La mayor economía de Europa lleva a cabo un experimento de 23.000 millones de euros para alcanzar las emisiones netas cero en 2045 sin destruir su base industrial, de gran consumo energético.

El Gobierno de Olaf Scholz anunció a principios de mes los llamados "contratos de protección del clima" para ayudar a las empresas de sectores como el acero, el cemento y el vidrio a sufragar los gastos adicionales derivados del uso de tecnologías más limpias, en comparación con los procesos convencionales.

Con arreglo al programa, los solicitantes presentan propuestas sobre el importe de la ayuda necesaria, y reciben dinero para financiar las que comporten mayores reducciones de CO2 por el menor precio.

La política es similar a los programas de contratos por diferencia (CfD) que los gobiernos han utilizado para ayudar a implantar las energías renovables en muchas partes del mundo.

Sin embargo, el alcance de las tecnologías que cubre es diferente a todo lo que se ha probado a esta escala, lo que hace que su éxito sea mucho menos seguro. Recientemente se ha puesto en marcha la primera ronda de subastas, que ofrece contratos por valor de hasta 4.000 millones de euros, y este verano se celebrará otra con un bote de 19.000 millones de euros.

Se trata de un "instrumento innovador que todavía no existe en ningún sitio a escala internacional", declaró Udo Philipp, secretario de Estado del Ministerio de Economía.

Es probable que otros países industrializados con ambiciones equivalentes de emisiones netas cero presten mucha atención a los resultados. Esta misma semana, el Gobierno de EEUU ha anunciado subvenciones por valor de 6.000 millones de dólares para que los fabricantes de metal, papel y vidrio reduzcan las emisiones que calientan el planeta.

Aunque los gobiernos tienen experiencia en respaldar el despliegue masivo de soluciones energéticas limpias plenamente desarrolladas, como la eólica y la solar, el riesgo es mayor cuando se trata de apoyar al mismo nivel tecnologías en fase inicial, como la captura de carbono en fábricas de cemento y el reciclaje de cobre impulsado por hidrógeno.

"El Gobierno temía de verdad poder elegir a los perdedores", afirmó Jenny Winkler, ex directora de la unidad de energías renovables del Instituto Fraunhofer de Investigación en Sistemas e Innovación, que suele asesorar al Gobierno alemán en este tipo de políticas.

No obstante, esos temores deberían apaciguarse, ya que las tecnologías de reducción de emisiones en sectores como la siderurgia llevan mucho tiempo probándose. "No es muy probable que en los próximos años sigan apareciendo tecnologías muy disruptivas", afirmó Winkler.

El funcionamiento del nuevo sistema de ayudas está vinculado al régimen europeo de comercio de derechos de emisión.

Por ejemplo, si una empresa oferta que el coste de descarbonizar el acero es de 120 euros por tonelada, el Gobierno se comprometerá a pagar la suma menos el precio del carbono en el ETS, que actualmente ronda los 60 euros por tonelada. Si en el futuro el precio de la contaminación sube a 140 euros por tonelada, entonces la empresa tendrá que pagar al Gobierno el exceso de 20 euros por tonelada. Una vez ganada la subasta, la ayuda a la fijación de precios estará disponible durante 15 años.

No cabe duda de que se irán resolviendo los problemas por el camino. Por ejemplo, puede haber argumentos en contra del tamaño de los contratos adjudicados. Mientras que la mayoría de los países hacen CfD por separado para la energía solar, terrestre o eólica marina -teniendo en cuenta los costes de producción individuales de cada sector-, la primera subasta industrial de Alemania es tecnológicamente neutra. Esto podría favorecer algunas soluciones con costes de transformación más baratos que otras.

Winkler dijo que con el tiempo esto debería mejorar. El coste de la descarbonización de la industria no es tan predecible como el de las energías renovables. La subasta podría ayudar al Gobierno a estimar el coste de estos nuevos procesos y crear un precio máximo para las tecnologías en las próximas licitaciones.

El juego de las adivinanzas

Mientras tanto, las empresas se ven obligadas a jugar a las adivinanzas con sus ofertas. Queda por ver cómo se las arreglarán con sus costes previstos para desarrollar el hidrógeno u otras tecnologías limpias que aún no están a escala. Si ofertan un precio demasiado alto en las subastas, corren el riesgo de salir perdiendo, y si ofertan demasiado bajo, se encontrarán con un contrato que podría perjudicarles financieramente.

También hay empresas cuyos proyectos se consideran demasiado pequeños para participar. Por ejemplo, el de Aurubis, de Hamburgo, que es uno de los mayores recicladores de cobre del mundo. A partir de mayo planea introducir una de las primeras fundiciones de cobre preparadas para hidrógeno del mundo. Se prevé que el plan cueste 40 millones de euros.

Sin embargo, su proyecto no cumple los requisitos para la primera ronda de subastas de este mes, ya que las emisiones que ofrece reducir no alcanzan el mínimo de 10.000 toneladas métricas. El ministro de economía, Robert Habeck, dijo a los representantes de las empresas la semana pasada que el Gobierno está buscando formas de apoyar proyectos de menor escala en la próxima ronda de subastas. 

Por encima de todo, el principal objetivo del Gobierno es proteger su economía industrial, y también está dispuesto a no repetir los errores del pasado. Hace dos décadas invirtió a lo grande en la industria solar, que prácticamente ha desaparecido del país. Por eso reserva estas subastas sólo a empresas nacionales, impidiendo el acceso a entidades extranjeras.

"Ahora estamos en una década diferente en la que las perspectivas industriales son mucho más importantes en todos los debates nacionales", dijo el asesor gubernamental Karsten Neuhoff, del Instituto Alemán de Investigación Económica. Neuhoff espera que el programa contribuya a estabilizar la base industrial de Alemania y, lo que es más importante, a garantizar el empleo. --Con la colaboración de Kamil Kowalcze.