Argelia, Marruecos y Túnez entraban en los primeros meses de 1991 en serios procesos desestabilizadores de la mano del fundamentalismo islámico. Esto provocó una gran inquietud en la Unión Europea, que llevó a España e Italia a proponer una Conferencia de Seguridad y Cooperación en el Mediterráneo para aprobar una lluvia de millones contra el radicalismo islámico.

Para España, su objetivo inmediato era apuntalar en el poder a rey Hassan II de Marruecos (padre del actual Mohamed VI) que cada día que pasaba estaba más desbordado por los acontecimientos.

Un aspecto especialmente preocupante de la situación del reino alauí era que la propia oposición tradicional también se veía progresivamente desplazada de cualquier protagonismo por las, hasta ese momento, perseguidas organizaciones fundamentalistas islámicas que emergieron por doquier en torno a las mezquitas, con una fuerza y disciplina que nadie sospechaba.

A partir del informe elaborado por una misión española que recorrió durante esos días el Magreb, la única solución que se manejaba era inyectar a Marruecos una dosis de crecimiento económico que ayudara a paliar el crónico desempleo que afectaba a la gran mayoría de la población joven, que era el auténtico caldo de cultivo en el que florecía el fundamentalismo radical.

Con estas ayudas, Hassan II podía respaldar sus afirmaciones de que permanecer en la órbita occidental sería lo mejor para el interés de su pueblo y no sólo para el de una élite privilegiada.

Casi 30 años después las autoridades europeas vuelven a mirar con inquietud el norte de África, aunque en esta ocasión ha sido Pedro Sánchez el que ha agitado el avispero.