El presidente del Gobierno y sus estrategas de cabecera contaban con coronar 2022 con la aprobación legislativa de sus iniciativas más polémicas para afrontar sin demasiados sobresaltos el calendario electoral del nuevo año: comicios autonómicos y municipales en mayo y generales en diciembre. Pero, como supuestamente dijo Lord Wellington, «ni siquiera los planes más detallados soportan el contacto con la realidad». 

La realidad se plasmó en la inusitada crisis institucional desatada a cuenta de la tramitación en el Senado de la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Todo indica que a la tensión en la vida pública de los próximos meses seguirá en una espiral ascendente que no parece tener techo: la existente entre las fuerzas en liza en el Parlamento y la que se ha visibilizado en el seno de las instituciones que velan por el cumplimiento de las leyes.