Con la adopción de un tenue recorte presupuestario, el Gobierno socialista de Felipe González admitía en mayo de 1989 que contaba con otras armas, además de la política monetaria, para luchar contra la inflación. 

Los algo más de 100.000 millones de las antiguas pesetas de recorte presupuestario que anunció Hacienda apenas iban a paliar las fuertes tensiones inflacionistas que sufría la economía española. Pero esta medida, calificada de «tímida» en su momento, suponía un importante giro en la política económica del Gobierno.

La Administración socialista reconocía, por fin, tras años de desequilibrios entre la política monetaria y la presupuestaria, que la política fiscal existía y que se podía utilizar en la lucha contra la inflación.

Hasta ese momento, Carlos Solchaga y Josep Borrell sostenían que nada se podía hacer en materia fiscal y presupuestaria para controlar el crecimiento de los precios.

Y es que el escenario se presentaba complicado en España para luchar contra la subida del IPC. A unas tendencias inflacionistas muy fuertes (la inflación subyacente se situaba en el 7,3 por ciento), se unía un panorama de tipos de interés altos, la dificultad de actuar en políticas de rentas, la importación de inflación de los países del entorno y, para colmo, la subida del precio del dólar y, por tanto, de las importaciones energéticas.

En las páginas de Inversión, el economista Emilio Ontiveros explicaba que «a la gente hoy ya no le extrañaría que se tomaran otras medidas de carácter fiscal, como un aumento de las retenciones del IRPF o mayores recortes presupuestarios». También advertía de que las empresas empezaban a trasladar a precios el incremento de sus costes financieros.