Nueva vuelta de tuerca a cómo el activismo puede causar dolores de cabeza a las compañías. Sobre todo a las energéticas tradicionales por lo que considera falta de compromiso real en la transformación de su negocio hacia alternativas menos contaminantes.

En este caso, Australasian Centre for Corporate Responsibility (ACCR) ha presentado una demanda ante la Justicia contra la segunda mayor compañía de gas del país, la energética Santos. 

Un movimiento, que según el grupo activista, es pionero a la hora de poner en entredicho la validez legal de los planes de descarbonización de una compañía y que podría convertirse en precedente para otras empresas en pleno proceso de transformación hacia las cero emisiones.

El antecedente de Royal Dutch Shell

En realidad ya hay más acciones de características similares. Esta misma primavera, la Justicia holandesa determinó que Royal Dutch Shell tiene la responsabilidad legal de reducir las emisiones de CO2.

En concreto, el Tribunal de La Haya que vio el caso determinó que los compromisos de la petrolera de cara a su transformación no eran suficientes. Por ello, le instó a reducir sus emisiones en un 45% en 2030 y a fijar una hoja de ruta para conseguirlo. 

En el caso del grupo australiano Santos, éste se ha marcado el objetivo de ser cero emisiones de gases con efecto invernadero en el año 2040. Es decir, antes de la meta global de llegar a serlo en 2050. 

Una meta de descarbonización con matices

Un compromiso que incluye el uso de herramientas como la captura de carbono, el almacenaje de CO2 e iniciativas de otro tipo, como plantar árboles. 

Proyectos que son cuestionados en la citada demanda por su viabilidad como verdaderas herramientas para transformar una de las industrias con mayores emisiones de CO2.

Según la Australasian Centre for Corporate Responsibility en el trasfondo de este caso está también la viabilidad y el impacto del denominado ‘hidrógeno azul’, por el que también apuesta la energética australiana.

Este tipo de hidrógeno emplea el gas para la electrolisis, el proceso de separación del hidrógeno; mientras que en el ‘verde’ se utiliza energía de origen renovable, lo que minimiza su impacto de CO2. 

"Santos ha llevado a cabo un ejercicio de ‘greenwashing’, que no va en favor de los intereses de los accionistas'', asegura el responsable de ACCR, Dan Gocher.

"Cada vez es más difícil diferenciar entre empresas que están llevando a cabo acciones reales hacia la descarbonización de aquellas que se basan en tecnologías cuya efectividad no está probada", añade Gocher en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Operación corporativa en marcha

Además de técnicas de captura y de almacenaje de CO2, la energética Santos también tiene por delante planes para acelerar en la extracción de gas, que conlleva el almacenaje de CO2 en pozos subterráneos de gran profundidad. 

Una acción que supondría el almacenaje de hasta 1,7 toneladas de dióxido de carbono, según recoge Bloomberg y que, según la firma activista, conlleva un volumen importante de emisiones de gases de dióxido de carbono y de metano.

Como comparación, en todo el ejercicio 2020, las emisiones de gases con efecto invernadero del grupo australiano alcanzaron los 5 millones de toneladas equivalentes de CO2.

Este movimiento en los tribunales llega además en un momento complejo para Santos que está inmersa en negociaciones de fusión con Oil Search, con el objetivo de crear uno de los mayores 20 productores mundiales de gas y petróleo. Juntas tendrían una capacidad de producción equivalente a 120 millones de barriles de crudo.

Para Santos, este es un ejercicio relevante, también, porque ha dejado atrás los números rojos del pasado año. En el primer semestre, su resultado antes de impuestos alcanzó los 354 millones de dólares, frente a las pérdidas de 289 millones del mismo periodo de 2020, en pleno impacto por la crisis del Covid.