Más voces de peso advirtiendo sobre el impacto que puede tener el cambio climático, tanto en las cuentas, como en la propia actividad de las entidades financieras.

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) y el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB, en sus siglas en inglés) han realizado sendos documentos en los que evalúan y ponen el acento en el golpe que puede conllevar el cambio climático para las entidades del sector.

Concluyen, por ejemplo, que el impacto medioambiental puede provocar una caída en la valoración de sus activos, aumentar la incertidumbre o, incluso, desestabilizar todo el sistema financiero. Pero, también, impactar en determinados sectores a los que influye la actividad financiera, según enumera el despacho Freshfields Bruckhaus Deringer, en un artículo sobre el análisis que realizan ambas instituciones financieras.

Puede provocar una caída en el valor de sus activos y aumentar la incertidumbre de todo el sistema financiero

La firma valora tanto la consulta sobre gestión y supervisión de riesgos ESG (Environmental, Social & Corporate Governance) realizado por la EBA, y que es aplicable a las entidades de crédito y de inversión; como el informe sobre las posibles consecuencias del cambio climático para la estabilidad del sector financiero, en su conjunto, realizado por el FSB.

Y, en su análisis, el despacho pone el foco, específicamente, en siete riesgos. El primero está vinculado a cómo los fenómenos meteorológicos extremos que provoca el cambio climático pueden producir daños materiales cuantiosos en las entidades, incluso interrumpir sus redes y su sistema de operaciones.

Los inversores se decantarán por productos de bajo riesgo

Por otro lado, alertan del impacto que la exposición de las entidades a sectores y áreas geográficas más vulnerables al cambio climático pueden impactar en el día a día del negocio, por ejemplo, a las garantías utilizadas en los préstamos y encarecer estos.

En tercer lugar, esos riesgos físicos que puede provocar el cambio climático pueden devaluar el valor de los activos. Algo que es especialmente claro en segmentos de la economía en proceso de transición, como las industrias intensivas en carbono o los negocios vinculados al petróleo o al gas.

Además, los inversores, previsiblemente, optarán por recolocar el capital en aquellas inversiones donde perciben menos riesgos, lo que también afectará a la evolución de los mercados de valores.

En el caso de los bancos, señala el despacho, puede impactar en los activos líquidos de alta calidad, lo que afectaría a sus reservas de liquidez y reduciría la resistencia del sistema financiero.

El impacto reputacional… y en resultados

Por último, indica tres riesgos más, en base al análisis realizado por las dos instituciones. Uno tiene que ver con la reputación de las entidades, a las que la opinión pública puede castigar si se ven afectadas en crisis medioambientales.

Los inversores, previsiblemente, optarán por recolocar el capital en aquellas inversiones donde perciben menos riesgos

Otro riesgo son sus costes operativos, en caso de que las administraciones públicas realicen cambios bruscos de legislación para mitigar el impacto medioambiental, lo que afectaría, de nuevo, a la rentabilidad de las entidades.

Y, por último, el riesgo de verse inmerso en litigios vinculados a cuestiones medioambientales, con el consiguiente impacto en resultados.

Por ello, tanto la EBA como el FSG ahondan en la necesidad y exigencia de evaluación por parte de las entidades, pero también de supervisión por las autoridades, para lo que es necesario el desarrollo de políticas macroprudenciales.

Hay que recordar que el Banco Central Europeo ya va en esa dirección. Hace unas semanas, la institución encabezada por Christine Lagarde publicó la versión final de la ‘Guía sobre riesgos relacionados con el clima y medioambientales’ dirigida a las entidades de crédito.

En ella, insta a realizar una gestión prudente de los riesgos medioambientales y a que los comuniquen con transparencia y con arreglo al marco prudencial vigente. Recuerda, también, que la próxima prueba de resistencia que el BCE llevará a cabo en 2022 se centrará en los riesgos relacionados con el clima y que a finales del próximo año identificará las lagunas que perciba en las entidades e instará a solucionarlas.