«Descontrol». Ese es el término que utilizó Aitor Esteban para describir la situación destapada por el espionaje al presidente del Gobierno y la ministra de Defensa con el software Pegasus. Con seis legislaturas a sus espaldas, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco es uno de los parlamentarios más experimentados del hemiciclo y siempre mide bien lo que dice. 

Sus palabras se circunscribían a los ciberataques con el «spyware» israelí, pero la percepción de falta de control se extiende por simpatía, como las explosiones en cadena, al conjunto de la actividad gubernamental. 

El mandato de Pedro Sánchez se enfrenta a una crisis tan grave, compleja y susceptible de empeorar que puede acelerar el final de la legislatura.

Sánchez no tiene la baraka (suerte en árabe) que se le atribuía, hasta que se le acabó, a José Luis Rodríguez Zapatero. A principios de 2020, pocas semanas después de ser investido, su ejecutivo tuvo que enfrentarse a una crisis sanitaria global saldada, de momento, con la vida de más de 100.000 españoles. 

Dos años más tarde, cuando el país comenzaba a salir del socavón ocasionado por la pandemia, la escalada de los precios energéticos, agravada por la invasión rusa de Ucrania, ha provocado una conmoción económica, social y de seguridad sin precedentes en Europa durante muchas décadas. 

Ahora, a las revelaciones sobre el uso de Pegasus contra 63 independentistas catalanes y dos vascos se suma la noticia de que él mismo, la ministra Margarita Robles y la anterior titular de Exteriores, Arantxa González Laya, han sido espiados.

Una crisis tras otra

Cada vez que el Gobierno supera una convulsión llega otra que le hurta el capital político que sus estrategas esperaban recoger. Cuando parecía que Sánchez había obtenido un respiro en Europa por la excepción ibérica para el precio de la electricidad, los dos casos sucesivos de cíber-espionaje desbaratan los planes de la Moncloa para recuperar la estabilidad y dar un poco de tranquilidad a la ciudadanía.

La crisis de Pegasus tiene tantas facetas que al Gobierno le va a resultar difícil abordar cada una de ellas sin sufrir serios daños. La primera consiste en precisar la autoría del ataque al tiempo que explica el origen del espionaje a los independentistas. 

Si se confirma que la intrusión en mayo y junio pasados en los móviles de Sánchez, Robles y González Laya procedió de Marruecos, el presidente tendrá que decidir si mantiene, matiza o retira el apoyo que dio en marzo, pese a la censura del Congreso, al plan alauí para el Sáhara Occidental, revocando la posición española mantenida durante décadas.

La caída de Redondo establece un precedente para Bolaños y Robles

La segunda, también de alcance internacional, es la que se refiere a la violación de la seguridad tecnológica de un gobierno de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica durante un periodo crucial. Y, la tercera, que discurre en paralelo a las anteriores, es el recorrido político del affaire y su capacidad para poner fin prematuramente a la legislatura.

El informe de Citizen Lab publicado el 18 de abril, hizo estallar la polémica sobre la vigilancia a catalanes y vascos. El caso se conocía desde hacía dos años, aunque con menos detalles. En esta ocasión, el hecho de que Ronan Farrow lo recogiera en la revista estadounidense The New Yorker, sirvió para darle una dimensión diferente. 

Farrow, hijo de la actriz Mia Farrow, alcanzó la categoría de periodista celebrity cuando desveló en la misma publicación la conducta predatoria de Harvey Weinstein contra las mujeres. El trabajo impulsó el movimiento #Metoo y acabó provocando la caída y encarcelamiento del poderoso productor. 

De algo parecido es de lo que se benefició el independentismo catalán, tratado con benevolencia en el reportaje de Farrow, para convertir las revelaciones en un escándalo que arroja sombras sobre el Gobierno español y los servicios del Estado.

El affaire ha insuflado nueva vida en el movimiento soberanista catalán. Pero lo que lo eleva a la categoría de amenaza para Sánchez, en lugar de diluir presuntas responsabilidades, es la admisión de que las más altas instancias que el propio Gobierno también ha sido blanco del Pegasus. 

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso y aliado imprescindible para la continuidad de la coalición gubernamental, reaccionó a la noticia afirmando que el episodio «puede cargarse la legislatura». ERC y los demás socios parlamentarios del Gobierno quieren cobrarse la piel política de Robles. 

Para suerte de Sánchez, el «nuevo» Partido Popular de Alberto Feijoo, con los votos de Vox y Ciudadanos, le ha ahorrado el trance de afrontar una comisión de investigación del Congreso, aunque deberá comparecer en la Cámara para dar explicaciones.

«Que rueden cabezas»

De la misma manera que el «Catalangate» ha servido para revivir las denuncias soberanistas contra el Estado, el espionaje al Gobierno, esté o no relacionado con el caso anterior, ha brindado a Unidas Podemos la ocasión perfecta para seguir marcando distancias con el Partido Socialista al exigir que «rueden cabezas», tal como ha hecho el resto de la izquierda. 

La primera en rodar tiene visos de que será la de Paz Esteban, la veterana funcionaria de carrera que desde 2019 dirige el Centro Nacional de Inteligencia. No solo por la inoportunidad política del escándalo, sino porque evidencia una grave inoperancia del CNI a la hora de proteger la seguridad nacional. La pregunta es si Sánchez podrá proteger la de Robles si continúa arreciando el temporal o, incluso, preservar la viabilidad de la legislatura.

Sin embargo, no hay ninguna garantía de que la caída de Esteban vaya a ser suficiente para recomponer la colaboración parlamentaria con ERC y devolver la serenidad a la coalición gubernamental. Hay margen para que afloren nuevas relevaciones sobre el material robado, sobre la extensión de espionaje a otros miembros de la administración y sobre la entidad «externa» –en palabras de ministro de Presidencia—que está detrás de los ataques con Pegasus.

Precisamente, la actuación de Félix Bolaños reclama atención. Su manejo de la crisis, empezando por la precipitada rueda de prensa del 2 de mayo para revelar el ataque, ponen nuevamente en cuestión su desempeño en la función nuclear de su cargo: proteger a su jefe. 

Sánchez ha demostrado no tener reparos para desprenderse de cualquiera que se convierta en un pasivo: el primero fue Máxim Huerta, seis días después de ser nombrado ministro en 2018. Entre los más recientes, la vicepresidenta Carmen Calvo, el ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, la ministra de exteriores, González Laye, y el anterior gurú político presidencial, Iván Redondo. Los dos últimos constituyen un precedente especialmente relevante tanto para Bolaños como para Robles.

Golpe a la credibilidad

A la borrasca política interior provocada por el cíber-espionaje se suma la que lleva semanas formándose en las instituciones comunitarias. Los trabajos de la recién creada comisión de investigación del Parlamento Europeo sobre el espionaje a políticos y periodistas aumenta la presión sobre la Comisión Von der Leyen para ilegalizar los softwares espías porque suponen una amenaza directa contra la democracia. Y en el terreno de la seguridad, especialmente crítico por la guerra en Ucrania, los hackeos suponen un duro golpe a la credibilidad de España en la Alianza Atlántica.

Que el presidente y la titular de Defensa hayan sido espiados es grave, aunque se arguya que otros jefes de gobierno -Boris Johnson, Emmanuel Macron— lo han sido también. Lo que escapa de cualquier justificación es que se haya tardado más de un año en descubrirse la brecha. El fallo no pasará desapercibido entre los países aliados que comparten información.