Al Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos se le atraganta la ley de la vivienda. El anteproyecto debería haber llegado al Consejo de Ministros en febrero de este año y no fue así. El nuevo plazo se había establecido para antes de julio, pero la oposición está convencida de que seguirá retrasándose.

Las negociaciones de los socios de gobierno para dar luz verde a la nueva ley de vivienda están en punto muerto debido a sus discrepancias sobre la regulación del precio del alquiler.

Desde Unidas Podemos (UP) piden topar las rentas para frenar su subida, como acordaron ambos partidos en su programa de gobierno, pero el PSOE se ha desmarcado de este compromiso y en vez de intervenir los alquileres apuesta por otorgar incentivos ficales en el IRPF a los propietarios de viviendas vacías que decidan ponerlas en alquiler a un precio asequible. 

Un «ataque» a la propiedad privada

Estas posiciones encontradas han llevado UP a amenazar al PSOE con tumbar la ley y acabar con la estabilidad parlamentaria si no recoge la intervención de los alquileres, que considera una medida irrenunciable e innegociable. Hay que tener en cuenta que este fue uno de los compromisos de Pablo Iglesias con sus votantes en las últimas elecciones generales y que el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos (PSOE), se niega ahora a asumir: considera que puede generar inseguridad jurídica. 

 Unidas Podemos cuenta en su demanda con el apoyo de ERC y otros partidos de izquierda. También de los nacionalistas. Mientras, la oposición está de acuerdo con el PSOE en que topar los alquileres no es una buena medida y no debe recogerla la nueva ley. 

Este es el caso del Partido Popular. Según ha manifestado a INVERSIÓN Ana Zurita, diputada y portavoz de vivienda del Grupo Parlamentario Popular, «esta medida intervencionista supondría un ataque directo a la propiedad privada». 

El PSOE se niega a intervenir el precio del alquiler porque cree que puede generar inseguridad jurídica

A su juicio, la nueva ley tendría que contener medidas que garanticen la seguridad jurídica, el incremento de la oferta de viviendas en alquiler, la protección a los agentes intervinientes en la vivienda, un marco estable y concreto de los límites de las competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central y principios fundamentales como el marco regulatorio del derecho de propiedad o evitar la dicotomía entre el derecho a la propiedad y el derecho a la vivienda. 

También cree que la nueva ley debe establecer las bases de ordenación de créditos e indicadores para fijar la obligatoriedad de disponer de suelo para vivienda protegida, además de mecanismos de colaboración público-privada sobre la vivienda. 

Considera que la polémica sobre los alquileres «está desviando el foco de las bases que tendrían que sustentar la primera ley de vivienda de carácter estatal de la democracia» y que las medidas que está planteando el Gobierno son «bastante precarias y les falta altura de miras».  

En su opinión, la nueva ley debería acabar con «las situaciones incontroladas de inseguridad jurídica como las que estamos viendo». Por ello, le parece «cutre y obsoleto limitarse a debatir el control del alquiler o los incentivos ficales. La ley de vivienda debe ser seria y abarcar principios generales de contenido estatal». 

Medida «inconstitucional» 

También en Ciudadanos están en desacuerdo con la propuesta de Unidas Podemos. Según Juan Ignacio López-Bas, diputado de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, «esa propuesta solo conseguirá reducir la oferta de viviendas en alquiler». 

Cree que no ha funcionado en otros países, por lo que «se necesitan alternativas en positivo», como impulsar la colaboración público-privada en materia de vivienda o proyectos como el Programa de Vivienda Vacía Bizigune, implantado en el País Vasco, cuyo objetivo es captar pisos desocupados para su puesta en el mercado da través del alquiler protegido.

Su fin es dar un uso social a las viviendas deshabitadas, facilitando el acceso a una vivienda digna a precios asequibles.

«Con este tipo de iniciativas, el propietario se vería incentivado fiscalmente y protegido con un sistema de seguros de alquiler para afrontar los futuros desperfectos que se produzcan cuando finalice el contrato o en el caso de que se produzcan impagos», señala López-Bas. 

Para incentivar este tipo de medidas no considera «imprescindible» que se apruebe la ley de vivienda: «Se pueden tramitar reformas parciales con las que se implanten mejoras en el mercado de la vivienda. Si nosotros estamos de acuerdos con las medidas planteadas por el Gobierno, le daremos nuestro apoyo».  

Propuesta «cortoplacista y demagógica» 

Para Vox, regular el precio del alquiler «es un grave error y atenta contra el derecho de la propiedad privada», afirma la diputada Cristina Esteban Calonje. En su opinión, las medidas que, por ahora, propone el Gobierno de coalición sobre la ley de vivienda «son demagógicas y cortoplacistas y lo único que hacen es fagocitar el mercado».  

Argumenta que la limitación del precio de las rentas ya se ha implantado en Nueva York, San Francisco y, más recientemente, en Berlín y Cataluña y «no solo no ha funcionado, sino que ha sido un desastre y ha sacado del mercado viviendas en alquiler». 

Cree que limitar los precios va en contra del mercado cuando en España faltan dos millones de viviendas de alquiler social para situarse en la media de Europa. «Apoyar esta medida es no tener ni idea de cómo funciona el mercado y deriva en los propietarios una obligación que debe asumir el Estado», señala. 

Cristina Esteban defiende que la nueva ley de vivienda debería incentivar que los propietarios de casas vacías las saquen al mercado del alquiler con seguridad jurídica y beneficios fiscales. Además, de aumentar la construcción de viviendas de alquiler social a través de la colaboración público-privada. 

Otras propuestas que según la diputada de Vox debería integrar la nueva ley son: agilizar los trámites de licencia de obra, promover la rehabilitación del parque inmobiliario, aumentar el parque de viviendas de protección oficial, impulsar la liberalización del suelo; proteger al arrendatario y al arrendador; otorgar mayor estabilidad regulatoria y defender la propiedad privada de ataques como la ocupación. 

Callada por respuesta

Ante las críticas de la oposición a algunas de las medidas que integrarán la nueva ley que el Gobierno de coalición está negociando, ni el PSOE ni Unidas Podemos han querido pronunciarse.

Fuentes del PSOE contestan a INVERSIÓN que «la ley de vivienda está en plena negociación y hasta que no finalice la misma y conozcamos todo su contenido no tiene sentido pronunciarse». Por su parte, desde Unidas Podemos han dado la callada por respuesta a este semanario. 

Polémica ruptura 

Respecto a si la negativa del PSOE a admitir una intervención de los alquileres puede hacer que el partido morado vote en contra de la ley de vivienda e, incluso, generar una ruptura del Gobierno de coalición PSOE-UP, la oposición tiene opiniones encontradas.  

Ana Zurita considera que «sí es posible» y recuerda lo que sucedió en 2019 cuando Unidas Podemos votó en contra del decreto ley de vivienda y alquileres presentado por el Gobierno socialista porque no contemplaba que los ayuntamientos pudieran controlar el precio de las rentas en las zonas tensionadas de las ciudades. «Esto puede repetirse», asegura Zurita.

Sin embargo, Juan Ignacio López-Bas ve esta escisión poco probable. «UP ha lanzado más de un órdago de este tipo al PSOE y al final, con una pequeña cesión formal y de cara a la galería, el PSOE ha salvado los muebles y Unidas Podemos ha reculado en sus peticiones recordando que no es lo mismo estar en el Gobierno que en la oposición». 

Por ello el diputado de Ciudadanos no cree que el enfrentamiento entre ambos socios de Gobierno por el tope de los alquileres ponga en peligro la coalición. «Creo que es una nueva fanfarronada por parte de Unidas Podemos para presionar a su socio de Gobierno».  

También Cristina Esteban es tajante sobre el tema y dice que «Unidas Podemos no ha venido a asaltar los cielos, sino los sillones, y con tal de no bajarse del sillón no ejecutará su órdago».