En septiembre, Pedro Sánchez anunció que esperaba que en diciembre se empezara a vacunar a los españoles. Ese mismo mes dijo que confiaba en que a finales de 2020 tuviéramos «no una vacuna, sino dos». A partir de ahí, no dejó de hablar de la vacuna en cada comparecencia. A finales de octubre, un analista comentaba: «Sánchez insiste en hablar de una vacuna que no existe».

Pero, el 9 de noviembre, Pfizer y Biontech anunciaron que ya tenían la vacuna, con una eficacia del 90 por ciento (posteriormente lo subirían al 95 por ciento). El 8 de diciembre, el Reino Unido empezó la vacunación masiva y el 14 de diciembre lo hicieron EEUU y Canadá.

Es cierto, Sánchez hablaba de una vacuna que no existía pero, con esa insistencia en sus comparecencias, consiguió vincularse a la solución de la pandemia y al proceso de recuperación que se extenderá a lo largo de 2021.  

El comienzo del proceso de vacunación ha sido vertiginoso. Cuando el Reino Unido empezó a vacunar con Pfizer, Rusia y China recordaron que ellos ya lo estaban haciendo con sus propios productos. Tras la decisión de EEUU y Canadá, la Agencia Europea del Medicamento, presionada por Alemania, decidió adelantar al 21 de diciembre su reunión para dar luz verde a la vacuna que tenía prevista para el 29 de diciembre.

Aprovechándose de esto, algunas comunidades autónomas españolas anunciaron que empezarían a vacunar antes de fin de año. Varios países iberoamericanos dijeron que seguirán la decisión de EEUU.  

Alerta por vacunas falsas

Con el inicio de la vacunación se está reproduciendo el escenario que se registró en marzo, cuando se declaró la pandemia. Cada país hace la guerra por su cuenta. Europa está mucho más coordinada, pero el Reino Unido ha ido solo aprovechando que se halla en estado de Brexit.

Donald Trump ha ordenado que las vacunas no se exporten hasta que su población de riesgo esté cubierta. Una situación parecida a la que se dio con los respiradores —¿recuerdan aquellos equipos de la Comunidad de Madrid detenidos en Turquía?— se está registrando con las vacunas y los contratos firmados.

El signo más inquietante es que Interpol lanzó el 2 de diciembre desde París una de sus alertas naranjas en relación con la falsificación, robo y publicidad ilegal de vacunas del Covid-19 y de la gripe estacional. «La alerta naranja es para advertir de un evento, una persona, un objeto o un proceso que representa una amenaza grave e inminente para la seguridad pública», explica una nota de la organización que agrupa a las policías de 194 países. 

La carrera por la vacunación se produce en un momento en que la pandemia registra un rebrote de contagios en varios países. Alemania y Holanda se veían obligados a adoptar medidas restrictivas del comercio, la restauración y la educación en plenas fiestas. Hasta en la ejemplar Corea del Sur veía un repunte de los contagios. 

Optimismo oficial

Esta nueva oleada de restricciones tendrá un impacto económico que aún no ha sido calculado, pero que contrasta con el optimismo que el inicio de la vacunación despertó entre algunos miembros del equipo económico del Gobierno de Sánchez. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, auguraba una recuperación «muy fuerte» en 2021. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la calificaba de «intensa». «Las tasas de ahorro son muy altas, muchas empresas han conseguido aguantar, hibernar gracias a los ERTE», sostiene Escrivá.

Al coro optimista se sumó la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, para quien los avances de la vacuna «refuerzan la previsión que contemplan los presupuestos» tanto de crecimiento económico como de ingresos tributarios. El Gobierno estima que España crecerá casi un 10 por ciento con el impulso de los planes europeos. 

El Banco de España, uno de los organismos que, junto con la Airef, ha cuestionado estas cifras, sigue apuntando más abajo: en su escenario más favorable, cifra el rebote de la economía en 2021 en un 8,6 por ciento, más de un punto por debajo de la previsión del Ejecutivo.

Los analistas independientes tampoco son optimistas. Goldman Sachs advertía esta semana a sus clientes de que el Ejecutivo español «ha ligado su destino al apoyo de los partidos regionales» y consideraba problemático que un elemento estructural, como la ejecución de los fondos europeos, dependiera de los nacionalistas. 

Otros analistas estiman que España no solo será el país desarrollado más afectado por la pandemia en 2020, sino que corre el riesgo de quedarse descolgado del rebote que la mayoría de las economías avanzadas, empezando por los Estados Unidos, experimentarán en 2021 una vez que el proceso de vacunación coja velocidad de crucero. 

Fricciones con Podemos

En este contexto de optimismo y una vez superado el grueso del proceso de aprobación de los presupuestos, Podemos, el socio de gobierno del PSOE, ha ampliado los puntos de fricción de una manera inesperada.

Ya no solo son motivo de discordia la situación del rey emérito, su regularización fiscal y su eventual retorno a España, sino que al catálogo de discrepancias se han sumado la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación del número de años para el cálculo de la pensión, la regulación del precio de los alquileres y las medidas para evitar los cortes de luz, gas y agua a las personas vulnerables. 

En este último asunto, Podemos entró en confrontación directa con la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, responsable de Transición Ecológica, una de las ministras predilectas de Sánchez y a cuyo cónyuge, Mariano Bacigalupo, integrante de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) se le atribuían buenas relaciones con el partido de Iglesias.

Las actitudes de los ciudadanos hacia la vacuna se han polarizado en función de su ideología política

Los miembros socialistas del Gobierno dicen estar muy molestos con la conducta de Podemos —la ministra Montero les recordó hace nada a sus colegas la obligación de respetar el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros—, pero lo cierto es que el presidente del Gobierno aprovecha estas tensiones para satisfacer sus objetivos políticos.

Es el caso de la polémica sobre el retorno del exrey. Mientras Podemos tensa la cuerda, dando la nota alta con acciones de propaganda como el vídeo que asimilaba la monarquía con la serie Narcos de Netflix, el PSOE presume de ser el defensor de la institucionalidad e incluso se alinea con el Partido Popular y Vox para rechazar que el Poder Legislativo fiscalizara al exrey y a la Casa del Rey.

«Tenemos todo el interés en preservarla como parte de la arquitectura constitucional», dijo el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, refiriéndose a la Corona, como si fuera un adorno. Pero esto no significa que deseen conservarla bajo la forma actual. La ley del rey y el sometimiento de la jefatura del Estado a algún tipo de control parlamentario ya está sobre la mesa.

La vacuna y la política

A medida que la vacuna se va convirtiendo en una realidad tangible, aquellos que estaban dispuestos a aplicársela a ciegas empiezan a matizar su posición. Una encuesta de Ipsos para el Foro Económico Mundial aplicada a 18.000 adultos en 15 países en octubre y donde el 55 por ciento de los consultados creía que la vacuna no estaría disponible antes del tercer trimestre de 2021 ha mostrado que el porcentaje de personas «dispuesto a vacunarse en cuanto sea posible» ha caído en octubre cuatro puntos porcentuales con relación a agosto de este año. Esto es, del 77 al 73 por ciento.

Lo curioso de la encuesta de Ipsos es que España es, junto con Francia, el país donde el porcentaje de personas dispuestas a vacunarse en los primeros tres meses es el menor de todos: 38 por ciento.

Esta cifra contrasta con el 53 por ciento de Italia, el 57 por ciento de Australia y el 71 por ciento de México. Los reparos que se esgrimen más frecuentemente son el temor a los efectos secundarios (34 por ciento), que los ensayos han sido muy rápidos y no ofrecen garantías (33 por ciento) y las dudas sobre la efectividad (10 por ciento) de la vacuna. Un 10 por ciento en promedio está en contra de las vacunas en general.

En España, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha encontrado que el rechazo a inocularse ha ido aumentando: pasó del 40,3 por ciento en septiembre, al 43,8 por ciento en octubre y al 47 por ciento en noviembre.

Se ha sugerido que podría existir un factor político en la predisposición a vacunarse. En el caso español, tres investigadores universitarios —Jaime Coulbois Bernardo, Claudia Mayordomo y José Miguel Rojo Martínez— han planteado con datos del Barómetro del CIS que las reticencias hacia la vacuna son mayores entre los votantes de derecha y esa resistencia ha ido creciendo.

Esta conclusión la han obtenido analizado los microdatos de los sondeos, que son los que permiten hacer los cruces con el recuerdo de voto. Lo que de ahí surge es que los votantes de Vox son los más reacios a vacunarse, seguidos de los de Ciudadanos y los del PP. Los votantes del PP y PSOE, que tenían una actitud muy parecida en septiembre, empezaron a desacoplarse en octubre porque los reacios en el PP se incrementaron.

Los datos también indican que, en tan solo un mes, las actitudes de los ciudadanos hacia la vacuna se polarizaron ideológicamente. 

Esto supone un obstáculo para una campaña de vacunación efectiva que necesita llegar al 60 o 70 por ciento de la población.