Después de la tormenta y la crisis reputacional toca volver a ganarse la confianza de los inversores más preocupados por el buen gobierno corporativo (la G de la ESG) y de los asesores de voto que recomendarán votar a favor o en contra de las propuestas del orden del día.

Eso es lo que ha ocurrido en Indra, después de que se desvelara el cese de su ya expresidente ejecutivo, Fernando Abril-Martorell; y su próxima sustitución, pero con menos galones, por parte de Marc Murtra, el hombre elegido por la SEPI y que, en un primer momento, no contaba con la necesaria recomendación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. 

Un paso dudoso desde el punto de vista de la buena gobernanza que Indra ha resuelto despojando al que será nuevo presidente de sus poderes ejecutivos.

Estos permanecerán bajo control de quienes hasta ahora eran las ‘dos manos’ de Abril-Martorell en las principales áreas de negocio de Indra. 

La compañía ha explicado en su comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que su consejo de administración, previa recomendación de la Comisión de Nombramientos, ha optado por “delegar en favor de los consejeros ejecutivos Ignacio Mataix Entero y Cristina Ruiz Ortega, responsables respectivamente de las divisiones de Transporte y Defensa y Minsait, todas las facultades delegables del consejo, nombrándoles consejeros delegados con carácter solidario”.

Indra prescindió de la figura de consejero delegado en 2017, tras la marcha de Javier de Andrés. Ahora, en cambio, enfatiza la separación de roles, con el reparto del poder ejecutivo en dos consejeros delegados.

Reparto de roles en las cotizadas participadas por la SEPI

Sigue así un esquema similar al que tienen las otras dos grandes cotizadas participadas por la SEPI, Enagás y Red Eléctrica (REE). Ambas compañías cuentan con una separación de poderes entre quien ocupa la presidencia y el cargo de consejero delegado, aunque solo uno.

En REE, donde SEPI cuenta con el 20% del capital, la presidencia desde la llegada de Pedro Sánchez a Moncloa está ocupada por la exministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Mientras, el cargo de CEO corresponde a Roberto García Merino.

Este último llegó al puesto en mayo de 2019, pero era un hombre de la casa, porque desarrolla su carrera en REE desde 2004. García Merino sustituyó a Juan Lasala, quien ‘estrenó’ el cargo de CEO en 2015 porque, hasta ese año, el poder ejecutivo también recaía en la presidencia. Entonces, ocupada por José Folgado.

Mientras, en Enagás, la SEPI tiene una participación significativamente menor, del 5%. En este caso, Antonio Llardén ocupa la presidencia desde 2007 y su consejero delegado, Marcelino Oreja, lo es desde 2012.

La estructura accionarial de Indra

En Indra, la SEPI controla el 18,75% y su influencia ha quedado patente en los últimos días al desvelarse su intención de relevar a Abril-Martorell de la presidencia. Un papel de control que puede ir a más si la compañía activara las ‘acciones de lealtad’ que dan más derechos de voto a los accionistas a largo plazo. Habrá que esperar a la convocatoria de la junta para ver si estas se incluyen.

Y en esa cita será fundamental las recomendaciones que realicen los asesores de voto. Los ‘proxy’, en principio, suelen ver con buenos ojos la separación de poderes, que la presidencia y el poder ejecutivo estén representados por dos figuras diferentes.

Por ello, dado que en esa cita de finales de junio los nombramientos de Murtra como presidente no ejecutivo y de los dos nuevos consejeros delegados solidarios tendrán que contar un amplio respaldo, lograr la recomendación favorable de los ‘proxy’ puede ser una baza más significativa que en otras juntas anuales. 

Hay que recordar que, por detrás de la SEPI, los principales accionistas de Indra son el fondo estadounidense FMR y Corporación Financiera Alba, con participaciones del 9,8% y 9,99%, respectivamente, que pueden ser fundamentales a la hora de aprobar votaciones.

Además, firmas como el fondo soberano de Noruega, Norges -comprometido con la ESG-, alcanza el 3%. Una cifra similar a la que tienen Santander Asset Management y T. Rowe.