El balance político, económico y social del primer año de la pandemia en España es desolador. Esto se puede afirmar sin paliativos. El país figura entre las 15 naciones que mayor mortalidad han experimentado por la enfermedad, pese a contar con uno de los sistemas sanitarios que se reputaba entre los mejores del mundo.

España, también, es el país desarrollado que sufrirá el mayor daño económico, con una caída prevista del PIB del 12,8 por ciento frente a una media del -5,8 por ciento en las economías avanzadas y un crecimiento del 2,3 por ciento en China.

Por último, desde el punto de vista político, el país ha sufrido un importante deterioro institucional, siendo gobernado a golpe de decreto ley en una situación de excepcionalidad constitucional tan prolongada que ha devenido en habitual. El punto más crítico de esta erosión lo constituye la salida del país del exrey Juan Carlos y el repudio a su herencia por Felipe VI.

El exceso de muertes en 2020 se sitúa en 70.703 fallecidos, según el Sistema de Monitorización de la Mortalidad (MoMo) del Centro Nacional de Epidemiología. El Gobierno admite oficialmente 53.769 muertes por Covid. La diferencia indirectamente también tiene que ver con el coronavirus: se debe a casos no confirmados de Covid y a una mayor mortalidad de otras enfermedades provocada por la saturación de los servicios sanitarios.

Con la cifra oficial, la tasa de mortalidad es de 1.150 muertes por millón de habitantes y convierte a España en el 15º país con más fallecidos. Si se aplica sobre el exceso de decesos que detecta MoMo, la tasa sería de 1.511 muertes por millón y España sería el cuarto país del planeta con más muertes.

Dos oleadas mortales

Los resultados de MoMo indican que se han producido dos periodos de exceso de mortalidad: el comprendido entre el 10 de marzo y el 9 de mayo, coincidiendo con la entrada de la pandemia a España, y entre el 20 de julio y el 20 de diciembre, cuando tuvo lugar la segunda ola.

En el primer periodo, hubo un exceso de 44.599 fallecimientos, con un incremento del 66.9 por ciento, que fue superior en mujerews (72 por ciento) que en hombres (67 por ciento) y se concentró en los mayores de 74 años (78 por ciento), seguido del grupo de edad de 65 a 74 años (58 por ciento).

En cuanto al segundo periodo, la diferencia fue de 26.104 muertes, con un incremento del 16.6 por ciento. En este caso, también fue superior en mujeres (21 por ciento) que en hombres (19 por ciento) e igualmente se concentró en los mayores de 74 años (19 por ciento).

Una población envejecida como la española ha sido un factor desequilibrante. La tasa de envejecimiento en 2020 ha registrado un máximo histórico del 125,7 por ciento, lo que significa que hay 125,7 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16 años, según la Fundación Adecco. Pero también lo es que el virus entrara rápidamente en las residencias de mayores, como ocurrió en Bélgica, país que ocupa el primer puesto en mortalidad con una tasa de 1.759 fallecidos por millón.

La cuestión es si es razonable seguir protegiendo empresas que ya no volverán a abrir

Pero, además, no hablamos de óbitos normales. No hubo despedidas ni ceremonias funerarias. Las medidas sanitarias destruyeron los ritos del luto. Y eso tiene un coste psicológico y moral.

Hay que decir que la devastación económica ha sido importante. Tras una caída del crecimiento del 5,3 por ciento y del 17,9 por ciento en el primer y segundo trimestre, la economía rebotó en el tercero un 16,4 por ciento, pero la situación se volvió a torcer al final del año. Funcas espera que el PIB caiga un 3 por ciento en el cuarto trimestre y el ministro José Luis Escrivá vaticinó un crecimiento del 2,4 por ciento. El rebrote de enero auguraba otros seis meses malos para la economía, según reconocían fuentes del Gobierno.

Los datos son demoledores. A lo largo de 2020, la creación de empresas ha descendido un 19,3 por ciento; la cifra de negocios de la industria baja un 13,5 por ciento; la actividad del sector servicios retrocede un 16,9 por ciento; el comercio minorista disminuye un 7,6 por ciento; el número de viajeros baja un 66,8 por ciento, con una caída del 72,2 por ciento de las pernoctaciones.

El número de hipotecas es un 7,6 por ciento más bajo. La inversión extranjera ha descendido un 11,4 por ciento. El Índice de Producción Industrial se desploma un 10,9 por ciento. Un total de 697.500 personas han perdido su empleo y hay 508.500 parados más. El paro juvenil ha aumentado un 37,7 por ciento. El déficit se ha desbocado y cabalga locamente hacia una cifra de dos dígitos (13 ó 14 por ciento). La deuda pública ronda ya el 120 por ciento del PIB.

Golpe al modelo productivo

La pandemia impactó de lleno en modelo económico español, levantado con esfuerzo en torno al turismo desde la década de 1960 hasta situarnos como la segunda potencia mundial en el rubro. Las medidas de distanciamiento social descoyuntaron completamente el negocio de los bares y restaurantes.

La hostelería y todos los servicios turísticos que existen alrededor fueron volatilizados. El ocio desapareció. Los meses del confinamiento, las aerolíneas perdieron casi el 90 por ciento de su actividad. Los aviones quedaron varados en los aeropuertos, acumulando tierra en las alas.

La primera reacción del gobierno fue acertada. Los ERTE eran el instrumento adecuado para preservar lo más importante en ese momento que eran las relaciones laborales. Los créditos del ICO y la banca privada facilitaron liquidez a las empresas. Sin embargo, cuando la crisis se ha extendido por casi un año y amenaza con durar otro año más, hay quienes se preguntan si es razonable seguir protegiendo empresas que ya no volverán a abrir.

 La pandemia ha servido de excusa para disimular un deterioro institucional importante

Y la fuerte descapitalización (la Asociación de Mercados Financieros de Europa calcula que se necesitan 155.000 millones para recapitalizar las empresas españolas) asoma en los balances de las empresas que han estado sin actividad. Todo ello con cargo al contribuyente.

El gobierno de Pedro Sánchez contó desde el principio con el respaldo del Banco Central Europeo (BCE) y desde julio de 2020 con la creación del Fondo de Recuperación y Resiliencia que puso 140.000 millones a disposición de España. Esto alumbró nuevas ambiciones en el Ejecutivo: la posibilidad de emplear estos fondos que Europa exige que se usen para digitalizar y hacer más sostenible la economía europea para sustituir la actual élite empresarial por otra criada a sus pechos.

El deterioro institucional

Esta nueva élite, que combinará a los gestores actuales con mayor capacidad de adaptación y a la que se incorporarán los dirigentes de Podemos, sustituirá a la del «régimen de 1978», tan criticado por Pablo Iglesias. Para Sánchez, después del mazazo que supuso la irrupción de la pandemia que canceló todos sus planes de «gobierno bonito» y lo mantuvo desarbolado desde marzo hasta agosto, esto sí parece un proyecto a la medida de su estatura, que, además, se lo financiará Europa. La mitad es «a fondo perdido» como suele decir su vicepresidente. Por esta razón se ha empeñado en mantener el control de los proyectos y ayudas.

La pandemia ha servido de excusa para inducir y disimular un deterioro institucional importante.

Los signos más evidentes son la crisis de la monarquía (el rey repudió la herencia de su padre y le retiró su asignación económica al día siguiente de declararse el estado de alarma el 14 de marzo de 2020), el recurso al estado de alarma como sistema permanente de gobierno (seis prórrogas del original más uno nuevo de seis meses de duración), la utilización del decreto ley (37 dictados en 2020 y 78 desde que Sánchez llegó al poder en junio de 2018) como método legislativo, la pérdida de protagonismo del Parlamento, el enfrentamiento en torno al Poder Judicial, la resistencia del Gobierno a ajustarse a los estándares de transparencia y buen gobierno…

La aprobación de los presupuestos es quizá el gran hito político oficial en 2020. Permitió subsanar la profunda irregularidad que ha supuesto que la ley aprobada en 2018 estuviera vigente durante tres ejercicios. La prórroga indefinida de la Ley de Presupuestos, sin causas tasadas y sin mayores explicaciones, es otra muestra de los déficits democráticos e institucionales de España que parecen no importar a nadie.

El proceso de aprobación presupuestaria le permitió a Pablo Iglesias ensanchar su influencia sobre Sánchez y actuar en la práctica como «primer ministro» del presidente del Gobierno, tejiendo una serie de alianzas a las que se ocupó de atraer desde el PNV hasta Bildu y ERC.

La pandemia, sin embargo, ha permitido racionalizar viejas urgencias. Ha sido el virus y no la política de gestos de Sánchez el que ha desinflamado la cuestión catalana, una vez que las preocupaciones mundanas por la supervivencia sustituyen a las aspiraciones postmaterialistas. 

En este panorama desolador, la gran noticia positiva ha sido el desarrollo de varias vacunas, especialmente de aquellas basadas en la tecnología del mARN (ARN mensajero). El adelanto de cantidades nunca vistas para un proyecto de este tipo, la agilidad con que el establishment científico fue capaz de asociarse con elementos punteros de su industria, tejiendo alianzas que de otro modo no se habrían producido en una coyuntura normal, han vuelto a demostrar que, con los incentivos adecuados, la competencia justa entre los humanos sigue proporcionando los mejores frutos.