El sector de la financiación sostenible española también se está transformando y busca nuevas oportunidades. De acuerdo con la encuesta de OFISO entre sus asociados, existen dos con muchas posibilidades para crecer en el futuro: la gestión del agua y de los residuos y que competirán con los recursos que recibe la transición energética.

"La gestión del agua y la gestión de residuos serán en el futuro próximo, tras renovables, movilidad eléctrica y eficiencia energética, los dos sectores hacia los que se destinarán mayores recursos financieros de carácter sostenible", señala OFISO en un comunicado en el que analiza las conclusiones de su sondeo.

La Encuesta OFISO 2022 se ha realizado entre sus miembros, que son Adif, Agbar, Banco Sabadell, BBVA, BME, Caixabank, Cohispania, Comunidad de Madrid, EthiFinance rating, EY, GFE, Gobierno de Navarra, Gobierno Vasco, Grupo Red Eléctrica, Iberdrola, ICO, ING, Mutualidad de la Abogacía, Nworld, Repsol y S&P.

Estos dos tendencias no son las únicas que se detectan. La guerra en Ucrania también está cambiando las sensibilidades de los inversores en deuda sostenible. "La guerra de Ucrania y la incertidumbre geopolítica están desplazando las prioridades medioambientales y económicas hacia cuestiones de carácter social, según el 72,2 por ciento de los encuestados", señala.

El número de emisores en deuda social debería ir a más

Esto hace prever que veremos más emisores de bonos sociales, que se habían quedado rezagadas en 2021, tras la expansión vivida en 2020, cuando la pandemia de coronavirus las alentó y algunas entidades financieras fueron especialmente activas en las colocaciones.

Los encuestas anticipan que una de las tendencias que se va a ver en los próximos años es el crecimiento del activismo. Por una parte, los fondos españoles ya deben dar información sobre cómo votan, lo que se espera que les implique más en su actividad de voto; por otra parte, se espera que los inversores en deuda también sean más exigentes en temática medioambiental.

Los bonistas y financiadores cuentan con una gran capacidad de influencia en los emisores y se espera que cada vez sean más activos en su políticas de implicación.

En el caso de la banca y del crédito, aunque las entidades piden regularmente una regulación que les dé herramientas para gestionar las relaciones con sus clientes, sus propios compromisos de descarbonización les van a obligar a ir volteando su cartera hacia sectores más limpios en emisiones.

El discurso de las entidades es que su misión es la de 'acompañar' a todos sus clientes en materia de transición energética y que no cerrarán el grifo del crédito a los clientes. No obstante, puede haber un impacto en el precio de la financiación, algo que todavía no queda muy definido.

Las opiniones de los participantes en la encuesta de OFISO son un ejemplo de ello. "En relación con los costes financieros de las operaciones de financiación sostenible la mayor parte de los encuestados considera que sus costes se reducen ligeramente (53,3 por ciento), un 20 por ciento considera que siguen igual y otro 20 por ciento opina que aumentan ligeramente", explica.

Si el mercado ajusta bien los riesgos, la evolución lógica sería que las empresas y los estados con mejores criterios ESG y menores riesgos medioambientales, sociales y de gobernanza, también tuvieran una prima en el coste de su financiación.

Es algo que durante 2020-2021 sí que se vio en el mercado de deuda, con los bonos verdes, pero que se habría perdido en 2022 con la guerra en Ucrania. Las emisiones sostenibles sí que habrían logrado mejores niveles de demanda, pero las ventajas en precio ya no serían tan claras.