Si la sostenibilidad de las pensiones se aseguraba con una subida de las cotizaciones sociales, ¿para qué han servido tantos años de debates en el Pacto de Toledo? Si tan sencillo era garantizar su futuro, ¿para qué tantas reformas y mesas de negociaciones? Es más, si el ministro Escrivá ya tenía una sencilla solución para un complejo problema, ¿por qué dijo en julio que los baby boomers tendrían que elegir entre un ajuste en la pensión o atrasar la jubilación?

Pero no solo ha sido Escrivá. Ningún político en los últimos veinte años ha dicho en este país la verdad sobre las pensiones. Ninguno ha querido asumir el coste electoral que eso suponía. Ha sido el acceso a los fondos europeos lo que ha cambiado todo. Bruselas exige, a cambio de ese dinero, una ampliación en el periodo de cálculo del importe de la pensión, lo que implica recortes en las prestaciones cercanos al 9 por ciento. Los miles de millones de euros con los que sueña Pedro Sánchez para dar la vuelta a las encuestas bien merecen el sacrificio de los pensionistas. Escrivá ha lanzado el señuelo del mecanismo de equidad intergeneracional, pero eso tiene poco recorrido. No hay marcha atrás con los recortes. Y Yolanda Díaz se tragará ese sapo.