Si hay algo que ha tenido claro este Gobierno desde el primer día de legislatura es que no hace prisioneros en materia de fiscalidad. Su obsesión ha sido subir impuestos, aunque el plan previsto se torció por la pandemia. Hubo un momento, incluso, que Sánchez estaba dispuesto a seguir adelante. Pero los efectos del coronavirus fueron tan devastadores que era ridículo poner en marcha una reforma fiscal, a pesar de que ganas no faltaban. Ahora tiene vía libre y se espera que, tras los trabajos del comité de expertos, en los primeros meses de 2022 vea la luz la nueva fiscalidad que se aplicará en 2023.

Lo hará después de que se hayan revisado «todas las deducciones y bonificaciones fiscales e incentivos», según las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Y todo apunta a que esa revisión será drásticamente a la baja, que los incentivos fiscales se convertirán en un bien en vías de extinción en este país.