La pugna que Gobierno y Partido Popular mantienen en materia de impuestos, con dos posiciones diametralmente opuestas, está lejos de llegar a su fin. El debate sobre cambios fiscales suele prolongarse en el tiempo.

No es la primera vez que las medidas fiscales sorprenden a los inversores. En España es algo muy frecuente. En 1996, por ejemplo, nada más aterrizó José María Aznar en la Moncloa, el Gobierno aprobó unas medidas urgentes de carácter fiscal que suponían un profundo cambio en el escenario de los mercados y productos de inversión.

Los analistas esperaban una mejora del tratamiento de las plusvalías mediante el incremento de los coeficientes correctores, pero el Gobierno los eliminó. A partir de ese momento, las plusvalías tributarían, con carácter general, a un tipo del 20 por ciento. El paso del tiempo no sería un factor fiscal clave, como era hasta la aprobación de las medidas.

La revista Inversión destacaba que numerosos ahorradores, sobre todo aquellos que acababan de comprar participaciones de fondos de inversión, o los que se hicieron partícipes de fondos garantizados a largo plazo, estaban perplejos. Una vez más se habían visto sorprendido por una legislación en la que funcionaba la retroactividad ante la total indefensión del inversor.

Daba la sensación, explicaba este semanario económico, que algunas de las medidas, además de urgentes, habían sido improvisadas. El Gobierno no tenía otra que intensificar su esfuerzo para explicar las consecuencias en los bolsillos de las medidas aprobadas y evitar así la confusión. La historia se repite en materia fiscal.