La mayor gestora de activos de inversión a nivel global, BlackRock, afronta este miércoles su junta general de accionistas en un clima de acusaciones por parte de los activistas sociales y accionistas que critican conflictos de interés en su estrategia ESG.

Entre los frentes abiertos, la gestora es cuestionada por la composición de su consejo de administración, su estructura empresarial y su inversión en compañías con negocios controvertidos o que no están alineados con la sostenibilidad que abandera de forma pública.

En concreto, en el orden del día de esta junta anual de la firma estadounidense, que gestionaba 7,3 billones de euros a cierre de 2020, el inversor activista James McRitchie ha logrado introducir una propuesta para modificar la forma societaria de la compañía, atendiendo a criterios de buena gobernanza.

En esta propuesta, los accionistas solicitan a la junta directiva que tomen las medidas para modificar el certificado de incorporación, que está inscrita como una corporación convencional de Delaware —considerada un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos— y se convierta en una corporación de beneficio público (PBC).

"En el propósito de la compañía se proclama que comparte un compromiso con todos los grupos de interés (...) Sin embargo, como corporación convencional de Delaware, los deberes de los directores enfatizan a los accionistas y no a todas las partes interesadas, excepto en la medida en que crean valor para los accionistas", argumenta James McRitchie.

McRitchie es un 'gadfly' que solo tiene 25 acciones de la gestora

McRitchie, quien ostenta solo 25 acciones de BlackRock, es conocido por ser uno de los 'gadfly' (tábano, en inglés) o participantes molestos en las juntas de accionistas por criticar el 'status quo' de las compañías en cuestiones ESG.

A la espera de la votación de esta propuesta, la junta directiva ha recomendado a los inversores votar en contra, alegando que BlackRock ya opera de una manera que considera los intereses de sus accionistas y otras partes interesadas y puede hacerlo en su forma corporativa "sin los riesgos y cargas innecesarios de convertirse en una corporación de beneficio público".

"El modelo PBC es nuevo y en gran parte no se ha probado, y las incertidumbres resultantes hacen que este enfoque sea inapropiado para una empresa de nuestro tamaño y complejidad", según el estamento de oposición de la directiva de BlackRock.

Hipocresía en sus prioridades sociales

Por otro lado, varias organizaciones no gubernamentales han protestado frente a la sede de BlackRock en Nueva York esta semana exigiendo al consejero delegado, Larry Fink, que cesen sus inversiones "en las empresas moralmente más corruptas del mundo, incluyendo fabricantes de armas, contratistas de prisiones y empresas petroleras".

Las protestas han sido impulsadas por Codepink, una organización liderada por mujeres que trabajan en acabar con las guerras y el militarismo de los Estados Unidos, en defensa de los derechos humanos.

"BlackRock dijo que le gustaría que las empresas implementaran procesos de derechos humanos, pero continúa beneficiándose de sus inversiones en armas y petróleo que dañan el planeta y su gente", argumentó la activista de Codepink Nancy Mancias.

La coalición de activistas cree que estas empresas se centran en anteponer las ganancias de la élite inversionista en lugar de las necesidades de las personas en todo el mundo, por lo que hace un llamamiento para que "se responsabilice y demuestre su compromiso con los derechos humanos".

Activistas piden la renovación de su directiva

Otro de los puntos que reclama Codepink en esta temporada de juntas de accionistas es el relevo de Murry Gerber, miembro de la junta por sus "profundos vínculos con el contratista petrolero y militar Halliburton".

Su destitución también se ha promovido por parte de otras onegés y asociaciones como The Action Center on Race & the Economy (ACRE) y la ONG The Public Accountability Initiative (PAI), también conocida como LittleSis.

Gerber es miembro del consejo de administración de BlackRock desde el 2000, hace más de dos décadas, y como consejero independiente desde 2017. Paralelamente, es consejero en la compañía proveedora de servicios para la industria energética Halliburton y la metalúrgica United States Steel Corporation, desde 2012.

No obstante, sus lazos con el sector petrolero se remontan a hace cuatro décadas. Antes de dirigir y presidir EQT Corporation, Gerber fue consejero delegado de Coral Energy, filial de Royal Dutch Shell, de 1995 a 1998. Antes, fue tesorero de Shell, donde comenzó su andadura profesional en 1978.

"El hecho de que sea el miembro más poderoso y longevo de la junta independiente de BlackRock y sus vínculos tan extensos con la industria de los combustibles fósiles deberían alertar a los accionistas", advierten desde ACRE y PAI.

Según denuncian, estos vínculos de Gerber con las industrias contaminantes y su papel destacado en la junta de BlackRock supone "un claro conflicto de intereses", en tanto que la gestora ha declarado públicamente que la lucha contra el cambio climático es una de sus prioridades.

Recientemente, BlackRock se ha adherido a la iniciativa Net Zero Asset Managers, con la que se compromete a reducir las emisiones en sus carteras a cero en 2050 y presionando a su larga lista de participadas, incluyendo empresas del IBEX 35.

Para los activistas, este tipo de acciones no son suficientes, mientras no se cumplan los estándares de buena gobernanza.

"El profundo colapso de la gobernanza en el corazón de la junta directiva de BlackRock impide un consejo que supervise, libre de conflictos, los muchos compromisos adquiridos con los inversores y los reguladores", zanjan el informe de ACRE y PAI.