Los fondos de cobertura están aprovechando la creciente ola de oposición a las normas ESG europeas como una oportunidad para buscar exenciones de algunos requisitos de información ambiental, social y de gobernanza.

La cuestión es si los gestores de inversiones alternativas deberían divulgar datos ESG sobre los activos en los que invierten en nombre de sus clientes, de conformidad con la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa de la Unión Europea (UE). La CSRD, que está diseñada para aplicarse a todos los sectores, es actualmente objeto de un intenso debate, ya que Alemania y Francia tratan de limitar su alcance.