La familia de la deuda sostenible que está creciendo con más fuerza abre un nuevo debate sobre los límites de la ESG en bonos soberanos.

Chile se convirtió el mes pasado en el primer estado en emitir bonos ligados a objetivos de sostenibilidad, que vinculan los tipos de interés de la deuda con la consecución de objetivos éticos.

Es una modalidad cuyo uso ya se ha disparado entre las empresas, provocando que las colocaciones el año pasado aumentaran un 800 por ciento, a 108.000 millones de dólares. Algo que está animando a otros países a mirarlos como una alternativa de financiación. Por ejemplo a Uruguay, Turquía y Pakistán.

A estos bonos se les relaciona con una forma de incentivar la acción climática, y que se cumplan los objetivos medioambientales de los países, en un contexto en el que las emisiones van en aumento.

El Banco Mundial es uno de los que impulsan estas emisiones, para reducir el riesgo de futuros impagos de deuda y mejorar la resiliencia de los países al aumento de las temperaturas globales.

Sin embargo, aplicar el formato a los gobiernos plantea problemas espinosos y desafíos, que van desde cómo de ambiciosos son los objetivos, hasta el dilema democrático de comprometer unos objetivos que el próximo gobierno del país podría rechazar.

Son aspectos prácticos que probablemente podrían limitar a quienes sigan los pasos de Chile y están creando divergencias entre países y empresas dentro de un mercado, valorado en 4 billones de dólares, como es el de la deuda sostenible.

Los compromisos marcados en la deuda pueden condicionar al siguiente gobierno

“La elección de indicadores de desempeño en deuda soberana crean desafíos adicionales, que no se encuentran en el espacio corporativo", apunta Juan G. Giráldez, socio de la firma de abogados Cleary Gottlieb, que participó en el acuerdo de Chile.

“Estás comprometiendo al país financieramente a unos a objetivos a largo plazo, por lo que los objetivos deben tener una amplia aceptación que pueda soportar cambios en las administraciones políticas”, añade.

Si los vendedores de dicha deuda no cumplen con sus requisitos ambientales o objetivos sociales, tendrían que pagar intereses más altos.

En el caso de la emisión de Chile, el llamado step-up alcanza un máximo de un cuarto de punto porcentual. Es dilema para las instituciones financieras, muchas de las cuales también hacen negocios con los gobiernos en la venta y suscripción su deuda, que tendrían que penalizar a un estado si incumpliera, genera preocupación.

“Si das un paso adelante y penalizas a una empresa, es solo dinero de su beneficio. Pero si lo haces en el caso de un gobierno, estás tomándolo de los contribuyentes", reflexiona Anjuli Pandit, director de bonos sostenibles de HSBC Holdings EMEA y las Américas.

“Como inversor, ¿es realmente ético para usted reclamar ese dinero?", se pregunta.

Transparencia obligada

Informar sobre el progreso hacia los objetivos pactados también puede presentar obstáculos parar los países, dado que es necesario recopilar numerosos datos de todos los sectores económicos.

La emisión de Chile, por ejemplo, marca objetivos para 2030, pero los inversores no podrán saber si se han alcanzado hasta 2033, apunta Anne van Riel, jefe finanzas sostenibles para las Américas en BNP Paribas.

Eso significa que no se producirá ningún incremento en los pagos de intereses hasta 2034, amortiguando la sanción financiera, que, según Morgan Stanley parece suave si se compara con los objetivos que se marcan para la deuda corporativa.

El otro desafío es la posibilidad de que se produzca un cambio de gobierno que no esté de acuerdo con los objetivos medioambientales o sociales que ha marcado su antecesor. En ese caos, los inversores en bonos podrían estar en desacuerdo con un gobierno elegido democráticamente.

Un ejemplo: el caso de México

Tomemos como ejemplo el Fideicomiso del Aeropuerto de la Ciudad de México, que anunció una emisión de 1.000 millones en bonos verdes en 2017 para ayudar a financiar la construcción de un nuevo aeropuerto en la capital de México.

Los bonos se derrumbaron el año siguientes cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se movió para cancelar el proyecto, argumentando que era un desperdicio de dinero.

En el caso de que se hubiera emitido un bono ligado a objetivos de sostenibilidad, un nuevo régimen podría optar por pagar solo el aumento de 25 puntos básicos, según Stephen Liberatore, jefe de ESG e Impacto para Renta Fija Global en Nuveen.

En contraste, las emisiones ligadas al uso de los fondos (por ejemplo la deuda verde) "tiene muchas más fortalezas
asociadas porque al menos sabes dónde se ha invertido y es algo que se puede rastrear", añade Liberatore, que gestionad 18.000 millones en activos, pero que no estaría planeando invertir en deuda soberana ligado a objetivos de sostenibilidad en el corto plazo.

Algunos banqueros piensan que es mejor que los préstamos soberanos diverjan de los modelos que se utilizan en la deuda corporativa a medida que se desarrolle el mercado.

Una alternativa sería reducir el cupón si se cumplen los objetivos

Pandit, desde HSBC, aboga por la incorporación de cupones reductores, lo que realmente sería una recompensa de los bonistas a las empresas. No obstante, es una estructura de deuda rara.

El foco de atención de los inversores ahora se está centrando en lo que otros los países podrían hacer. El hecho de que naciones como Pakistán o Uruguay han estado hablando de bonos vinculados a la sostenibilidad durante más de un año sin debutar, demuestra que lograr la estructura correcta no es algo simple.

“Para la deuda soberana es una reto si puede estar sujeta a un aumento de cupón”, avanza van Riel de BNP Paribas, quien participó en el debut de Chile.

“Dicho esto, el ejemplo de Chile demuestra que esto no es un impedimento para que una emisión de deuda soberana ligada a objetivos de sostenibilidad sea exitosa", añade.