera iniciativa que lanzó Extremadura hace ahora nueve años, se sumó en 2011 la de Andalucía; la de Canarias, hace apenas unos meses; y ahora la de Cataluña. 

El Govern sabe que, en cuanto los Presupuestos Generales del Estado para 2013 entren en vigor, el próximo 1 de enero, con el nuevo gravamen estatal sobre depósitos (al 0 por ciento), el impuesto catalán -y el extremeño, el andaluz y el canario- no podrán ser ejecutados. Es verdad. Pero estas Comunidades deberán ser resarcidas económicamente por el Estado por arrebatarles su tributo. Es decir, o Hacienda comienza a repartir dinero entre las regiones que apliquen este tributo para compensarlas o, más bien, fija un tipo estatal, genérico y homogéneo en todo el país, sobre los depósitos de ahorro... aunque sea muy a su pesar.

Las Comunidades, en general, y Cataluña, en particular, han sabido jugar las bazas que les ofrecen la Constitución y la normativa tributaria española. La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) determina con claridad que "cuando el Estado establezca tributos sobre hechos imponibles gravados por las Comunidades, que supongan a éstas una disminución de ingresos, instrumentará las medidas de compensación o coordinación adecuadas a favor de las mismas". Es decir, que aunque Hacienda cree el Impuesto sobre Depósitos en enero y no le deje aplicarlo a las cuatro Comunidades que ya lo han aprobado, las deberá compensar. Es la baza que ha sabido jugar el gobierno de Artur Mas para conseguir un buen pellizco de dinero, a la vez que complace las pretensiones de su nuevo socio, Esquerra Republicana (ERC).

Porque, en este tipo de casos, el importe que la Administración Central debe transferir a las Comunidades afectadas es la cantidad de dinero que hasta ahora venían recaudando con este impuesto. O, si aún no lo han ejecutado, como es el caso que nos ocupa, el importe presupuestado que iban a recaudar. En Cataluña se trata de más de 500 millones de euros; en Andalucía, 300 millones; en Canarias, 30 millones; y en Extremadura, 39 millones. Asturias ya está pensando en aplicarlo (súmenle otros 30 millones, aproximadamente). En total, una factura que, como mínimo, ascendería a casi 1.000 millones de euros a base de compensaciones. ¿Está Montoro dispuesto a ello? ¿O prefiere aprobar un gravamen general para toda España por el que las entidades tributen por los depósitos que tengan en su poder?