Casi nueve de cada diez gestoras españolas prevén un aumento en la demanda de productos de inversión ESG a corto y medio plazo, en un marco en que la normativa necesaria para canalizar estos flujos avanza en su desarrollo, a un ritmo más lento del deseado. Esta es una de las preocupaciones de Inverco, asegura su presidente Ángel Martínez-Aldama.

En una entrevista con SOCIAL INVESTOR, el presidente de la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones ve evidente un crecimiento artificial de los precios en las inversiones consideradas sostenibles. "La burbuja existe", alerta.

"Si las gestoras no tienen información sobre las empresas en las que invierten, el universo de inversión se reduce y creamos una inflación artificial de precios en aquellas que facilitan esa información sostenible ante la demanda de estos productos", explica Martínez-Aldama.

A su juicio, "la manera de pinchar o neutralizar esa burbuja es que esas normas de exigencia a las empresas sobre la sostenibilidad de sus negocios estén lo antes posible y, además, que la información sea pública y de libre acceso", asegura.

Una de las piezas clave es la Directiva de información no financiera (NFRD). "Es fundamental que se acelere la revisión y su tramitación, para que el universo de empresas obligadas a informar sobre la sostenibilidad de sus negocios se incremente", insiste.

De momento, por la Directiva NFRD se exige esta información a unas 11.000 empresas. Con la modificación pendiente, que quiere rebautizarse como 'Corporate Sustainability Reporting Directive', el espectro se ampliará a cerca de 50.000 cotizadas europeas.

El presidente de la patronal de la inversión española sostiene que "al aumentar el universo de empresas, se pincharán esas burbujas" e insta a acabar con ella "antes de que sea mayor".

De lo contrario, advierte, "estaremos concentrando las inversiones en un núcleo cerrado de empresas, donde habrá una avalancha de compras y se crean burbujas en términos de precio".

Evitar los efectos indeseados de la ESG

La avalancha regulatoria pretende armonizar la inversión sostenible, que se estaba haciendo desde una parte del sector. "Es verdad que cuando una normativa no está plenamente asentada estos procesos son inevitables", reconoce Martínez-Aldama.

Sin embargo, la demanda de esta asociación empresarial española es clara: "Pedimos que haya una mayor rapidez en la concreción de las normas y que la legislación se apruebe lo antes posible".

"Solo de esta manera conseguiremos que este proceso de transición vaya lo mejor posible y que los partícipes tengan los menores sustos posibles, en términos de subidas y bajadas de los precios de las empresas en las que invierten", razona.

Aldama cree que acelerar la normativa prevendrá a los inversores de "situaciones no deseables"

De no ser así, el presidente de Inverco pronostica que "a corto plazo habrá que explicar y justificar a los inversores situaciones que no son deseables".

"No puede ser que estemos en una situación de indefinición porque eso no es bueno para los objetivos que se persiguen con esta normativa, ni para los inversores o partícipes, ni para las gestoras ni los supervisores", detalla.

Acceso libre frente a sobrecostes de la información

Para Inverco, otro de los factores esenciales para que la inversión sostenible prospere en la buena dirección está relacionado con la transparencia y accesibilidad de la información necesaria, sin intermediarios.

La industria ha reclamado, a través de la asociación la inversión colectiva europea EFAMA, que se promueva un punto de acceso único, es decir, una web donde toda la información sobre sostenibilidad de las empresas esté accesible.

El punto clave es que las gestoras no dependan de consultoras para obtener esta información. "Queremos un libre acceso a esa información de las empresas sin necesidad de tener que recurrir a terceros, que obviamente generan gastos".

"El asunto es evitar que se puedan generar precios no acordes con los mercados a efectos de facilitar información sobre la sostenibilidad en las empresas en las que invertimos, para que no se genere un coste inadecuado que acaben pagando los partícipes", señala el presidente de Inverco.

Actualmente, la elaboración de esta información se reparte en un pequeño grupo de compañías que operan a nivel global, lo que puede generar "situaciones de monopolios u oligopolios en la venta de información sobre sostenibilidad de empresas", según advierte.

De continuar esta tendencia, a juicio de Martínez-Aldama, "no beneficiará a los partícipes ni al inversor final porque generarán costes artificiales y no justificados desde el punto de vista del mercado".

¿Cuándo se podrá invertir con criterios ESG claros?

El fin último de esta transición regulatoria no es otro que lograr que las inversiones ESG verdaderamente contribuyan a los objetivos que están encomendados en las leyes de cambio climático y el plan de acción de la Comisión Europea.

"Partimos de unas situaciones que hay que ir corrigiendo, pero lo antes posible para que se cumplan los objetivos, que eso es lo que queremos todos como habitantes del planeta", señala Ángel Martínez-Aldama.

La pregunta que se hacen muchos inversores es cuándo tendrán certeza de que su inversión realmente contribuye a estos objetivos y se elimine la sombra del 'greenwashing'. El presidente de Inverco apunta a que aún habrá que pasar bastantes hojas en el calendario.

"No antes del 2023 podremos tener revisada esa Directiva de información no financiera de las empresas en que invertimos, tener completados los procesos de Taxonomía y las normas de Nivel 2, en la parte no solo ambiental, sino en la social y de gobernanza", aclara.

A partir de ahí, Martínez-Aldama ve necesario "tener claro el proceso normativo que permita esta transición, para que los inversores se puedan beneficiar de modificar pautas de comportamiento de las empresas en las que invierten a través de sus ahorros".

En este proceso, son muchos los actores implicados, aunque el papel de la industria de inversión colectiva no es menor, recuerda el presidente de Inverco.

"Las gestoras de fondos de inversión y de fondos de pensiones son agentes intermediarios para trasladar los grandes principios de protección del medioambiente a las inversiones pequeñas, de manera que todos puedan contribuir con una aportación de sus ahorros a los objetivos de consecución del cambio climático", concluye.