La intervención de los alquileres en Cataluña puede tener los días contados

Cuando las barbas de tu vecino veas afeitar… Este refrán debería tenerlo muy en cuenta el gobierno en funciones de la Generalitat de Catalunya tras conocerse que el Tribunal Constitucional alemán ha declarado inconstitucional la ley que regula los alquileres en Berlín.

Se trata de una norma muy similar a la Ley de Medidas Urgentes en Materia de Contención de Rentas en los Contratos de Arrendamiento de Vivienda aprobada el pasado mes de septiembre por el Parlamento catalán, que limita los precios de los alquileres en viviendas de uso residencial de 61 localidades de la comunidad.

"Lo que ha pasado en Alemania puede perfectamente ocurrir en España", asegura Ignasi Vives, abogado del despacho Sanahuja Miranda.

Sobre todo, si se tiene en cuenta que el Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña, órgano que vela por la adecuación de la legislación autonómica a la Constitución y al Estatut, considera inconstitucional varios de los artículos de esta norma y declaró que invade competencias estatales.

Otro de los indicios de que esta ley puede tener los días contados es que el Tribunal Constitucional (TC) admitió a trámite a principios de este año un recurso que presentó el Partido Popular contra ella.

Casos paralelos

Según Ignasi Vives, en Alemania se ha producido un conflicto de competencias entre los länder -entidades territoriales en las que se divide la República Federal de Alemania- y el Gobierno federal del que ha salido ganador el segundo. "El länd de Berlín reguló poner un tope a los alquileres, pero el Tribunal Constitucional germano ha dicho que no tiene competencias para ello".

Este caso es "equiparable", según el abogado, a lo que pasa en Cataluña, por lo que, "todo hace pensar que el TC resolverá que la legislación en materia de alquileres es de competencia estatal".

Monserrat Junyent, responsable de Asesoraría Jurídica de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, es de la misma opinión: "En España puede pasar algo similar a lo ocurrido en Alemania, ya que, aunque las comunidades autónomas tengan transferidas competencia en materia de vivienda, lo referido a los alquileres es competencia del Estado, con lo que es posible que el TC quite la razón a la Generalitat".

En su opinión, la anulación de esta ley seria "positiva”. "Nosotros estamos en contra de ella porque interviene los precios del alquiler y el mercado debe ser libre".

Escasa eficacia

Se trata de una ley polémica que, por el momento, no ha cumplido el objetivo para el que se promulgó: frenar el precio del alquiler. Sobre todo, si se tiene en cuenta que Cataluña es la comunidad autónoma en la que más han subido las rentas entre enero y marzo, un 4,82%, según un informe de pisos.com.

Esta remontada la coloca como la segunda región con los alquileres más caros, 1.333 euros al mes, por detrás de Madrid (1.550 euros al mes) y por delante de Baleares (1.294).

Lo que sí ha conseguido es desplomar la oferta de viviendas en alquiler en las localidades reguladas y aumentar la presión de la demanda. Ferran Font, director de estudios de pisos.com, considera que la nueva normativa “no es eficaz” y el resultado que ha obtenido en otros mercados “ha sido malo".

Pone como ejemplo el caso de Berlín, donde desde que se aprobó una norma similar los precios apenas bajaron y la oferta de viviendas se ha reducido en más de un 30%.

Una ley muy cuestionada

La nueva regulación ha acaparado las críticas de numerosas organizaciones desde su aprobación, entre ellas, la patronal de la pequeña y mediana empresa de Cataluña (PIMEC), Fomento del Trabajo, el Consejo de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Catalán de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña y la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE).

Sus críticas se derivan, en opinión de Monserrat Junyent, de que se trata de una ley con "muchas carencias y muy populista".

Asegura que algunos partidos políticos dicen que perjudica a los grandes tenedores como bancos y fondos de inversión porque son los principales propietarios de viviendas en alquiler, "cuando el perfil medio de propietario es el de un jubilado que con el alquiler complementa su pensión".

Defiende que los colectivos vulnerables tienen que tener acceso a una vivienda digna porque es un derecho fundamental que hay que proteger, pero "esta carga no debe recaer exclusivamente en el sector privado como pretende esta ley. El sector público debe hacer sus deberes y crear un parque de viviendas públicas que den salida a la necesidad habitacional de la población vulnerable".