Lograr un futuro descarbonizado y sostenible para 2050. Un mantra que ha golpeado de lleno a industrias como el petróleo, el gas o el transporte, dada su relevancia en los procesos de transición climática, y que también llega al sector inmobiliario e indirectamente al constructor.

A medida que la transformación del sistema energético avanza en Europa, los activistas ambientales, consumidores, reguladores y también los inversores extienden estas responsabilidades a otros sectores que dependen de los hidrocarburos, como es el caso del mercado inmobiliario.

ShareAction recoge en su último informe ‘Decarbonising Real Estate’ la importancia de este sector para lograr la adaptación al Acuerdo de París e insiste en que nueva hoja de ruta regulatoria que están impulsando la Comisión Europea y el Reino Unido fuerza al sector a dar pasos en este aspecto y que también les hace colocarse en primera línea de batalla del activismo climático.

La Comisión Europea y Reino Unido ponen en marcha regulaciones para descarbonizar el sector en 2050

Para la economía española, con una larga historia de dependencia de la industria de la construcción e inmobiliaria, y también para el IBEX ese giro es relevante.

El principal índice de la bolsa española cuenta con varios representantes relacionados de una manera u otra con este sector -Meliá, Merlín, ACS, Ferrovial o Acciona o Inmobiliaria Colonial- y algunos de ellos ya cuenta con comisiones específicas en el consejo sobre sostenibilidad, en una temática que se va a convertir también en una clave para ellos.

De hecho, Share Action ya está lanzando una serie de recomendaciones para los inversores presentes en el capital comiencen a hacer presión a sus participadas.

Muy en línea con las exigencias para otras industrias, por ejemplo, aconseja tratar de empujarlas a que fijen una hoja de ruta clara hasta las cero emisiones en 2050; con objetivos intermedios y un plan de acciones claros.

Urge un plan de acción ambicioso

La industria inmobiliaria es una de las grandes consumidoras de materiales como el acero o el cemento, que combinados, son los responsables del 10% de gases de efecto invernadero (GEI) emitidos a la atmosfera, de acuerdo con Share Action.  

De igual forma, el uso de energía en este sector representa más de un 17% de las emisiones globales totales, de las cuales casi un 11% proviene de edificios residenciales y más de un 6% de edificios comerciales.

A pesar de que la eficiencia energética de los edificios ha mejorado (por metro cuadrado), las emisiones totales han aumentado en más de un 25% en las últimas dos décadas a medida que se ha incrementado la demanda de las viviendas.

Lo que, para el grupo activista, pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo un plan de acción sólido que ayude a reducir las emisiones de los edificios durante los próximos treinta años para cumplir las condiciones del Acuerdo de Paris, uno de los principales catalizadores de la transición climática.

En lo que respecta a la Unión Europea, también es la responsable de un 40% del consumo de energía y, en consecuencia, de un 36% de sus emisiones, por lo que, impulsar la descarbonización en este sector supone un gran desafío.

Regulaciones previstas

Según el último informe de ShareAction, ‘Decarbonising Real Estate’, las normativas más recientes previstas tanto por la Unión Europea y el Reino Unido con respecto a sus compromisos climáticos tienen un gran alcance tanto para el propio sector como inversores que aportan capital.

Por esta razón, a grosso modo las distintas normativas que se llevan esbozando desde el 2020, definen la necesidad de nuevas construcciones sujetas a restricciones ‘Net Zero’ y la remodelación de los edificios ya existentes.

En el mes de julio del 2020, la taxonomía europea estableció actividades, que pueden considerarse sostenibles, dentro del Plan de Acción de Finanzas, y que actualmente se está definiendo de forma más exhaustiva.

Un paquete de acciones que deben “divulgarse como un porcentaje de la cartera de inversor, mejorando el escrutinio del propietario de los activos”, cuyos criterios incluyen “estándares estrictos para edificios ecológicos”, defiende este grupo pro clima.

Ese mismo año, bajo el nombre de ‘Nivel o niveles’, también se pusieron en marcha pautas voluntarias “para adoptar un enfoque de ciclo de vida para los edificios sostenibles, proporcionando estándares de descarbonización y sostenibilidad” que van “desde el diseño, la construcción y la renovación”.

Igualmente, ese año, la Unión Europea lanzó el plan de acción ‘Ola de renovación’, un plan que pretendía duplicar “al menos la tasa anual de renovación energética de edificios residenciales y no residenciales para 2030”, con el objetivo de fomentar “renovaciones energéticas profundas”, explica Share Action.

Este paquete de medidas pone el foco en el 85-95% del parque de viviendas actual que todavía existiesen en 2050 a través de subvenciones y otros incentivos.

Con objetivos más a largo plazo (2020-2050), la Directiva de eficiencia energética de los edificios es una de las regulaciones de la Comisión encargada de dictar que todos los inmuebles nuevos deben ser “edificios de consumo casi nulo" - definidos por la Comisión Europea como edificios NZEB-, además de que "todo el parque debe alcanzar los objetivos de eficiencia energética en línea con los planes de descarbonización de la Unión Europea".

Comisión Europea persigue en los nuevos edificios sean casi nulos en emisiones

Para este año, la misma institución ha programado la revisión de la EU ETS -sistema de límites máximas de comercio para reducir las emisiones de carbono vinculadas a la calefacción y refrigeración de los edificios-.

Con esta revisión, la Comisión Europea pretende fijar el precio de más carbono en los edificios, con el fin de lograr los objetivos de 2050.

Por último, para 2023, tanto la Unión Europea como Reino Unido prevén poner en marcha el Reglamento de productos de construcción. Una normativa que pretende reducir las emisiones del ciclo de vida completo de los edificios.

De igual forma, en su revisión, la entidad geopolítica aspira “incorporar el uso de materiales de construcción sostenibles”.

Si bien, muchas de estas metas han sido voluntarias en los últimos años, incluyendo el ‘Código de viviendas sostenibles’, para alcanzar las emisiones netas, es probable que se reintroduzcan dichos códigos en hogares con el mismo fin.

Por esta razón, en lo que respecta a Reino Unido, sus próximos pasos exponen que introducirán incentivos ecológicos en forma de Green Homes Grant y Future Homes Standard.

La finalidad de este propósito es que las viviendas deberán “estar listas para cero emisiones en carbono” y dispongan "entre un 75% y un 80% menos de emisiones de dióxido de carbono que las construcciones que se rigen por los estándares actuales”.

¿Posibles consecuencias?

En la carrera por lograr la descarbonización de este sector en 2050, la reducción de las emisiones deben coincidir con los objetivos establecidos por la Unión Europeos, por los que los estándares previstos deberán ser más ambiciosos.

Mientras el sector sigue esbozando las regulaciones, las normativas ya impuestas suponen un peligro en otros frentes.

Según el informe de ShareAction, si los edificios no cumplen con los estándares previstos, es probable que "su valor de reventa disminuya a un nivel en el que el activo pueda considerarse como 'estancado'"; es decir, que los "ingresos por alquiler también pueden verse afectados si se impide a los propietarios alquilar una propiedad que no cumpla con los estándares ambientales".

Un desafío en el que lo inversores deberán posicionarse para evitar consecuencias, pero en el que también podrán "aprovechar las nuevas oportunidades resultantes de esta transición" y, por ende, "participar en un futuro neto en carbono".

Por otro lado, Share Action apunta que si bien la presión regulatoria desestabilizará el "statu quo" del sector, dado que en la etapa de transición habrá que realizar un desembolso importante de dinero, a largo plazo, los edificios sostenibles albergarán "un potencial económico significativo".