Un megaplan de inversión en infraestructuras con las energías renovables como punta de lanza y valorado en más de 2,3 billones de dólares (el equivalente a 2 billones de euros), a lo largo de los próximos 15 años. Ese es el objetivo de Joe Biden como proyecto clave en su primer año en la Casa Blanca -más allá del paquete de estímulos para salir de la crisis del Covid- que se encuentra con la exigencia de ver cómo intentará financiarlo.

De entrada, el proyecto en infraestructuras va mucho más allá de ese concepto tradicional, no sólo planea renovar carreteras, ferrocarriles y redes de tuberías. También una megainversión en energías renovables, sobre todo en fotovoltaica y eólica (de la que se pueden beneficiar empresas españolas), además de mejorar la red de conexión de telecomunicaciones.

Esos 2,3 billones de dólares que necesita, como comparación, son más del doble del presupuesto anual de toda la Administración federal estadounidense.

El megaproyecto de inversión no va a ser aprobado fácilmente por el Congreso y el Senado, sobre todo en este último donde la ventaja demócrata es mínima (el voto que decanta la balanza es el de la vicepresidenta Kamala Harris, quien preside el Senado); sino porque tampoco cuenta con el respaldo de todo su partido, donde hay voces que plantean que esos 2,3 millones pueden ser insuficiente, como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez.

En ese escenario, Biden plantea una batería de medidas financieras. Por un lado, subir el impuesto de sociedades -que afectaría sobre todo a las grandes corporaciones- y que pasaría del 21% al 28%. 

Un cambio que, básicamente, supondría volver a los niveles de fiscalidad que dejó Barack Obama y eliminar el recorte fiscal que aprobó la Administración de Donald Trump. Un paso atrás que cuenta con el rechazo del partido republicano.

Por ello, también debería recortar ayudas y subvenciones de otras partidas federales. Y es ahí donde entra poner coto a la financiación de los combustibles fósiles, sobre todo del petróleo. 

¿Cuánto dinero invierte en subsidios al crudo?

El Departamento del Tesoro, que actualmente dirige Janet Yellen, ha estimado que eliminar estos subsidios a los combustibles fósiles podría suponer un ahorro de más de 35.000 millones dólares en la próxima década, según la documentación a la que ha tenido acceso la agencia Reuters. Sin embargo, Greenpeace eleva esa cifra hasta 62.000 billones de dólares cada año.

Unas ayudas que el Departamento del Tesoro considera que socavan la independencia energética de Estados Unidos, a largo plazo; impiden la lucha contra el cambio climático y perjudican la calidad del aire y el agua, lo que daña, sobre todo, a comunidades más desfavorecidas. 

Una de esas subvenciones a los combustibles fósiles que podrían desaparecer se denomina costes intangibles de perforación, que permite a quienes invierten en este tipo de perforaciones en nuevos pozos deducirse la mayoría de costes con los que se encuentran.

Sólo eliminando este concepto, la Administración Biden podría recuperar 13.000 millones de dólares en 10 años, según cálculos del Comité de Impuestos del Congreso, un panel no partidista. 

El círculo virtuoso renovable

De esta forma, esos fondos cambiarían su uso desde la subvención al crudo y otros combustibles, a las renovables (eólica, solar, baterías para permitir el almacenamiento de energía limpia…) que podrían ser financiadas con créditos fiscales. 

Y estos proyectos verdes pueden ser el motor de nuevas inversiones. De hecho, John Kerry, ex secretario de Estado y actual enviado especial de EEUU para el Clima -un cargo de nueva creación, con el que Biden ha buscado demostrar su compromiso con los acuerdos de París- ha asegurado que esta apuesta por las renovables puede ser el motor de nuevas inversiones, como un círculo virtuoso, similar a lo que ocurrió en la década de los 90 con el sector de las telecomunicaciones, que cuadruplicó su tamaño.

De momento, ni las cifras ni los planes son definitivos, porque, a partir de ahora comienza la ronda de negociaciones políticas donde Biden podría tirar de su aspiración a promover el bipartidismo y buscar así el respaldo de republicanos moderados. Una tarea que, a priori, no parece fácil.