El número de incendios en el Amazonas y el Gran Pantanal brasileño aumenta de manera alarmante cada año y los inversores en deuda soberana no son ajenos. El pasado año, la tasa de deforestación alcanzó su nivel más alto desde 2008, mientras que las multas impuestas por las autoridades ambientales de Brasil cayeron en picado.

Una falta de protección medioambiental que se ha disparado desde la elección como presidente de Jair Bolsonaro.

Como consecuencia, esta situación está creando riesgos inaceptables para los compradores de deuda brasileña. Diferentes actores del mundo de la inversión ponen en jaque a la república federal brasileña, colocando en revisión sus inversores en el país y, en última instancia, elevando el coste de su deuda.

Un total de 50 firmas financieras, encargadas de gestionar alrededor de 7 billones de dólares, han acordado intensificar la iniciativa coordinada por Storebrand, el mayor gestor de activos privado de Noruega -que recientemente ha excluido de su universo de inversión a Siemens Gamesa-, para hacer presión e imponer sus condiciones en las compras de este tipo de deuda pública, además de exigir medidas que detengan la devastación del mayor bosque tropical del mundo.

Storebrand alertan a Brasil sobre el aumento de deforestación amazónica y presionan para que tomen medidas

"Si este diálogo dura para siempre y no hay consecuencias, esto también puede tener repercusiones", manifestó Eric Pedersen, director de inversiones socialmente responsables de Nordea Asset Management, uno de los grupos de servicios financieros más grande del norte de Europa.

"Solo puedo hablar por nosotros, pero no haremos esto indefinidamente si no vemos ningún progreso", sentenció Pedersen.

Así, la balanza del 'statu quo' se inclina cada vez más hacia los inversores que promueven el activismo, dejando la deuda soberana, poco a poco, supeditada a este cambio de paradigma.

Si los intereses y las políticas de inversión de los gestores nórdicos se alinean con los de la aseguradora Storebrand, a la postre, otros actores saltarán a la palestra para impulsar una agenda guiada por los principios ESG (Environmental, Social & Corporate Governance), además de apuntar con el dedo a los gobiernos y administraciones como principales responsables a la hora de exigir cambios.

Una advertencia que se repite

En 2019, Nordea AM dejó de comprar bonos soberanos brasileños después de que el entonces recién elegido Jair Bolsonaro disminuyera las protecciones ambientales, provocando que la deforestación se disparara.

Sin embargo, aún cuenta con parte de la deuda brasileña comprada anteriormente, con el fin de utilizar su posición para "insistir en resultados tangibles" con respecto a la Amazonas.

En 2019, Nordea AM dejó de comprar bonos soberanos brasileños ante la falta de medidas de protección ambiental de Bolsonaro

"No proteger los recursos naturales, junto con las condenas, pone los acuerdos comerciales, las exportaciones y los ingresos fiscales en riesgo", declaró Pedersen, mientras que, a largo plazo, "si la administración de los recursos naturales se mantiene así, tal vez en 20 o 30 años todo se convertirá en nada y puede amenazar la capacidad para pagar la deuda".

"Claramente, no estamos contentos con lo que hemos visto", manifestó Jan Erik Saugestad, CEO de Storebrand Asset Management, y agregó que los científicos advierten de que el ecosistema de la selva tropical se está acercando a un punto que "no puede sostenerse por sí misma".

Además, reclaman que el diálogo se convierta en hechos. "Las palabras, las promesas y las reuniones son geniales, pero buscaremos evidencia tangible de que la deforestación se está produciendo en la dirección correcta."

La campaña de Storebrand no ha estado libre de "algunas victorias", lo que ayudó a desencadenar "un debate muy necesario sobre la deforestación y el riesgo económico en Brasil", señala.

De hecho, la iniciativa, organizada ahora como el Diálogo de política de inversores sobre deforestación en el Forest Alliance está considerando la posibilidad de colaborar con otros países, entre los que figura Indonesia, cuyo gobierno rechazó las críticas sobre que la deforestación es la responsable de las últimas inundaciones.

Redefiniendo el activismo

Durante años, los fondos soberanos han sido los principales actores a la hora de aplicar en sus carteras métricas concernientes al universo ESG.

Pero hasta el pasado más reciente, esa actividad, la de exigir compromisos medioambientales y de responsabilidad social, no siempre se hacía pública.

Una táctica basada en la crítica silenciosa que, principalmente, han vivido las empresas vinculadas al sector petrolero, gasista o del carbón.

Sin embargo, el impulso de la ESG ha provocado que los inversores no solo pongan la lupa en este tipo de gestiones, sino que alcen la voz. Y eso fomenta que los gestores tomen nuevos rumbos en el proceso de la gestión activa.

La semana pasada, la compañía BankInvest Group anunciaba que sacaba a Estados Unidos de su 'lista negra' de inversión. Un cambio de rumbo consecuencia de la reincorporación al Acuerdo de París anunciada por el presidente Joe Biden como una de sus medidas estrella tras jurar su mandato.

Algo similar ha ocurrido con el banco central de Suecia que ha asegurado que se replantea la compra de deuda de administraciones locales de Canadá y Australia por su falta de compromiso medioambiental.

BankInvest Group ha sacado a Estados Unidos de su 'lista negra' tras volver al Acuerdo de París

Unos ejemplos que continúan siendo excepciones. ¿El motivo? Que los inversores tienen más capacidad de influencia a la hora de inclinar la gestión de una compañía que en la de marcar la agenda de una Administración pública. Además, aún no hay suficiente información sobre la sostenibilidad de esta última.

Un largo camino por recorrer

De esta forma, aún no prolifera un gran número de inversores que estén involucrados con el activismo cuando se trata de fondos soberanos.

Según las encuestas realizadas por los Principios para la Inversión Responsable (PRI, por sus siglas en inglés), más de la mitad de los encuestados del año pasado, manifestaron que los gobiernos representan el 5%, o menos, de sus activos de renta fija.

Según Sorin Pirau, jefe de gestión de patrimonio de la cartera en Danske Bank, que además fue asesor del comité del PRI, existe el "temor de que la expresión de preocupaciones pueda malinterpretarse como crítica política o cabildeo".

En general, solo las instituciones nórdicas han estado en la vanguardia para dirigirse a los gobiernos y, además de Brasil, Nordea también ha tratado de presionar a los Ejecutivos de Belice y Ecuador para que se adhieran a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

"Este es solo el comienzo de una mayor realineación hacia la inversión ESG", dijo Pedersen, "y a medida que la inversión ESG se generalice, significará que los emisores menos comprometidos con la sostenibilidad tendrán que pagar más para atraer inversores".

Asimismo, la demanda entre los inversores minoristas e institucionales de deuda emitida por fondos soberanos que abordan cuestiones sociales y ambientales está creciendo y las exigencias, también, irán al alza.