Las políticas y medidas para paliar el cambio climático suponen unos elevados costes a corto plazo que no han sido suficientemente explicados. Las declaraciones políticas, los planes de neutralidad de las empresas en la emisión de CO2 no han incluido cómo estos costes, que serán soportados por todos los ciudadanos, van a impactar en nuestra calidad de vida, en nuestros empleos y en nuestra estabilidad financiera personal en el futuro inmediato.

Los costes se pueden dividir en costes físicos, costes de reclamaciones y los costes derivados de las políticas de transición hacia una economía con menores niveles de CO2, de acuerdo con lo expuesto por Mark Carrey, anterior presidente del Banco de Inglaterra.

Los costes físicos son percibidos por todos de forma inmediata. Son los derivados de la mayor frecuencia e intensidad de los desastres naturales causados por el cambio climático. Las imágenes de las inundaciones en Alemania a principios de este verano, las altas temperaturas alcanzadas en Europa en agosto o los enormes incendios sufridos en California evidencian que el cambio climático tiene un fuerte impacto económico.

Los costes de las reclamaciones efectuadas fruto de los daños físicos son sufridos en primer lugar por las aseguradoras y por los bancos. Estos costes se trasladan de forma automática a los ciudadanos y a los mercados financieros. El aumento de las primas de seguro de los activos en zonas más propicias a desastres naturales traslada este coste a los ciudadanos y aumenta el riesgo de las compañías de seguros.

El informe publicado por BlackRock, Global Insurance Report, muestra que el 95 por ciento de los ejecutivos de seguros consultados clasifican el cambio climático como un riesgo de inversión que influye en la composición de sus carteras.

El cambio climático también impacta en el valor de la viviendas: el ejemplo en España es el Mar Menor

El cambio climático también impacta en un menor valor de las viviendas compradas en determinadas zonas. Tenemos un ejemplo claro en España, comparando el valor de las propiedades situadas en el Mar Menor frente a la fuerte revalorización del litoral alicantino. Según un informe del Banco de España, la diferencia de valor alcanza el 45 por ciento.

El posible deterioro de las hipotecas y créditos concedidos para la compra de estos activos aumenta el riesgo de las entidades financieras que los otorgaron. Este último riesgo se traslada a la caída de valor de estas compañías en los mercados de valores, a las carteras de los gestores de fondos y a la riqueza de las personas que compran esos fondos, usted y yo, por ejemplo.

Los costes y el cómo

El coste de transición, o las oportunidades, dependen de como de gradual o abrupto sea el cambio de modelo. El aumento del coste actual de la electricidad en los últimos meses, el incremento del precio del diésel con su impacto en el transporte por carretera de mercancías, la anunciada obsolescencia por decreto de los coches de combustión, la reducción del uso de envases de plástico son ejemplos que, como decisiones políticas referidas al cambio climático, afectan de forma inmediata en forma de mayores costes al ciudadano.

Gobiernos, reguladores, organismos internacionales e inversores han situado la información sobre estos riesgos como punto central de sus agendas, aprobando normas sobre cómo deben informar las empresas sobre estos ámbitos. La presión de los inversores ha llevado a que las políticas de cambio climático y prevención de riesgo hayan sido llevadas a la aprobación por parte de las juntas generales de las compañías.

Regular cómo los bancos deben favorecer a unos u otros sectores puede suponer un impacto sísmico

Los bancos centrales han realizado numerosos estudios sobre como el cambio climático puede afectar a la economía y a la estabilidad del sistema financiero. Los reguladores, de momento, solo han incrementado los requisitos de información.

Dar el paso a regular como los créditos de los bancos deben favorecer a unos sectores u otros, podría suponer un impacto sísmico en diferentes industrias. El cambio climático se ha convertido un riesgo financiero del sistema.

A pesar de todos los esfuerzos de concienciación, un reciente informe financiado por Naciones Unidas, muestra que la producción estimada hasta 2030 de los 15 mayores productores mundiales de energías fósiles es el doble de la que sería necesaria para conseguir los objetivos de limitar el incremento de temperatura 1,5 grados por encima de los niveles de la era preindustrial.

Esta realidad ha hecho que numerosas voces de activistas e inversores pidan políticas más decididas en el corto plazo para frenar el cambio climático. Chris Hohn, presidente del fondo activista TCI, se ha dirigido por escrito al Banco Central Europeo, al Banco de Inglaterra y a Janet Yellen secretaria del Tesoro americano, pidiendo mayor regulación en la exigencia de transparencia de los bancos respecto a los préstamos a las industrias relacionadas con energías de fuente fósil.

Las cartas proponen una serie de requisitos que de facto supondrían limitar enormemente los créditos a estas industrias.

La presión política y mediática para actuar de forma decidida y la evolución en Bolsa de las compañías bendecidas o castigadas por esta transición está afectando claramente a las decisiones de inversión empresarial.

Audi, el gigante automovilístico alemán dejará de fabricar coches de combustión en 2026. Otras compañías como Ford y General Motors han anunciado inversiones multimillonarias en el desarrollo del coche eléctrico. Esto va a suponer que las actuales fábricas de coches de combustión van a perder valor de forma acelerada con respecto a su vida útil.

La cadena de subcontratistas va a sufrir las consecuencias de estas decisiones. Se producirá destrucción de empleo (un informe reciente de PwC encargado por la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (Clepa) estima la pérdida de 500.000 puestos) y será necesario recolocarlo o capacitarlo para la producción de coches eléctricos, lo cual no es inmediato.

Existe el riesgo en numerosas empresas que un gran número de activos, plantas de carbón, plantas de producción, yacimientos en explotación, que su valor contable tenga que ser depreciado, con su impacto negativo en los resultados de las empresas con la previsible mala recepción en Bolsa y caída de sus cotizaciones.

El coste geopolítico de las políticas sobre cambio climático no había sido tenido en cuenta y está produciendo un duro despertar. En Europa durante los últimos diez años se han cerrado minas de carbón y se ha prohibido el “fracking”. Alemania decidió en 2011 tras el accidente de Fukushima eliminar la energía nuclear.

La evidencia de la crisis energética

España, que a principios de los años ochenta gritaba “nucleares no gracias” se ve obligada a importa energía de Francia, único país europeo donde esta energía es relevante. España ha visto cortado el suministro de gas argelino por su posición ambigua sobre el Sahara. Estas decisiones, adoptadas en los últimos años han acentuado la dependencia europea de Rusia que suministra aproximadamente la mitad el gas consumido en Europa.

Rusia no esta está respondiendo a las peticiones de aumentar la producción de gas a corto plazo, pidiendo contraprestaciones políticas a cambio. Las empresas y los hogares de los europeos dependen más de nunca de un país que no comparte los mismos valores de libertad y democracia.

A medida que nos adentramos en el invierno, las temperaturas bajan, los precios suben y Bielorrusia amenaza con cortar los suministros de gas a Europa. La dependencia europea de las importaciones de energía es mucho mayor que la Estados Unidos o de China, con lo cual la aceleración de las políticas de cambio climático en Europa tendrá un reflejo futuro en menor competitividad a nivel internacional.

Al coste económico se añade el coste social, probablemente olvidado hasta ahora. La Energy Information Administration americana acaba de publicar su estimación de que los costes de calefacción este invierno para los hogares pueden aumentar entre un 22 por ciento y llegar a un 50 por ciento si las temperaturas son un 10 por ciento más bajas que la media histórica.

Numerosas organizaciones han avisado de las duras consecuencias que esto tendrá en los hogares de menor renta, ya afectados por las consecuencias económicas de la pandemia. La gestión abrupta del cambio climático va a suponer un elevado para los ciudadanos y para muchos sectores como por ejemplo el transporte, cuyo reflejo a través de protestas en la calle se está empezando a sentir.

El movimiento de los chalecos amarillos en Francia en 2018 se originó a partir del rechazo generalizado a los mayores impuestos a los combustibles fósiles, impuestos que iban a financiar la transición energética, pero que se entendía recaían mayoritariamente en las clases populares.

Asegurar el suministro energético, a un precio asequible para empresas y hogares y a la vez lograr una reducción de emisiones supone un equilibrio muy difícil, para una Europa que ha ido debilitando su posición en los últimos diez años.

Francia, que ha sufrido numerosas protestas sociales ha reaccionado de forma rápida al repunte de precio y de las protestas reforzando su apuesta por la energía atómica que asegura la producción de energía a un coste más asumible por los ciudadanos.

Igualmente, está pidiendo que la energía nuclear sea incluida como “actividad sostenible” dentro del documento de la Comisión Europea, que recoge estas actividades, la llamada Taxonomía, cuyo documento final sigue sin ser aprobado, debido a la discusión sobre la energía nuclear.

En una reciente visita a España, Segolene Royal antigua ministra de Transición ecológica en dicho país, afirmaba que no se puede hacer política ecológica contra el pueblo y si esta política castiga el poder adquisitivo de los ciudadanos, habrá una revolución contra la ecología. La encuesta publicada por Gallup en USA sobre las preferencias de la población a dar prioridad a la protección medio ambiente sobre el crecimiento económico, confirma como esta prioridad se diluye en momentos de crisis económica.

No se puede vivir de espaldas a la necesidad de una transición hacia un modelo climático que permita mejora la calidad de vida de las generaciones futuras. El equilibrio entre crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente va a sufrir en alguno de sus vértices. Los costes de esta transición van a ser sentidos de forma muy directa por los ciudadanos, que necesitamos que se nos expliquen los esfuerzos de todo tipo a soportar hoy y que las decisiones políticas tengan en cuenta la dificultad del camino.