Los cambios normativos que entrarán en vigor el próximo agosto están animando a las gestoras a volcar esfuerzos en el lanzamiento de productos que cuenten con la categoría sostenible más alta.

La Comisión Europea aprobó el 2 de agosto del año pasado un paquete que modifica las normativas IDD, Solvencia II, UCITS, AIFMD y MiFID II; siendo este último apartado de vital importancia para la inversión responsable. 

El principal cambio tiene que ver con los denominados tests de idoneidad. Desde agosto, cuando entren en vigor los cambios, las gestoras o entidades que presten asesoramiento deberán preguntar a sus inversores por sus preferencias de sostenibilidad.

Es decir, deberán responder sobre si quieren incluir lo sostenible en sus procesos de inversión, pero no todos los fondos artículo 8 cumplen con las exigencias necesarias para ser ofrecidos a través del test.

Algo que supone un desafío para muchas gestoras y que, en este contexto, están ampliando su gama centrándose en los fondos 'verde oscuro'.

El 'verde oscuro', útil para no equivocarse

El Reglamento de Divulgación (SFDR) europeo estipula dos categorías sostenibles para los productos financieros. Por un lado, el artículo 8, conocido coloquialmente como ‘verde claro’; por otro, el artículo 9 o ‘verde oscuro’, la ponderación más alta de la normativa europea.

Pese a que ambas denominaciones forman parte de la transición hacia la inversión responsable, existen diferencias en el número de productos disponibles. En España, según los últimos datos actualizados por la CNMV, de los 154 fondos de inversión declarados sostenibles, solo 7 declaran cumplir con las más altas exigencias de sostenibilidad. Una situación que también se da entre otros productos como los fondos cotizados, o ETFs.

“Parece lógico que las gestoras vayan centrando esfuerzos en lanzar artículo 9. El universo de los fondos y ETF disponible en el mercado todavía es muy pequeño en comparación con los artículo 8. Eso se deben fundamentalmente al tipo de estrategia”, explica Claudia Antuña, socia de Afi y experta en finanzas sostenibles.

Este es uno de los motivos por los que las gestoras están apostando por la gama más alta de sostenibilidad, pero no el único.

A su vez, las gestoras “cada vez se sienten más cómodas”, ofreciendo estrategias exigentes y ‘puristas’ en términos de sostenibilidad, explica Claudia Antuña.

También por la mayor demanda de los inversores. “El institucional cada vez más busca estrategias ISR más puras, a través de las cuáles pueda cuantificar la contribución o impacto a determinados objetivos sostenibles, o le permita materializar de manera más tangible sus propios intereses”, afirma la experta.

Por último, “efectivamente, MiFID está marcando el paso en la necesidad de desarrollar más productos sostenibles artículo 9”.

“El marco de la inversión se está aclarando para el inversor”, afirma Rocío Jaureguizar, especialista en inversión socialmente responsable en la gestora Pictet, una de las que más está apostando por el lanzamiento de nuevos productos sostenibles.

“Desde el 28 de febrero contamos con doce fondos bajo artículo 9, frente a diez anteriormente. Todos menos uno son fondos temáticos, con objetivos de impacto medioambiental o social positivo”, detalla. En total, los fondos sostenibles suponen más del 36 por ciento de los activos bajo gestión de la entidad.

“Ahora bien, si un fondo no tiene objetivo de impacto positivo no va a estar clasificado bajo artículo 9, sino donde le corresponda. Es imprescindible ser transparente con nuestros clientes sobre el grado de integración ESG. En el caso del artículo 9, hay que ser capaces de informar con las métricas de las que dispongamos a la espera de una futura homogeneidad”, explica la experta. 

Según sus cálculos, en tres o cuatro años el 90 por ciento de la renta variable europea será sostenible, por lo que la transparencia normativa es cada vez más importante.

Menores incentivos

Se trata de un tecnicismo. Las preferencias de sostenibilidad estarán vinculadas a inversión sostenible y no a producto sostenible. Algo que “cambia las reglas del juego”, argumenta Claudia Antuña. Principalmente, por la posibilidad de que la clasificación como artículo 8 “no sea suficiente para satisfacer las preferencias de sostenibilidad del cliente”.

El problema, reside, en los menores incentivos del artículo 9, según detalla Cecilia Siegbahn, experta senior en regulación ESG de Nordea Asset Management.

“Dado que MiFID no impulsa los fondos del artículo 9, no hay beneficios de tener un fondo. El artículo 9 nunca fue pensado como una clasificación, sino como una forma de saber qué información revelar en la documentación precontractual”, afirma la experta.

Nordea, por ejemplo, no sigue “necesariamente” la estrategia de una mayor apuesta por el artículo 9. “Sin embargo, somos inversores responsables y, como tal, nuestros productos cumplen con la normativa. Toda nuestra gama ESG Stars es elegible para MiFID”, detalla la analista. 

En cualquier caso, Cecilia Siegbahn apunta que los nuevos requisitos no suponen un obstáculo a la hora de crear un producto, pero las gestoras tienen la responsabilidad de “hacer un gran esfuerzo para proporcionar soluciones que cumplan con los requisitos”.

El flujo de capital, otra señal

Los flujos de entrada de capital en los fondos cotizados reflejan como los fondos artículo 9 van ganando terreno entre los inversores sostenibles.

En lo que llevamos de año, esta tipología ha captado algo más de 4.950 millones de euros, según datos de Bloomberg. Si bien sigue estando por debajo de los 5.700 millones captados por ETFs artículo 8, el crecimiento es mayor y dada la menor gama, las aportaciones medias por producto también son más altas.

En el último año, los flujos de los primeros han aumentado en un 40 por ciento en comparación con el 30 por ciento que ha crecido la entrada de capital en artículo 8.

BlackRock, el mayor inversor del mundo, inauguró 2022 con el lanzamiento de dos fondos climáticos catalogados como artículo 9 con la intención de ser “ganadores estructurales a largo plazo”.

Muchas gestoras se han sumado en las últimas semanas. Jupiter presentó Global Ecology Bond, para invertir en bonos vinculados a la sostenibilidad o que “promuevan la concienciación al respecto”.

En la misma línea, AXA, que gestiona más de 15.800 millones de euros en bonos verdes, lanzó el fondo WF ACT Dynamic Green Bonds, para generar ingresos y crecimiento a largo plazo a través de la financiación de una economía baja en carbono.

Recientemente otra gestora, Federated Hermes, presentó su fondo artículo 9 Biodiversity Fund, destinado a “satisfacer la demanda crítica de soluciones que cumplan con objetivos globales en biodiversidad”.