La nueva ley intervencionista de la vivienda propaga a toda España lo peor de la catalana

El Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos llegó a un acuerdo, después de meses de largas discusiones, sobre la nueva ley de vivienda. El sector inmobiliario, consultado por finanzas.com, considera que nace con defectos, ya que aplica medidas que se tomaron hace un año en Cataluña y que "no han funcionado".

Entre estas medidas, la más polémica, consiste en la regulación del precio del alquiler defendida por Unidas Podemos y rechazada frontalmente por el PSOE.

Finamente, los socios de coalición pactaron que se regulará el precio del alquiler de las viviendas que estén en manos de grandes propietarios. Es decir, aquellos que dispongan de diez o más. Esta intervención se realizará en base al índice de referencia para los contratos en las zonas de mercado tensionado.

Ante esta medida, expertos del sector inmobiliario aseguran que la norma debe definir qué se entiende por grandes tenedores. "Tener diez inmuebles no es ser un gran propietario", afirma Anna Puigdevall, directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.

Cree que, en principio, "no se trata de una medida eficaz para impulsar el aumento de las viviendas en alquiler, ya que no ha funcionado en otros países". A su juicio, el Gobierno debería buscar incentivos fiscales y soluciones más eficaces al problema de acceso a la vivienda y al alquiler en España.

Estímulos para los pequeños propietarios

La norma también recoge incentivos fiscales de hasta un 90 por ciento dirigidos a los pequeños propietarios de pisos en alquiler que demuestren que han reducido o congelado las rentas de forma voluntaria; siempre que no sea debido a las circunstancias del mercado. Estos privilegios fiscales no se otorgarán a los grandes tenedores de viviendas, como los fondos de inversión.

"Esta medida la valoramos muy positivamente porque supondrá un impulso para el sector", señala Puigdevall.

Pero no todas son buenas noticias para los pequeños propietarios, se les congelarán los precios del alquiler y se establecerá un recargo de hasta el 150 por ciento en el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) para los que posean viviendas vacías. Este tributo lo podrían aplicar los ayuntamientos.

En estos casos, "lo primero que hay que analizar es por qué están esas viviendas vacías y luego actuar", advierte Puigdevall. Argumenta que cuando esta medida se tomó en Cataluña, las autoridades descubrieron que no había tantas viviendas vacías como esperaban en un primer momento.

Más vivienda protegida

Potenciar el parque público de alquiler, con una reserva del 30 por ciento de todas las promociones para vivienda protegida, es otro de los fines de la nueva norma.

Esta medida no ha gustado al sector por que cree que puede reducir la construcción de obra nueva, como ha ocurrido en Barcelona capital tras implantarse una reforma similar.

“En Barcelona capital se está construyendo poco y la construcción se está trasladando a otras poblaciones aledañas”, señala la directora general de la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña.

Entiende que la colaboración público-privada es positiva, pero “el Gobierno no debe cargar toda la construcción de vivienda pública sobre los hombros del constructor que opta por la obra privada".

Un mayor parque de viviendas

Colaboración que también demanda Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com. Considera que la nueva ley debería introducir medidas enfocadas a incrementar el parque de viviendas y para ello, “es necesaria la colaboración público-privada. El Estado dispone de presupuestos y necesita del sector privado para financiar este parque”.

Otro de los factores que dotaría de eficacia a la nueva ley, en su opinión, es que incluya medidas enfocadas a mejorar el acceso a la vivienda de los ciudadanos más jóvenes mediante “un aumento del parque de vivienda en venta y en alquiler, tanto de protección oficial como de mercado libre”, apunta Font.

Un clon de la ley de Cataluña 

La ley de la vivienda acordada por los dos partidos que conforman el Gobierno de coalición contiene medidas similares a la ley aprobada en septiembre del año pasado en Cataluña, que limita los precios del alquiler en 60 municipios de más de 20.000 habitantes.

Esta ley no consiguió el objetivo por el que se creó, reducir el precio del alquiler. Las mermas que se han producido en las rentas son similares a las experimentadas en otras grandes ciudades como Madrid y Valencia. Además, ha tenido consecuencias negativas como la disminución del mercado de viviendas en alquiler.

Así, los precios de alquiler se han reducido en Barcelona un 8,2 por ciento en el último año, según reconocen en Idealista. Una caída inferior al 9,3 por ciento de la registrad en Madrid, donde los precios son libremente pactados entre las partes.

En lo que sí se ha producido una merma considerable es en la oferta de viviendas en alquiler en Barcelona capital desde que entró en vigor la ley, que ha alcanzado un 42 por ciento frente al parque disponible un año antes, debido a que muchos pequeños propietarios no les sale rentable alquilar sus casas y optan por mantenerlas vacías o venderlas.