El salto de la inversión sostenible del inversor institucional al inversor particular, que se espera dé un importante paso adelante este año, plantea cada vez más hándicaps para los inversores que no sean expertos en normativa y contabilidad sostenible.

La crisis entre países provocada por la subida del precio de la electricidad ha politizado lo que tendría que haber sido una clasificación apoyada únicamente en criterios científicos –la taxonomía de actividades sostenibles-, complicando la transparencia de la industria de la inversión sostenible; donde la información pública que tendrán que presentar ligada a la sostenibilidad ganará complejidad si el gas y la energía nuclear finalmente se consideran verdes.

La batería de medidas ‘antigreenwashing’ que la Comisión Europea ha propuesto incluir tanto en la documentación de todos los fondos ‘sostenibles’ como en la que presenten las empresas cotizadas, hará todavía más compleja la información a presentar y, con ello, podría también complicar el proceso de venta de este tipo de productos, especialmente a minoristas.

La propuesta de Bruselas añade complejidad a la información financiera de fondos y cotizadas

El objetivo de Bruselas con esas ‘salvaguardas’ es evitar el riesgo de greenwashing, pero el efecto podría ser el contrario dada la dificultad para trasladar dichos conceptos a los pequeños inversores.

Sostenibles sí, pero con ‘parches’

La propia Comisión Europea de alguna forma ha dejado entrever que es consciente de que su propuesta de incluir el gas y la energía nuclear dentro de la clasificación de las actividades sostenibles es una manera de corromper el Reglamento de Taxonomía.

Tanto es así que en su propuesta incluye algunos mecanismos para evitar que los productos de inversión expuestos a estas energías -y también las empresas cotizadas- parezcan más verdes que otros que invierten en la clasificación que actualmente está en vigor.

Quiere que los fondos de inversión especifiquen exactamente la exposición a estas dos energías y después al resto de las actividades consideradas verdes dentro de la taxonomía con el objetivo de que los inversores estén bien informados (y necesariamente formados para comprender una alineación tan compleja).

Las empresas cotizadas, que están estrenando esta temporada de resultados obligaciones en materia de información ligada a la sostenibilidad, también tendrán que diferenciar que parte de las magnitudes financieras (capex, opex e ingresos) provienen de actividades ‘verdes’ sin tener en cuenta el gas y la nuclear.

Para añadir más dificultad habrá que diferenciar todas las magnitudes obtenidas dentro y fuera de la Unión Europea.

La Plataforma de Finanzas Sostenibles, que ha asesorado a la Comisión Europea en la puesta en marcha de la taxonomía, y que rechazan la inclusión del gas y la nuclear en ella, también han insistido en el enorme grado de complejidad que añade a la información pública sostenible.

Mayor dificultad

Entre sus muchas apreciaciones y críticas a la norma presentada por Bruselas para tratar de contentar a Francia y a Alemania, la complejidad y la falta de alineación internacional es una de sus peticiones.

“Los criterios se limitan a las actividades de la UE y para la energía nuclear en particular no se aplicable internacionalmente, lo que agregará complejidad a los informes corporativos y de productos financieros”, señala en su informe.

Dado este grado de dificultad recomienda a la Comisión Europea que la adopción de estos requisitos se posponga al menos hasta el principio de 2024 o al menos “doce meses tras la aprobación del borrador”, señala.