El Banco de España (BdE) reconoce la gran “incertidumbre” que genera la descarbonización de la industria española y cómo el proceso de transición energética tendrá un impacto desigual tanto entre sectores como en empresas de mayor y menor tamaño.

Así consta en el capítulo 4 de su informe anual, ‘La economía española ante el reto climático’, que el banco central hizo público este jueves.

El documento explica cómo pueden traducirse los riesgos ambientales al impacto económico. Por un lado, tiene en cuenta los riesgos físicos, aquellos derivados del propio cambio climático, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, las sequías o todos los eventos climáticos adversos. 

Por otra parte, el BdE también considera los riesgos de transición, aquellos que se derivan de tratar de mitigar los físicos, como pueden ser los cambios en patrones de consumo de los hogares a causa de la transición, y que podrían afectar a la demanda de algunos sectores económicos.

Transporte aéreo, marítimo, agricultura y pesca, los más afectados

“Existe una incertidumbre tremenda”, explicó el director general de economía y estadística, Ángel Gavilán, durante la presentación del informe.

Si bien España ha adoptado unos compromisos ambientales “muy ambiciosos”, como el Acuerdo de París con el objetivo a 2050 y el plan Fit for 55 de la Comisión Europea, los modelos desarrollados por el BdE permiten reconocer las asimetrías sectoriales a través de la huella de carbono que emiten.

El programa Fit for 55 de Bruselas contempla, entre otras iniciativas, que el precio de los derechos de carbono en el mercado europeo (ETS) suba, así como que muchos otros sectores que ahora no tienen la obligación de comprar compensaciones sean incluidos. Esto impactaría principalmente en sectores como el transporte marítimo o el transporte terrestre de calefacción para hogares.

También se unirían el transporte aéreo, la agricultura y ganadería, y la pesca y acuicultura, que serían los sectores que recogerían el mayor impacto negativo. Según los datos del BdE, podrían tener una tasa de variación del valor añadido negativa que llegaría a superar el5  por ciento en casos como el transporte.

Aún así, Ángel Gavilán reconoció que faltan “elementos clave” para cuantificar el impacto macroeconómico, aunque el modelo CATS, empleado en la elaboración del informe, “es útil para enfatizar la heterogeneidad sectorial”. “Hay que tener en cuenta que la transición podría perjudicar a algunos sectores”, dijo.

Por ejemplo, si en la transición energética subieran los precios de la energía -tal y como sucede en el contexto de los últimos meses- algunos sectores podrían verse más afectados que otros. 

Las pequeñas empresas, más rezagadas

El informe tiene en consideración también la Encuesta sobre la Actividad Empresarial (EBAE) realizada a finales del 2021, que reflejó que la mayoría de empresas aún no se habían sentado a valorar si la transición energética tiene un impacto negativo en ellas.

Muchas de las empresas que sí han valorado estas cuestiones tienen una opinión más negativa, percibiendo riesgos como la mayor información climática que van a tener que dar, que puede ser una carga burocrática. “Es importante, pero vamos a saber cómo pedir esa información”, dijo Ángel Gavilán.

Ahora, el Banco de España va un paso más allá y señala que las empresas de menor tamaño aún no han evaluado el impacto potencial sobre su actividad del cambio climático, y están “particularmente preocupadas” por si no son capaces de adaptarse.

Las preocupaciones se centran en aspectos como la pérdida de competitividad tanto internacional y nacional, en las dificultades de encontrar financiación y en que se produzca un aumento de los precios.

En cualquier caso, la transición es un proceso “global”, por lo que requiere una solución igualmente global, “en la medida de lo posible coordinada a nivel internacional”. “Aquí tenemos que implicarnos todos los agentes en política económica, el sector financiero y en particular los Bancos Centrales”, dijo Ángel Gavilán.