El consumo energético del bitcoin disparó todas las alarmas en los últimos meses, después de que se constatara que su aumento de 2016 a 2021 le llevó a utilizar más energía que algunos países soberanos. Y ante estas revelaciones, la lupa reguladora se ha fijado en la contención de su minado.

El Estado de Nueva York — que de acuerdo a los datos recogidos por el Centro de Finanzas Alternativas de Cambridge acapara casi el 10 por ciento de tasa de minado de unos Estados Unidos que representan casi el 38 por ciento del total mundial —, decretó esta semana una medida pionera que puede afectar al futuro bitcoin.

La gobernadora del Estado norteamericano en el que se encuentra la isla de Manhattan, la demócrata Kathy Hochul, firmó el martes una moratoria de dos años sobre el reparto de nuevas licencias a operaciones de minería de criptodivisas alimentadas con combustibles fósiles.

Una medida que también vetará la renovación de estas licencias para compañías que ya estén operando dentro del Estado, a no ser que estas demuestren que sus fuentes de energía provienen exclusivamente de energías renovables.

Restricciones todas ellas que, si bien no implican la interrupción inmediata del minado por parte de empresas operativas dentro de la región, ponen el acento sobre la preocupación medioambiental que genera el funcionamiento del bitcoin.

Este cerco regulatorio, además, reaviva el miedo no solo a que otros estados norteamericanos sigan su ejemplo, sino también a que lo hagan otras entidades soberanas, como la Unión Europea, que ya abogó por la prohibición del proof-of-work durante los debates previos a la aprobación del texto definitivo de la ley Mica.

El bitcoin sufre por una metodología de minado repudiada por el ether

La medida aprobada en Nueva York terminó por implementarse, según comentó la gobernadora Hochul, para evitar el aumento de las emisiones en una región al norte del país en la que, en los últimos años, se habían instalado muchas empresas de minado de bitcoin, debido a la disponibilidad de antiguas centrales eléctricas y centros de fabricación con infraestructura eléctrica sin utilizar.

Y a pesar de las oportunidades empresariales brindadas por este aprovechamiento de viejas infraestructuras, que agitaron durante meses el debate sobre la conveniencia de aprobar esta moratoria, la líder norteamericana acabó plegándose a la presión de un mercado que, como se mencionaba anteriormente, mira con preocupación a las emisiones generadas por la tecnología de la criptomoneda.

En Europa, por ejemplo, el texto final aprobado para la ley Mica de regulación de los criptoactivos no prohibió el minado de bitcoin y otras criptomonedas que utilizan la metodología de proof-of-work, pero si apuntó que los actores del mercado de criptoactivos deberán declarar información sobre su huella ambiental y climática, y se dio un margen de otros dos años para decidir si aplicaba normas similares a las establecidas en Nueva York.

"En el plazo de dos años, la Comisión Europea tendrá que presentar un informe sobre el impacto medioambiental de los criptoactivos y la introducción de normas mínimas obligatorias de sostenibilidad para los mecanismos de consenso, incluido el proof-of-work", se puede leer en el texto del organismo continental.

Una introducción de medidas contrarias a esta metodología de minado que no solo meten presión a un bitcoin que sigue cotizando en torno a los 16.000 euros tras el desplome de FTX, sino que también inclinan la balanza de perspectivas de futuro ligeramente a favor del ether, después de que el criptoactivo realizara su fusión a una red 2.0 que redujo su consumo de energía en un 99 por ciento, recibiendo el aplauso de la industria.

Así pues, el cerco regulador se estrecha sobre el bitcoin, y su supervivencia en un marco de supervisión listo para acelerars después del colapso de FTX, apunta a dos caminos: el uso intensivo de energías renovables, o la transición hacia una nueva forma de minado.