La Comisión Europea (CE) está trabajando intensamente en forzar a las empresas a que adopten compromisos de sostenibilidad y los hagan públicos, pero carecía de sus propios objetivos ESG. Hasta ahora.

Bruselas publicó esta semana una guía sobre cómo integrará estas siglas en sus propias actividades, entre las que se incluyen una hoja de ruta para alcanzar la huella neutral de carbono en 2030 o la reformulación de su política de recursos humanos, en pos de una Comisión más diversa.

La intención de la Comisión es “dar ejemplo” con sus compromisos climáticos, al mismo tiempo que considera que un organismo “más inclusivo y diverso” garantiza que su fuerza laboral “refleje la sociedad europea a la que sirve”, según explica en una nota de prensa.

Es la primera vez que Bruselas incorpora una meta de emisiones, pero lleva más de dos décadas implementando técnicas para cambiar su consumo energético. Desde 2001, la CE implementa un sistema de gestión y auditorías ambientales (EMAS, por sus siglas en inglés) para ello. 

Los objetivos climáticos

Los resultados son visibles ahora: entre 2005 -fecha de referencia de emisiones- y 2019, la energía usada en edificios comunitarios se ha reducido en un 65 por ciento; las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en un 86 por ciento; mientras que el papel de oficina y el uso de agua también se rebajaron en más de un 70 y un 50 por ciento, suponiendo un ahorro de 100 millones de euros a los contribuyentes europeos, según explica la nota.

“La ambición de dar un ejemplo y volverse climáticamente neutral para 2030 requiere un nivel de acción completamente nuevo”, argumenta Bruselas. Por ello, sus ambiciones ecológicas han cambiado.

Para alcanzar su objetivo de neutralidad en carbono, la Comisión debe rebajar los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos en un 60 por ciento desde 2005, además de compensar las emisiones restantes con la eliminación de carbono. Los planes se cimentan en cuatro líneas de actuación.

Por un lado, una nueva política en materia de inmuebles para frenar las emisiones en un 30 por ciento hasta finales de esta década, incluyendo medidas para reducir a la mitad el número de edificios gestionados y, con ello, reducir en una cuarta parte la superficie total de oficinas.

Esto se combinará con un modelo híbrido entre teletrabajo y presencial, además de implementar un cambio gradual hacia espacios de trabajo colaborativos. 

También incluirá un nuevo plan de movilidad, ya que los viajes de trabajo representaron el 28 por ciento de las emisiones totales generadas por la Comisión en 2019. A través de ‘misiones’ inteligentes y modos de viaje más ecológicos, el objetivo es reducir las emisiones a la mitad para 2024, revisando con ello las directrices internas de los modelos de viajes.

Por último, respecto a las infraestructuras y activos tecnológicos, que representaron el 5 por ciento de las emisiones hace tres años, el objetivo es una reducción del 30 por ciento para 2030 a través de la reducción gradual del número de centros de datos y la optimización o desmantelamiento de sistemas obsoletos para finales de este mismo año.

Asimismo, Bruselas quiere asegurar cierta “coherencia” con otros aspectos del Green Deal europeo, como la economía circular, la preservación de ecosistemas y la biodiversidad o la promoción de una alimentación sostenible.

Cambios en la política de RRHH

Bruselas argumenta que la necesidad de una nueva estrategia de recursos humanos responde a los “inmediatos y emergentes desafíos” actuales, como el rápido avance tecnológico o la transformación digital, pasando por las estructuras cambiantes del lugar de trabajo o la crisis climática.

La nueva estrategia se centra en tres prioridades: atractivo, contratación y carrera, y detalla que como organismo empleador su misión es atraer y retener a “los mejores talentos” de los Estados miembros. Algo que provocará cambios en los entornos de trabajo y que continuarán promoviendo desde Bruselas.

Entre algunos de los objetivos marcados, la Comisión quiere garantizar la plena igualdad de género en todos los niveles de gestión para 2024; revisará y actualizará las acciones en materia de diversidad y establecerá normas reforzadas contra el acoso laboral.

También incluye Bruselas la mejora de la accesibilidad de los entornos físicos y digitales, así como medidas para adaptarse al trabajo flexible a través de un mayor apoyo a empleados y gerentes tanto en oficina como en sus hogares.

En cuanto a la diversidad geográfica, pese a que la Comisión no aplica cuotas por nacionalidad, la intención es la de que ninguna de las naciones del país caigan por debajo de una tasa de representación del 80 por ciento, algo que ahora sí sucede, como reconoce Bruselas en su nota, y debe abordarse, ya que el “valor de la función pública europea radica en su rica diversidad cultural y lingüística”.