¿Qué es exactamente un crédito de carbono? Esta es una pregunta que, décadas después de que se lanzara el primer proyecto en Guatemala en 1988, todavía logra que algunas de las mentes jurídicas más brillantes del mundo sigan rascándose la cabeza.

En teoría, un crédito de carbono es un certificado que representa una reducción de una tonelada de emisiones de gases de efecto invernadero vinculadas a proyectos (como un parque eólico o un plan de plantación de árboles). Las empresas los compran para compensar la contaminación que producen en otro lugar del mundo.

Pero, en lo que respecta a las leyes que sustentan los mercados financieros, la respuesta a esa pregunta aún no está clara. Hasta que se resuelva, es poco probable que los bancos y los inversores destinen los miles de millones de euros que los promotores esperan que fluyan hacia los créditos de carbono, a pesar del entusiasmo que se destiló en la Semana del Clima en Nueva York.

“La gran mayoría de los países no tienen actualmente una respuesta clara a la pregunta de qué es un crédito de carbono, como cuestión de derecho”, dijo Simon Puleston Jones, director ejecutivo de Emral Carbon, una firma de corretaje y asesoría, y ex-abogado de mercados de capitales en el bufete de abogados Simmons & Simmons. Eso “importa porque si me has comprado algo y estás sufriendo una pérdida económica, es posible que esa pérdida no sea recuperable”.

El Banco Mundial y el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit), una organización intergubernamental, están trabajando en un conjunto de principios para ayudar a orientar a los gobiernos de todo el mundo sobre esta cuestión.

La deliberación principal se centra en si un crédito de carbono es un activo, según Belinda Ellington, miembro del grupo de trabajo de Unidroit y ex-asesora general asociada de Citigroup en Londres.

“Los créditos de carbono no encajan perfectamente en la interpretación actual de la definición de activo que tiene ninguna jurisdicción”, explica Ellington. “Si has comprado algo que no tiene identidad legal como activo, el efecto es que no puedes estar seguro de que eres dueño de algo”.

En el Reino Unido, la Comisión Jurídica de Inglaterra y Gales concluyó recientemente que los créditos de carbono “podrían” considerarse activos digitales, un nuevo tercer tipo de propiedad (los otros dos tipos de propiedad según la legislación inglesa son las cosas tangibles en posesión, como un bolígrafo o una casa, y las cosas intangibles en acción, como un contrato).

Pero para Puleston Jones, el hecho de que esa comisión no haya sido decisiva en cuanto a una definición legal significa que “no hemos avanzado mucho en la comprensión de lo que es un crédito de carbono” y que el asunto ahora será decidido por los tribunales en las próximas décadas. “Es una oportunidad desaprovechada”.

Paralelismos con el bitcoin

El colapso de Mt Gox, que en su día fue la mayor plataforma de intercambio de bitcoins del mundo, ilustra lo que está en juego, según Puleston Jones. Hace aproximadamente una década, la plataforma japonesa fue atacada por piratas informáticos y se declaró en quiebra. El tribunal del distrito de Tokio dictaminó que el bitcoin no era una propiedad en términos legales, lo que significa que las personas que perdieron bitcoins no tenían derecho a recuperarlos.

Los acreedores de bitcoins han estado esperando 10 años para recuperar sus activos en un proceso de distribución que se puso en marcha hace poco.

Al igual que el bitcoin, el mercado voluntario de carbono se ha visto afectado por la volatilidad. Tras alcanzar su punto máximo en 2022, se contrajo casi una cuarta parte el año pasado hasta quedar en apenas 1.000 millones de dólares después de que una serie de escándalos de lavado de imagen ecológica (green washing) asustaran a los compradores y redujeran la demanda.

Los defensores de los derechos de emisión consideran que el mercado es un mecanismo fundamental para canalizar miles de millones a proyectos que reduzcan las emisiones en los países más pobres y permitir a las empresas compensar la contaminación en sus cadenas de suministro, que puede estar fuera de su control directo.

Desde etiquetas de calidad, hasta nuevas directrices sobre las reclamaciones que pueden hacer las empresas que compran compensaciones, se están realizando esfuerzos para recuperar la demanda y ayudar a que el mercado crezca. Los Estados Unidos y otros gobiernos también han dado su apoyo al mercado.

Sin embargo, para los abogados, esos esfuerzos serán en vano a menos que se aborde la incertidumbre jurídica.

“En la actualidad, si se invierte un millón de euros en la compra anticipada de unidades de carbono verificadas, el efecto neto en el balance general es que se pierde un millón sin garantía”, relata Ellington. “La deuda sin garantía eleva los costes de financiación más allá de la tolerancia del mercado”.

“Es una gran limitación para cualquier banco”, afirma Chris Leeds, responsable de desarrollo de mercados de carbono en Standard Chartered. “A medida que el mercado crezca, necesitaremos encontrar formas de transferir eficazmente el riesgo y obtener un mejor tratamiento del capital, de lo contrario, simplemente no tendría sentido desde el punto de vista financiero”.

Pero esto no ha impedido que Standard Chartered y otros grandes bancos intenten establecerse en el mercado. JPMorgan Chase & Co, Bank of America y Barclays han creado oficinas de operaciones y financiación de emisiones de carbono.

Citigroup está estudiando cómo se podrían utilizar las compensaciones para reducir el riesgo de financiar proyectos ecológicos en países en desarrollo. Goldman Sachs Group ha creado un fondo que permite a las empresas invertir en proyectos ecológicos y generar ganancias a partir de las compensaciones.

Pero en última instancia, el objetivo sigue siendo la escala, insiste Puleston Jones.

“Queremos que los mercados de carbono sean tan negociables como los mercados de acciones, los mercados de derivados, los mercados de deuda o los mercados de materias primas”, afirma. Eso requiere “confianza, certidumbre e integridad”.