No hay líder empresarial o inversor institucional moderno que no luzca en su solapa la insignia de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS). Es la nueva bandera multicolor de la humanidad en la que se envuelven los adalides de las finanzas sostenibles.

Nadie quiere renunciar a la tierra prometida que se refleja al otro lado del arcoíris de los ODS, cuando la Agenda 2030 arregle todos los problemas del mundo que el actual modelo económico y financiero no ha sabido resolver.

Quién sufragará los ODS es una cuestión diferente. La lógica de los ODS es la misma que la del Acuerdo de París. Se asume que las arcas públicas no son suficientes para financiar la transición a un modelo productivo de bajo carbono compatible con la neutralidad climática en 2050. 

Las arcas públicas no son suficientes para financiar la transición a un modelo productivo de bajo carbono compatible con la neutralidad climática en 2050

Por lo tanto, el sector financiero está llamado a arrimar el hombro para reorientar los flujos de capital hacia la economía real, que deberá reinventarse para cumplir con los ODS. 

Por ese motivo, durante los últimos cinco años los inversores ESG dicen haber adoptado los ODS como guía de su deber fiduciario. Los ODS les sirven para fijar expectativas en las empresas y productos donde invierten, y en último término, para entender el impacto de sus carteras de inversión.

Sin embargo, poco se habla de los flujos que no se pueden reorientar a la consecución de los ODS, entre los cuales está la descarbonización de la economía, porque simplemente desaparecen gracias a la prestidigitación de la elusión fiscal. 

El silencio de los ODS

Los 17 ODS guardan silencio sobre la cuestión, pero la idea de un ODS número 18 respaldado por inversores institucionales responsables, aunque fuera de manera informal, no es descabellada.

Del mismo modo que muchas empresas ya usan un precio interno (shadow price) para gestionar mejor su huella de carbono, los inversores podrían empezar a exigir un mecanismo similar con el que medir los riesgos derivados de la elusión fiscal.

En ambos casos estaríamos hablando de tomar responsabilidad por las externalidades negativas, que es en definitiva la base de la inversión ESG. 

Es cierto que la práctica del tax avoidance es totalmente legal y no debe confundirse con la evasión fiscal, aunque comparte sus métodos y estratagias. Precisamente por eso, los inversores que presuman de credenciales ESG tendrán que demostrar que no se están haciendo trampas jugando al solitario. 

Ello implica comprender el riesgo que la elusión fiscal presenta desde una perspectiva ESG e involucrarse activamente con las compañías de sus carteras cuyas políticas fiscales huelan a tax dodging. 

Es útil recordar que sólo en materia de neutralidad climática, la Comisión Europea estima necesaria una inversión adicional por año de 260.000 millones de euros hasta 2030. Éste es el escenario que sirve de base tanto al Plan de Acción: Financiar el desarrollo sostenible como al Pacto Verde Europeo.

En materia de neutralidad climática, la Comisión Europea estima necesaria una inversión adicional por año de 260.000 millones de euros hasta 2030

Tal cifra se puede comparar con los flujos que desaparecen en los paraísos fiscales, también llamados secrecy jurisdictions debido a la opacidad que ofrecen a sus usuarios - entre los que se incluyen desde grandes empresas y monarcas a criminales de cuello blanco y no tan blanco.

Así pues, por definición, la hemorragia de fondos que se podrían destinar a los ODS es difícil de cuantificar. Uno de los estudios más citados al respecto es el de los economistas y académicos Gabriel Zucman, de la Universidad de Berkeley, Thomas Tørsløv y Ludvig Wier de la Universidad de Copenhague.

De acuerdo con sus estimaciones, casi el 40% de los beneficios de multinacionales acabaron en paraísos fiscales (vía profit shifting), más de 700.000 millones de dólares en 2017 a nivel global. Ello se traduce en un 10% menos de recaudación por parte de las multinacionales, o 200.000 millones.

Más recientemente el think tank británico Tax Justice Network (TJN), agitador intelectual pionero en esta materia, estima que la cifra ya asciende a 1,3 billones, traduciéndose en pérdidas tributarias de 330.000 millones por año.

España pierde 16.967 millones de dólares en recaudación por elusión fiscal

Zucman et al. estiman que solamente España pierde 16.967 millones de dólares, una elusión del 14% en la recaudación tributaria corporativa, la mayoría a través de paraísos fiscales europeos (Holanda, Luxemburgo e Irlanda). 

Igualmente, TJN sitúa a España como uno de los mayores damnificados por el tax avoidance propiciada principalmente por el frugal paraíso fiscal holandés.

Tras rastrear bases de datos de multinacionales norteamericanas publicadas recientemente, TJN estima que el profit shifting hacia Holanda les costó a los países vecinos de la UE más de 10.000 millones de dólares.

En el caso de España, las arcas públicas dejaron de percibir 1,000 millones. La cifra alcanza los 2,500 millones si se suma el profit shifting hacia el “eje de la elusión fiscal” que incluye al Reino Unido (la City), Luxemburgo y Suiza, según TJN.

El postureo del rainbow-washing

Recientemente se acuñó el término rainbow-washing en referencia al postureo que los SDGs pueden alentar en el terreno de las finanzas sostenibles. Por supuesto, los inversores institucionales no van a solucionar por sí solos el problema. Pero su voz e influencia en el debate se echa en falta. Si continúan eludiendo la elusión fiscal las credenciales de aquellos que se consideran inversores ESG se verán más temprano que tarde en entredicho.