¿Quiénes van a salir a protestar por las pensiones?

Los pensionistas fueron los primeros en echarse a la calle. Pero no van a ser los únicos. Desde esta misma tribuna, hace ahora un año, advertíamos de la necesidad de 'Devolver a los jubilados la revalorización de sus pensiones'. Miles de ellos se han manifestado en todas las ciudades españolas tras comprobar la merma de sus pensiones. Y eso que los efectos sobre ellos apenas se han dejado sentir.

La desindexación de la revalorización de las pensiones de jubilación al IPC, que recogió la Ley 23/2013, supuso el establecimiento de unos topes de incrementos mínimos (del 0,25 por ciento) y máximos (del IPC más 0,25 por ciento) en función de que el sistema arroje un déficit o un superávit, respectivamente. Esto, sí o sí, significa la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas actuales y de los que se vayan incorporando al sistema en los años venideros. 

Supongamos que durante dos años consecutivos se registra un IPC del 3 por ciento. Adicionalmente, pensemos que la tasa de paro y los desequilibrios entre los ingresos y los gastos del sistema público de pensiones obligan a que éstas no se aumenten en más del 0,25 por ciento cada año, como dice la ley. Bien, pues siguiendo esta hipótesis en solo dos años el poder adquisitivo de los pensionistas se habría visto mermado en un 5,5 por ciento (6 por ciento del IPC - 0,5 por ciento de revalorización). 

Imagine ahora que tras estos años las cuentas públicas mejoran y en los dos siguientes las pensiones se actualizan a su tope máximo, es decir, el IPC más el 0,25 por ciento. 

En términos netos, en cuatro años (con dos ejercicios malos y dos ejercicios buenos) los pensionistas sufrirán una merma final en sus pensiones del 5 por ciento (la pérdida del 5,5 por ciento que traían - 0,5 por ciento de revalorización).

De los 9,5 millones de pensionistas que hay en España, según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 4,3 millones cobran menos de 650 euros. Les invito a que calculen lo que van a tardar en situarse por debajo de los 637 euros del salario mínimo interprofesional. Algunos de los que saldrán a las calles son los nacidos en la década de 1990, porque serán ellos en particular, según un informe del Banco de España, los que soportarán la mayor parte del ajuste de las últimas reformas (2011 y 2013). De forma general y según el mismo informe, los últimos cambios legislativos en materia de pensiones también pasarán factura a las generaciones nacidas entre 1960 y 2000.

Finalmente, también tendrían razones para la queja aquellas personas cuyo salario se encuentre entre la pensión máxima (2.573 euros) y la base máxima de cotización (3.751 euros). Para todos ellos, el sistema carece de contributividad porque están aportando al sistema más de lo que el sistema les reportará en un futuro. 

De hecho, el propio sistema les está imponiendo un gravamen o tipo marginal oculto que va aumentando conforme el salario se va aproximando a la base máxima de cotización. El caso más desfavorable e injusto está afectando precisamente a los trabajadores cuyo sueldo coincide con esa base máxima, porque todos ellos están pagando al Estado por las buenas un 5,65 por ciento adicional de su salario.

En este punto es importante recordar que en 2014 un real decreto del Gobierno detallaba cómo iba a informar a cada español sobre la estimación de su pensión futura. Iba a hacerlo por tramos a través del conocido sobre naranja. En 2014 informaría a los mayores de 50 años; en 2015, a los mayores de 40 y, a partir de 2016, a todos los ciudadanos con, al menos, 5 años cotizados a la Seguridad Social. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna de estas misivas?

Del mismo modo, cabe señalar la paupérrima fiscalidad que tiene el ahorro finalista diseñado para complementar las pensiones porque, más que un incentivo fiscal, lo que existe en la actualidad es un pago diferido.
Estamos sentados sobre una bomba de relojería. Los actuales pensionistas ya han dado la voz de alarma. ¿Alguien se ha enterado?