La ansiedad social, como la individual, no deriva de un solo factor sino del encadenamiento de muchos. La inflación causada por los precios energéticos, los desajustes en la logística global, las cuitas pendientes de diversos colectivos y el malestar general producido por una pandemia interminable se combinan para desencadenar una sucesión de huelgas y protestas en las que los descontentos -trabajadores del metal, agricultores, policías o transportistas, por mencionar solo alguno- se echan a la calle para exigir atención a sus demandas. Como ya es habitual en España, la política, siempre atenta al agua que pueda acercar a su molino, no tarda en capitalizar la intranquilidad en lugar de intervenir para mitigarla. 

Pocas cosas en la esfera pública son tan susceptibles de encabezar los noticieros como la conflictividad laboral cuando pasa de las pancartas a las barricadas. Es el caso de la huelga del metal en la bahía gaditana. Hacía dos meses que nada desplazaba al volcán de La Palma de la apertura de los telediarios hasta que la violencia de los enfrentamientos entre manifestantes y policías llegaba a niveles que recordaban los años duros, a mediados de la década de los ochenta, de la reconversión naval.