“Tenemos un acuerdo”. Así anunció el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el pacto alcanzado el pasado jueves por un grupo de senadores (republicanos y demócratas) para invertir cerca de 1,2 billones de dólares en infraestructuras, el equivalente a más de 1 billón de euros.

Un proyecto de legislación que no es, ni mucho menos, definitivo pese al entusiasmo de Biden, pero que puede suponer un impulso a las expectativas de negocio de grupos españoles ligados a construcción, ‘telecos’ y energía, como ACS (y su participada Abertis), Ferrovial, Sacyr, Acciona, Iberdrola, Naturgy, Repsol o Enagás.

Se trata de un plan inversor a ocho años dedicado, fundamentalmente, a infraestructuras tradicionales, desde carreteras, puentes, presas, aeropuertos, centrales energéticas (sobre todo renovables), puertos y redes de telecomunicaciones; donde Estados Unidos tiene margen de mejora, sobre todo en comparación con la Unión Europea. 

Y, más aún cuando el gigante norteamericano se ha comprometido a acelerar su reducción de emisiones de CO2 y a apostar por la lucha contra el cambio climático, un objetivo difícil de cumplir sin inversión federal.

Pero el acuerdo entre demócratas y republicanos tiene letra pequeña.

Parte de esos 1,2 billones ya estaban planteados en líneas presupuestarias ya diseñadas. De forma que solo la mitad de esa cifra, cerca de 600.000 millones de dólares, sería ‘nueva inversión’. Cifra que deberá alcanzarse, según exigen los conservadores, sin subir impuestos.

El desglose de inversión por temáticas

El acuerdo alcanzado este jueves incluye 109.000 millones de dólares para nuevas infraestructuras de transporte terrestre, puentes o carreteras; otros 66.000 millones de dólares para trenes, 50.000 millones para otras modalidades de transporte público. 

Además, otros 73.000 millones de dólares se destinarán a infraestructuras energéticas y cerca de 65.000 a redes de telecomunicaciones.

Una lluvia de millones federal que forma parte de las promesas electorales con las que Biden llegó a la Casa Blanca, para impulsar la creación de empleo, vía presupuesto federal, como impulso para salir de la crisis económica provocada por la pandemia. 

Las empresas españolas llevan meses tratando de posicionarse para poder pujar por estos futuros contratos. Naturgy y Repsol, por ejemplo, han sellado en los últimos meses operaciones corporativas que les permiten contar con filiales locales.

La compañía dirigida por Josu Jon Imaz con la adquisición del 40% de Hecate Energy, con la opción de llegar al 100% en tres años, que le permite tener un cartera de renovables local. Y la compañía presidida por Francisco Reynés, a través de la compra de la cartera de proyectos de Hamel Renewables, una plataforma de desarrollo de energía solar y almacenamiento.

Sin olvidar que, en el terreno energético, Iberdrola cuenta con posicionamiento local a través de su filial Avangrid, que sobre todo opera en la Costa Este; y está esperando los flecos para cerrar la incorporación a su perímetro de PNM Resources, que opera sobre todo en los Estados de Texas y Nuevo México. 

Mientras, en el terreno de las constructoras, todas las grandes (ACS, Ferrovial, Sacyr, Acciona…) ya cuentan con filiales locales y proyectos en Estados Unidos, no sólo de infraestructuras, también vía concesiones de servicios y, sin duda, entrarán en la puja de los nuevos contratos que salgan a concurso.

Las trabas por delante del plan de Biden

Del plan de inversiones de 1,2 millones anunciado por Biden se ha quedado fuera más de la mitad de la inversión prevista en un principio, porque no entran en él todos los proyectos que la administración demócrata ha denominado ‘infraestructura humana’.

Necesidades de inversión, por ejemplo, en nuevas tecnologías o en infraestructuras ligadas al cuidado de mayores o de educación donde no hay ningún acuerdo entre demócratas y republicanos.

Esta exigencia de inversión, sigue sobre la mesa, y voces del partido demócrata como el senador Bernie Sanders o la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, han declarado en las últimas horas que ese segundo plan de inversión es igualmente necesario y que no puede aprobarse uno sin el otro.

De hecho, Biden ha tenido que aclarar, después de anunciar su acuerdo bipartidista, que pueden llegar a plantear el veto a su propio proyecto de infraestructuras tradicionales si este no viene acompañado de ese nuevo paquete de medidas de inversión adicional. 

Biden, sobre todo, recalcó que el acuerdo es un paso hacia el bipartidismo y a tender puentes entre ambos partidos. “No siempre puedes obtener todo lo que quieres, pero puedes lograr una parte y volver a pelear por el resto otro día”, resaltó a los medios de comunicación.

El problema es el escaso margen que tienen los demócratas en el Senado y que, además, este sólo durará hasta las elecciones de medio mandato, de 2022, cuanto se reeligirá a una parte de este órgano federal.

Biden cuenta con una mayoría mínima, en una cámara repartida entre 50 senadores ‘azules’ o otros tantos ‘rojos’ y donde el empate lo rompe la vicepresidenta del Gobierno Kamala Harris, por lo que no puede perder ni un solo voto de sus propias filas.

Ese voto adicional de Harris, como presidenta que es de la Cámara Baja, lo puede utilizar en determinadas leyes, pero no en todas. En concreto en aquellas que se exige una mayoría reforzada del 60% de los votos a favor, lo que impide que algunos proyectos de Ley puedan salir adelante sin consenso.