El foco de la COP 27 celebrada en Egipto estuvo centrado, en gran medida, en cómo financiar a los países emergentes que más sienten el impacto del cambio climático.

Estas naciones, no obstante, también son algunos de los que más están sufriendo el momento global de debilidad de las divisas, planteando la pregunta de cómo puede financiarse esta lucha contra el cambio climático, en una época de crisis del dinero.

Egipto, por ejemplo, que es el país en el que se celebra la cumbre climática internacional de este año, devaluó el mes pasado su moneda, la libra egipcia, extendiendo la caída de esta en lo que va de año hasta cerca del 36 por ciento.

Y teniendo en cuenta que los programas de rescate a los que se acogió el país en la última década ascendieron a los casi 130.000 millones de dólares, que equivalen a un tercio de la renta nacional, la duda no es cómo puede Egipto pagar parques eólicos y plantas de desalinización, es si tiene suficiente efectivo para pagar sus importaciones de trigo.

Un contexto adverso para hacer frente al cambio climático

A pesar de que la política y la tecnología para hacer frente al cambio climático han mejorado en los últimos años, el panorama financiero se ha deteriorado.

El aumento de los tipos de interés que se está viviendo en estos momentos es especialmente perjudicial para las energías renovables, cuyos costes se encuentran en la fase de construcción y deben financiarse con deuda durante años.

La Agencia Internacional de la Energía, por ejemplo, señaló el mes pasado que si se redujeran los costes de los préstamos en un 2 por ciento en los mercados emergentes, se ahorrarían 15 billones de dólares del coste de llegar a la energía neta cero.

El escenario actual, no obstante, va en dirección contraria, porque el aumento de los precios de los alimentos y los combustibles fósiles también empeora las cosas para el gran número de economías emergentes que no son autosuficientes en esas materias primas, incrementando sus facturas de importación y agotando sus reservas de divisas, antes siquiera de que puedan pensar en grandes inversiones en el extranjero.

El hecho de que el valor del dólar siga rondando niveles récord, además, empeora aún más las cosas, al empujar los proyectos de energías renovables financiados en dólares hacia el impago.

La COP 27 eleva unas estimaciones que ya estaban lejos de cumplirse

"El entorno macroeconómico preocupa a nuestros inversores", afirmó Mikkel Torud, director financiero de Scatec ASA, una empresa noruega que invierte en proyectos de energías renovables. "Nuestro coste de capital está subiendo y vemos que este tipo de proyectos exigen mayores primas de riesgo".

Existen, no obstante, formas bien establecidas de gestionar estos riesgos. Tener varios proyectos en diferentes países reduce la exposición del promotor a los gobiernos individuales. Asociarse con instituciones multilaterales como el Banco Mundial también permite a los prestamistas estatales o cuasi estatales asumir los peores riesgos políticos y monetarios, creando un entorno más atractivo para los inversores privados.

Pero estas medidas no son suficientes, porque todavía no se ha alcanzado el objetivo fijado hace 13 años de aportar 100.000 millones de dólares anuales de financiación climática a los países en desarrollo, y porque además, los últimos informes emitidos durante la COP 27 abogaban por elevar esa cifra hasta el billón de dólares.

La financiación que hay, además, depende abrumadoramente de los Estados, cuando una situación ideal sería aquella en la que, por cada 20 dólares de financiación estatal y multilateral de alto riesgo y baja rentabilidad, se movilizaran otros 80 dólares de inversión privada.

En la práctica, la proporción es más bien la contraria, como demuestran los 66.000 millones de dólares en financiación pública para el clima que se necesitaron, en 2019, para atraer unos 14.400 millones de dólares de dinero privado.

El problema de atraer financiación a proyectos poco rentables

Algunos expertos argumentaron, además, que es poco probable que incluso un mecanismo de financiación internacional que funcione a pleno rendimiento, como puede ser la compensación por pérdidas y daños que se está intentando cerrar esta semana, proporcione a los países más pobres las herramientas que necesitan.

Porque el foco de estos países no debe estar en construir parques solares o eólicos, dado que estas naciones no son las principales responsables de emitir gases nocivos.

La necesidad mucho más latente en esos lugares es la inversión conocida como de "adaptación". Aquella que sirve para construir muros marinos contra la subida del mar, o tecnologías de cultivos resistentes a la sequía, que les permitan hacer frente a los efectos del cambio climático, en vez de centrarse en detener su avance, que debe ser preocupación de las grandes potencias.

Y si las dificultades para llevar el dinero de proyectos de mitigación a los países de bajos ingresos son considerables, la financiación de la adaptación es casi irrealizable. Y la razón es simple: este tipo de proyectos rara vez son invertibles, incluso en los países ricos con sofisticados sistemas financieros y regulatorios.

Por eso la mayor parte del gasto en infraestructuras, en cualquier gran potencia, lo realizan los gobiernos, o al menos, las asociaciones público-privadas. En los países más pobres, casi no hay posibilidades.

Una realidad que reflejó el pasado agosto el economista de Barbados y asesor de su Primera Ministra, Avinash Persaud: "Las inversiones más importantes para la adaptación al clima, como las defensas contra el nivel del mar y las inundaciones, no suponen una fuente de ingresos sustancial para el sector privado".

Las posibles soluciones al problema de la financiación

Por ello, para aliviar la presión añadida que suponen los cambios de divisas, Persaud sugirió utilizar la moneda no oficial del FMI, los Derechos Especiales de Giro.

De esta manera, argumentó el de Barbados, se podrían asumir más riesgos y atraer más dinero privado, así como una tasa sobre las emisiones similar a la tasa aplicada sobre las importaciones de petróleo, que financia el Fondo Internacional de Compensación de la Contaminación por Hidrocarburos, una institución que lleva mucho tiempo pagando los costes de limpieza tras los vertidos de los petroleros.

Los prestamistas multilaterales también podrían, sin duda, asumir un papel más protagonista en esta batalla. El Banco Mundial, por ejemplo, que en esta cumbre aprovechó para pedir más financiación a las grandes potencias, no dejó de financiar el petróleo y el gas en 2019.

Y su actual presidente, David Malpass, se ha equivocado en cuestiones tan básicas como discernir si los combustibles fósiles están calentando la atmósfera.

Otro posible mecanismo podría extraerse de las medidas aplicadas por la industria del petróleo y el gas.

Su secreto es que la mayor parte de su producto se vende en los mismos mercados donde se obtiene la financiación. Si su financiación y sus ingresos están en dólares, una crisis monetaria no deriva en el desplome de su mercado. De hecho, puede incluso hacerlo más competitivo, al disminuir los costes en moneda local.