No está siendo un mes de junio tranquilo para Repsol. En pocos días ha visto a S&P degradar su calificación ESG, a Sacyr vender lo que le quedaba de su histórica participación en la petrolera, a Amancio Ortega ganar puntos como un posible socio para la división 'verde' y a EIG Partners como posible comprador de una participación del 25 por ciento en el área de exploración y producción. Muchos titulares.

Entre todos los protagonistas, el más desconocido es el último, EIG, excepto para los inversores de Abengoa y para los seguidores de la ESG. El fondo es un jugador que hace años que adoptó estos criterios -en 2010- y que cuenta con una particular forma de invertir.

Mezcla activos limpios en emisiones de gases de efecto invernadero -aquellos especializados en renovables-, con activos sucios -entre los que se encontraría la posible alianza con Repsol-.

Tras el acuerdo mundial de la COP 26 sobre el metano, EIG se ha confirmado como un defensor declarado de la lucha contra este gas, del que la industria del gas y el petróleo es uno de sus principales emisores. El metano es uno de los gases de efecto invernadero más potentes.

EIG se ha comprometido a implicarse en que sus participadas reduzcan las emisiones de metano

Así, en enero, afirmaba que uno de sus compromisos cuando tomara posiciones en activos emisores sería promover que se redujeran sus emisiones.

"EIG cree en la inversión basada en principios en toda la cadena de valor del sector energético y en que se deben reducir las emisiones procedentes de las infraestructuras de combustibles fósiles", señalaba a principios de año.

No obstante, no es un 'negacionista' de los combustibles fósiles. Cree en el papel del gas como una pieza necesaria para la transición hacia las energías limpias y que este será un proceso a largo plazo.

Un posicionamiento que cuadra con la estructura de su cartera, en la que Repsol encajaría. EIG cuantifica en su lista de inversiones más de 10 posiciones en empresas y activos del sector de exploración y producción.

Un cartera mixta entre lo sucio y lo limpio

EIG Partners es un inversor muy enfocado hacia la energía, que hace una década asumió criterios ESG y que cuenta con una cartera atípica para lo que podría ser un inversor de perfil ESG, justo por esa dualidad entre empresas expuestas a negocios contaminantes y otras que desarrollan energía verde.

Así, además de contar con participaciones en activos de transporte de gas y petróleo -uno de los más emblemáticos sería Aramco Oil Pipelines Company, que cuenta con los derechos de transporte de Aramco-, invertiría en empresas especializadas en generación renovable como la india Greenko, la española Forestalia o Seagreen, que está desarrollando el "mayor" parque eólico marino en Escocia, según se autodescribe la compañía.

En paralelo, cuenta con varias empresas especializadas en gas y petróleo en su cartera, que van desde la estadounidense Chesapeake a Crown Oil o a Four Point.

La compra de una cuarta parte del negocio de exploración y producción de Repsol cuadraría con otro objetivo que se le pide a los fondos del perfil de EIG: ayudar a las petroleras y otros sectores relacionados con la emisión de gases contaminantes -como las eléctricas con generación de carbón o las mineras- a ir evacuando 'stranded assets'.

Los 'activos varados' o 'activos tóxicos' son aquellos que a corto, medio o largo plazo perderán todo su valor porque dejarán de utilizarse cuando se logre la transición energética. Para las petroleras, son sus reservas petróleo y de crudo, que, en teoría estarían condenadas a muerte si se logra la descarbonización de la economía.

Y para acelerar la transición de los sectores clave, una de las estrategias es recomprar este tipo de activos inyectando liquidez en las compañías vendedoras para acelerar transición energética -lo que parece que quiere hacer EIG-.

La otra consecuencia es que, como socio, puede 'velar' para que las inversiones en el área de producción y exploración se reduzcan y ese objetivo también figuraría dentro de la lista de EIG.

Aunque se quedara como minoritario en el capital, con un 25 por ciento de las acciones, su capacidad de influencia en la división de exploración y producción sería muy elevada.

La paradoja del precio

El hándicap de la operación es el precio. Uno de los atractivos de los 'stranded assets' es que al contar con fecha de caducidad, su precio debería contemplar un descuento. Pero la fuerte subida del petróleo y el gas, primero alimentada por la reactivación tras los cierres de actividad de la pandemia y luego por la guerra en Ucrania, complica una venta a precio de descuento.

Repsol, según Expansión, estaría reclamando unos 4.500 millones por el 25 por ciento del negocio de exploración y producción. Eso significa valorarlo en al menos 18.000 millones, aunque la cifra también incluiría la deuda.

Un precio que no parece especialmente bajo, ya que actualmente equivaldría al 44 por ciento del valor total de Repsol, que incluyendo la deuda y la capitalización, rondaría los 40.900 millones de euros.

Hace unos años la situación hubiera sido muy diferente. Repsol se vio obligada en 2020 a hacer una fuerte depreciación del valor de sus activos por la caída del precio de los hidrocarburos y también por el proceso de descarbonización mundial. Aquellos ajustes le llevaron a perder más de 3.000 millones durante aquel ejercicio.