Ayudar a identificar actividades económicas alineadas con los objetivos el Acuerdo de París, la Ley del Clima y el Acuerdo Verde de la Unión Europea para buscar la neutralidad de carbono para 2050.

Eurosif, asociación paneuropea de inversión sostenible y responsable en la que está integrada Spainsif, explica la esencia que encierra una de las herramientas cruciales del plan verde europeo: la taxonomía europea.

Una normativa no exenta de debates y de algunas voces preocupadas, que argumentan que con ella se puede llegar a excluir a industrias enteras de los mercados de capitales, además de socavar algunos aspectos de esta competitividad de la economía de Europa.

Ante esta controversia, Eurosif ha querido clarificar las distintas dudas y polémicas que se cernían sobre este marco legislativo ‘verde’ europeo y ha lanzado un documento con su posicionamiento, firmado por Victor van Hoorn, su director ejecutivo.

En él reflexiona sobre cuestiones como si esta clasificación limitará el acceso de determinadas empresas o industrias a los los mercados financieros, o a quiénes impone obligaciones.

¿En qué consiste la taxonomía?

Para abordar de manera pormenorizada las distintas discusiones instauradas en torno a este texto, Eurosif plantea el debate desde su origen.

Así, indica que la taxonomía publicada por la Comisión Europea establece “un sistema de clasificación que busca identificar actividades económicas ‘ambientalmente sostenibles’ sobre la base de una evaluación científica, con la tecnología disponible de manera realista en la actualidad’.

Específicamente, esta normativa pretende cubrir un total de seis objetivos ambientales diferentes, aunque en la actualidad, solo aborda un total de dos -la mitigación y la adaptación del clima-.

La imposición de obligaciones se limita a pocos ámbitos: grandes empresas, industria financiera y entidades gubernamentales

Por otro lado, indica que “este instrumento impone un número limitado de obligaciones” en tres ámbitos: grandes empresas, la industria financiera y a la Unión Europea y sus Estados miembros.

En este sentido, dichas obligaciones irán dirigidas a las grandes empresas que cuenten con un número de trabajadores superior a 500.

Hoorn puntualiza que éstas deberán informar “del grado de alineación de su negocio en términos de facturación e inversión (gastos de capital) dentro de la información no financiera que ya hacen pública desde 2018.

Respecto a la industria de la inversión que comercialice productos ESG “tendrá que revelar el grado de alineación de su cartera con la taxonomía”.

Por último, tanto la Unión Europea como los estados mientras que proponga medidas para etiquetar productos financieros como sostenibles, ESG o ecológicos, deberán adaptarse a la taxonomía.

Ni burbuja 'verde', ni exclusión de sectores

Uno de los puntos que genera más debate es si algunas industrias podrían llegarse a quedar fuera de las vías de financiación. Eurosif señala que “no hay evidencia que respalde esta afirmación”, aunque reconoce que el coste de captación de recursos de las empresas más contaminantes -petróleo y gas, automóvil o transporte- sí que subirá.

Eurosif insiste en que la taxonomía no les impone ninguna obligación de financiar, de manera parcial o exclusiva, las actividades alineadas con ella.

Asimismo, insiste en que los inversores podrán continuar invirtiendo en todos los activos que considere oportunos. Y que serán ellos mismos los que den, o no, importancia a la taxonomía dentro de su universo de inversión.

Una burbuja solo sería posible si se impone por ley la taxonomía como guía de inversión

Por otra parte, defiende la taxonomía no va a crear una burbuja financiera ‘verde’. Eurosif cree que este supuesto solo se cumpliría en el caso de se impusiera por ley como método de inversión.

También modifica el debate sobre las industrias de transición. Para Eurosif, la taxonomía en si misma nos las afecta puesto que solo tiene en cuenta a las sostenibles. Y no las demoniza, ya que directamente no las nombra como "contaminantes" o "no sostenibles".

Para la asociación, hay otras herramientas, como el precio del carbono que tendrán probablemente más repercusión en las industrias que necesitan realizar una transición más transformadora hacia las cero emisiones. Y vuelve a insistir en que las actividades que se quedan fuera de la taxonomía no tienen que ser consideradas "malas".

Para Eurosif, uno de los grandes pasos adelante que se ha dado con esta normativa es la transparencia. Con la taxonomía se irá generando un flujo de información constante al mercado sobre el grado de adaptación, y esto permitirá ir moviendo capitales hacia las estrategias alineadas con el Acuerdo de París.

Asimismo, con ella, el mercado y las propias empresas tendrán mejor información sobre los activos que no se alinean con la descarbonización.

En este sentido, y la espera de que la Comisión Europea publique su lista final sobre las actividades consideradas sostenibles, recuerda que la selección debe hacer desde la ciencia para evitar que la asignación de capitales a largo plazo se realice erróneamente (el gas y la energía nuclear son dos industrias que han creado mucha controversia).

Más costes para las más contaminantes

Aunque Eurosif descarta que se vayan a cerrar las vías de financiación a ciertos sectores, sí que reconoce que los costes de capital de las industrias contaminantes aumentarán. De hecho, de alguna manera todo la política 'verde' de la Unión Europea se fundamenta en reorientar inversiones hacia la sostenibilidad.

No obstante, cree que los mercados ya están están 'cotizando' esas diferencias. "Aunque el precio del carbono cotiza entre los 20 y los 30 euros/tonelada de CO2, los inversores comienzan a basar sus decisiones de inversión en los supuestos de 50 y 80 euros/tonelada de CO2", explica.