A la zaga de Lula da Silva en las encuestas, el presidente populista Jair Bolsonaro está dando a los ocupantes ilegales la titularidad de sus tierras y permite que más personas porten armas de fuego fuera de casa.

En 1999, los padres de Franciele Raffo se hicieron cargo de una pequeña parcela de tierra a 800 millas al sur de São Paulo, justo por debajo de la frontera de Brasil con Argentina. Pronto comenzaron a criar ganado lechero en la rica tierra roja, construyeron una casa de ladrillos y luego ampliaron los establos para dar cabida a cerdos, gallinas y patos. Solo había un problema: habían comprado la granja de 47 acres a un ocupante ilegal y no tenían pruebas de que la poseyeran.