Ante el Covid-19, la apuesta fiscal ha sido clara: más gasto. De forma desigual entre países pero una pauta generalizada de los gobiernos, que han hecho un esfuerzo extra (siguen en ello) para paliar los efectos del coronavirus en el empleo y la actividad productiva.

Esto, obviamente, tiene un coste y lo vamos a notar más pronto que tarde. La deuda está aumentando a todo trapo, como ya lo hizo en la crisis financiera. Dos buenos tirones de gasto en menos de 15 años van a dejar las arcas públicas muy tocadas.

En todo caso, parece que no hay otra. Dejar caer a más empresas o que se desmorone el mercado de trabajo tendría un coste de largo plazo aún mayor. Lo que sí que puede hacerse -y, en ocasiones, se echa de menos- es una gestión eficiente. Existe un riesgo moral no despreciable de gastar por gastar pensando que todo euro que se ponga sobre la mesa será productivo.

Varias señales invitan a la preocupación. La primera, que el contexto económico va a seguir precisando de apoyo fiscal. La recuperación está retrasándose en países como España, con unos primeros meses del año menos dinámicos de los esperado.

La vacunación sigue un curso más lento que en otras latitudes. Aunque se mantiene la expectativa de que pueda acelerar, la sensación sigue siendo de desasosiego.

Está en juego el verano, con sus implicaciones para la campaña turística y la supervivencia de un gran número de sectores que están siendo vapuleados por las medidas restrictivas que tratan de preservar la salud pública.

Sin embargo, sí se observa que en otros países (como los Estados Unidos o el Reino Unido) con ritmos de vacunación más vigorosos, las expectativas comienzan a ser más positivas.

Serán los primeros (tras China y otros países asiáticos) en subirse al tren de la recuperación. El gasto fiscal que hay previsto en esos territorios tendrá un efecto más positivo porque serán fondos que abonarán tierra fértil.

Trabas burocráticas

En la Europa continental, sin embargo, las trabas burocráticas están siendo una desdicha. Por un lado, porque la gestión de las compras de vacunas y de su distribución ha sido decepcionante.

Por otro lado, porque siguen produciéndose tiras y aflojas sobre la aportación de los fondos de recuperación y, aunque al final lleguen, lo harán con retraso y por entregas. Es previsible que se abra una discusión sobre su aplicación -y hasta sobre sus condiciones- a mitad de camino.

El riesgo moral en los fondos europeos

No puede olvidarse tampoco que el riesgo moral se acrecienta cuando se pierde el foco sobre para qué llega esa financiación de la UE. Es muy de agradecer que se alcanzara un acuerdo de tal magnitud. Pero pueden aparecer serios problemas si no se aplica esa financiación en la dirección de reformas y si éstas se condicionan (o identifican) con los propios fondos.

Lo que llega de Europa es un apoyo para cambiar, no una ayuda para tapar agujeros. Sigue existiendo la responsabilidad propia de transformación de la economía y no debe olvidarse.

Con estos mimbres, lo que parecía que iba a ser un año de grandes progresos se va a quedar en uno de recuperación a medias. La mayor parte de los analistas está recortando sus previsiones y se apunta a un crecimiento de PIB por debajo del 6 por ciento en España en 2021.

Entre tanto, la deuda pública ya ha escalado por encima del 120 por ciento del PIB. Esto implica que habría que tener dos o tres de décadas de crecimiento y mucha contención en el gasto (por no usar el temido término «austeridad») para corregir el desfase acumulado.

Subida de impuestos

La traducción de un crecimiento retardado y asimétrico y una deuda pública al alza es que la presión fiscal tendrá que aumentar más pronto que tarde. Esto puede complicar también la recuperación en los próximos años. No hay mejor forma de reducir la deuda que crecer pero las subidas de impuestos parecen casi inevitables.

En cualquier caso, si no hay más sobresaltos, la segunda mitad de 2021 debe traer mejora de expectativas y un crecimiento económico significativo. No obstante, la recuperación va a coincidir con varias situaciones algo incómodas.

Entre otras, es posible que se cierre buena parte del paraguas social (prestaciones, ERTE) que se abrió ante la pandemia. No queda otra porque, además, la perpetuación de estas medidas tendría un coste muy elevado y porque pierden efectividad con el tiempo, generando incluso incentivos inadecuados.

También es probable que mientras buena parte de las empresas remontan el vuelo, otras sigan teniendo problemas para afrontar sus deudas y a ellas se puede unir un buen número de hogares cuando la protección extraordinaria ante el Covid desaparezca. Esto implicará también más morosidad.

Efectos secundarios

El gasto y la consiguiente deuda ayudarán a la salida de la crisis pero también tiene efectos secundarios duros sobre buena parte de la sociedad y se van a notar. En este punto, parece lógico que los hogares hayan alcanzado sus mayores niveles de ahorro desde que existen registros, con la tasa llegando ya al 14,8 por ciento.

Parte de ese embalse acumulado se abrirá y apoyará el consumo y el crecimiento pero si existen dudas sobre las necesidades de fondos futuras (más impuestos, morosidad, riesgo de desempleo) las economías domésticas se tentarán algo más el bolsillo.

Con deuda o sin ella y aunque haya recuperación, será fundamental que se genere un entorno de confianza. Hace tiempo que la necesitamos.