Toque de atención del activismo climático a la Comisión Europea, que se suma a los que llegaron hace semanas desde la industria de la inversión responsable.

Investor Group on Climate Change (IGCC) envió este miércoles una carta abierta a los estamos miembros de la Unión Europea, solicitando la exclusión del gas en el acto delegado que desarrolla la taxonomía de actividades sostenibles y cuya propuesta presentó la Comisión Europea el 1 de enero.

IGCC, con alrededor de 370 integrantes, que gestionan activos valorados en 50 billones, mostró su “firme oposición” al borrador presentado por Bruselas a comienzos de año, en el cual instaba a incorporar el gas y la energía nuclear en la clasificación, por considerarlas fuentes de generación necesarias para afrontar la transición energética.

Los planes concretos sobre el gas chocan frontalmente, según este grupo, con los planes para la descarbonización y la transición ecológica propuestos por la Unión Europea.

Ruptura del ciclo del dinero hacia actividades sostenibles

Según IGCC, el “propósito fundamental de la taxonomía” es permitir que el capital se canalice hacia actividades económicas que sean totalmente compatibles con el compromiso europeo de neutralidad de carbono para 2050 y la reducción de emisiones contaminantes para finales de esta década.

Para ello, los activistas sostienen que las directrices son claras y se aferra a las indicaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que ha pedido que la demanda de gas se reduzca al menos un 8 por ciento para 2030 sobre los niveles de 2019; y en más de la mitad para 2050.

Además, la AIE demandó que las plantas energéticas de generación de gas natural deberán ser eliminadas para el año 2035.

Algo que presenta un dilema económico para las gestoras de activos. “En pocas palabras, no hay presupuesto de carbono para nuevas inversiones en gas natural”, afirman en IGCC.

Y acuden al artículo 10 del Reglamento de la taxonomía europea, que proporciona a Bruselas “un mandato para desarrollar una Ley sobre el Clima que detalle los criterios de selección para determinar qué actividades económicas contribuyen significativamente a la mitigación del cambio climático”. Un claro mensaje para evitar caer en el denominado ‘greenwashing’.

En lo referente al gas, estos criterios de selección muestran que el umbral de emisiones debe permanecer por debajo de los 100 gramos de dióxido de carbono (CO2) para lograr “hacer una contribución sustancial a los objetivos climáticos de la taxonomía”. Son los límites que también han fijado taxonomías como la rusa o la china.

El gas “socavaría” la credibilidad de la europea

La plataforma activista se muestra tajante en su posición sobre el gas. “La inclusión socavaría la credibilidad de la taxonomía, así como el propio compromiso de la UE”, afirma Stephanie Pfeifer, consejera delegada de IGCC.

A su juicio, para los inversores institucionales, incluir el gas limitaría su capacidad a la hora de alinear las carteras o sus inversiones con los Net zero. “Crea un precedente inútil y enturbia las aguas para inversores que buscan hacer lo corrector”, afirma Pfeifer.

Si se incoporara el gas, también se “corre el riesgo de canalizar niveles de capital hacia iniciativas que socavan un futuro sostenible”, según explica Will Martindale, director de sostenibilidad del grupo Cardano, una de las gestoras que pertenecen a IGCC y encargas de la elaboración de la carta remitida a Bruselas.

“Muchos inversores, tanto propietarios como administradores de activos, están tratando de trazar un rumbo que respalde un futuro de 1,5 grados [en referencia al incremento máximo de temperatura contemplado en la transición ecológica]”, sostiene Martindale.

De acuerdo con este analista, incluir el gas crearía “un dolor de cabeza innecesario” para inversores alineados con los objetivos climáticos.

“Esta [la taxonomía de la UE] es una legislación histórica que marca la pauta inversora a nivel mundial. Las ramificaciones no pueden olvidarse cuando los legisladores tomen su decisión final”, detalla Martindale.

“Las propuestas perjudicarían gravemente comprometer el estatus de Europa como líder mundial en finanzas sostenibles, lo que podría desencadenar una ‘caída en picado’ y diluir la ambición climática dentro de las taxonomías jurisdiccionales emergentes”, concluyen en IGCC.