No es fácil ser inversor en el sector inmobiliario en estos momentos. Es verdad que, a diferencia de otras crisis, ésta se ha visto venir. A nadie le pilla por sorpresa el inminente parón de este mercado, porque todos los pasos que conducen a ello se ha contado en tiempo real.

Los inversores han dispuesto del tiempo suficiente para reaccionar y reorganizar sus carteras a la espera de que las caídas de precios anunciadas no se prolonguen demasiado tiempo. Y los que estaban fuera del mercado también han contado con margen para diseñar la mejor estrategia de futuro. Esta vez, por tanto, no hay excusas.

La cuestión que hay que vigilar es si se cumplen las previsiones que los principales organismos, con el BCE a la cabeza, han hecho para los próximos meses sobre la evolución del mercado inmobiliario en la zona euro y detectar las oportunidades que este nuevo escenario puede dejar.

El problema en España es que el inversor se enfrenta a más incertidumbres, como la inminente aprobación de la ley de vivienda. Salió del Consejo de Ministros en febrero y desde entonces no se han visto avances en su tramitación.

La parte socialista del Gobierno no tenía claro muchos aspectos intervencionistas que recoge esta ley y que afectan a la seguridad jurídica de los propietarios y prefirió aparcarla.

Pero con la negociación de los presupuestos generales, todo lo que estaba oculto sale a la superficie. Y el margen para eliminar los puntos no deseados de ley es escaso ante la presión por aprobar las cuentas.