A finales de septiembre, el Reino Unido fue vitoreado y celebrado por convertirse en la primera nación del G-7 en abandonar por completo la electricidad generada con carbón. Pocos días después, la voz unificada de celebración se había dividido al acusar al Gobierno de dar un costoso paso en falso en materia climática al comprometerse a desarrollar la captura y el almacenamiento de carbono.

Los ministros han prometido el equivalente en libras a 29.000 millones de euros a lo largo de 25 años para apoyar los primeros proyectos de captura y almacenamiento de carbono del Reino Unido.

La financiación contribuirá a la creación de dos agrupaciones industriales en Merseyside y Teesside, y apoyará el almacenamiento submarino y los gasoductos, así como la captura de carbono en tres proyectos de producción de hidrógeno azul, electricidad y energía a partir de residuos. El plan se basa en la promesa de destinar 20.000 millones en dos décadas a esta tecnología, hecha por un gobierno conservador en 2023.

La captura y almacenamiento de carbono (CAC) es una de esas tecnologías que dividen a los defensores del clima.

El término se refiere a una serie de métodos para atrapar el dióxido de carbono en una fuente puntual -por ejemplo, en una central eléctrica de gas o en una fábrica de cemento- y almacenarlo en el subsuelo (como en antiguos yacimientos petrolíferos). Sus detractores la consideran una tecnología cara y no probada que perpetuará el uso de combustibles fósiles. El ecologista George Monbiot, por ejemplo, escribió en una columna en The Guardian en 2023 que «el único propósito de la CAC es justificar la concesión de más licencias de petróleo y gas».

Sus defensores afirman que es una herramienta útil -incluso vital- para reducir las emisiones de sectores difíciles de reducir. En una declaración enviada por correo electrónico, Steve Smith, director ejecutivo de CO2RE Hub y Oxford Net Zero en la Smith School de la Universidad de Oxford, afirmó: «La CAC es una de las piezas cruciales del rompecabezas que conforma un Reino Unido limpio y ecológico para el futuro. No es una alternativa a un mejor aislamiento de las viviendas, las energías renovables, los coches eléctricos y similares; es un requisito adicional si nos tomamos en serio el clima».

Smith señala también que, de los tres proyectos financiados y otros cinco aún en fase de negociación, sólo uno es una central eléctrica de gas. El resto capturará carbono de otros procesos industriales, como la energía procedente de residuos, la producción de hidrógeno y la fabricación de cemento.

Por tanto, es injusto decir que la CAC sólo sirve para prolongar la vida de los combustibles fósiles. Pero hay que preguntarse qué aplicaciones deben financiarse con dinero de los contribuyentes.

Un informe de 2023 del grupo de reflexión sobre el cambio climático E3G y la fundación sin ánimo de lucro Bellona clasificó el valor de los distintos casos de uso para 2030 y 2050, basándose en la competencia de las alternativas, el potencial de mitigación, la viabilidad y cuál es la fuente de CO2. El informe concluye que el valor climático de la CAC es mayor para aplicaciones industriales como el cemento y la cal, que pueden ser imposibles de descarbonizar por completo sin el uso de esta tecnología.

Tiene sentido destinar dinero público a estas aplicaciones. Eso no quiere decir que la CAC no deba aplicarse a ninguna otra cosa -el Reino Unido tiene previsto utilizar gas con CAC para ayudar a equilibrar una red energética descarbonizada, y la tecnología desempeña un papel importante en varios métodos de eliminación de carbono-, sino que la decisión sobre quién tiene la responsabilidad de pagar debe considerarse cuidadosamente. En algunos casos, la responsabilidad debería recaer en los productores de combustibles fósiles.

Una forma de conseguirlo sería mediante una obligación de recuperación del carbono (CTBO), que obligaría a los productores a almacenar bajo tierra el CO2 equivalente a una fracción creciente del generado por los hidrocarburos que han extraído. Una política de este tipo, introducida progresivamente hasta cubrir todas las emisiones, haría pagar a los contaminadores por la limpieza y ayudaría a financiar lo que Myles Allen, catedrático de ciencias de los geosistemas de la Universidad de Oxford, denomina una industria de eliminación del CO2, que más tarde constituiría la espina dorsal de los esfuerzos por eliminar el CO2 que hemos añadido a la atmósfera.

Mientras muchos afirman que la CAC sigue sin probarse, Allen sostiene que la tecnología existe desde hace décadas, pero que nunca ha habido obligación de utilizarla: «Hasta que no se obligue a los productores de combustibles fósiles a utilizar la CAC, no va a escalar».

Las autoridades son reacias a introducir normativas que pueden ser imposibles de cumplir, lo que crea una especie de problema del huevo y la gallina: ¿qué es primero, la obligación de hacerlo o los medios? Pero recientemente se ha producido un cambio hacia algo más parecido a una CTBO con la Ley de la Industria de Red Cero de la Unión Europea, que entró en vigor en junio.

La ley incluye una medida histórica para exigir a los productores de petróleo y gas de la UE que proporcionen capacidad de almacenamiento de CO2, con contribuciones individuales basadas en sus niveles de producción de 2020 a 2023. Aunque por ahora sólo se trata de un mandato de capacidad, es la primera vez que se responsabiliza a los emisores de los efectos climáticos de sus productos, y es fácil ver cómo podría convertirse en una obligación de secuestro en el futuro.

Descartar por completo la CAC sería un error, pero deberíamos mantener conversaciones más matizadas sobre para qué utilizarla -como las industrias y la eliminación de carbono- y cómo financiarla. En aras de la equidad, el Reino Unido haría bien en seguir el ejemplo de la UE.