No ha podido ser. La Comisión Europea ha cerrado los oídos a las peticiones que han llegado desde muchos frentes de la industria de la gestión de activos para posponer la entrada en vigor de lo que se conoce como 'MiFID verde', que se considera el punto de entrada masivo de la inversión sostenible en la oferta para los inversores particulares europeos.

A partir del 2 de agosto, -en menos de una semana-, cuando se comience a trabajar con un cliente o se actualice el asesoramiento en materia de inversiones, se tendrá que preguntar al cliente por sus preferencias de sostenibilidad. Si desea seguir estos criterios, habrá que ofrecerle productos alineados con ese perfil; es decir, sostenibles.

Es una normativa que entra en vigor para la toda la Unión Europea, pero con muchos flecos abiertos, que crean inseguridad jurídica para los comercializadores de productos de inversión, como han alertado desde diversas plataformas paneuropeas y la propia industria de la inversión responsable.

"Nos preocupa el impacto que pueda tener sobre el cliente", señala Ángel Martínez-Aldama, presidente de INVERCO, la patronal de las gestoras españolas de fondos. "Puede sentirse engañado si comenzamos vendiéndole un producto que hoy es sostenible y que podría no serlo cuando finalice el desarrollo normativo", insiste.

"Es necesario evitar que se cree desconfianza en el particular sobre los productos sostenibles. No olvidemos que los temas de ESG están muy avanzados en el inversor institucional y el cliente particular debe integrarlos y son concepto complejos", añade Fernando Ibáñez, presidente de la Asociación Española de Empresas de Asesoramiento Financiero (ASEAFI), integrada por empresas de asesoramiento independiente.

Una mala experiencia del particular con la inversión sostenible podría posicionarle en contra del producto

La sombra del greenwashing es algo que preocupa por el impacto reputacional que pueda generar, pero también porque un estreno en falso de la sostenibilidad con los pequeños inversores podría generar a medio plazo rechazo hacia este tipo de productos.

"No tenemos todo razonablemente construido, algo que abre la puerta a posibles acusaciones de greenwashing, que sin normativa, pueden ser más abundantes", previene el presidente de INVERCO. "Nosotros lo que decimos es que la mejor vacuna para el greenwashing es tener una norma certera", recalca Ángel Martínez-Aldama.

Las propias asociaciones de usuarios han reconocido que la comercialización de producto sostenible entre particulares, sin que la normativa esté totalmente definida, puede ser una fuente de conflicto, reconociendo que la industria contaba con argumentaciones sólidas para demandar una prórroga hasta el 1 de enero de 2023 de la entrada en vigor de la MiFID verde.

La Comisión Europea, sin embargo, ha desoído las peticiones y no ha movido el plazo de entrada en vigor de la reforma del test de idoneidad que incluye la sostenibilidad. Algunos interpretan su cerrazón como un movimiento político para defender el eje normativo del actual equipo europeo, que es el Green Deal y con el que busca colocar a la Unión Europea a la vanguardia de la transición energética.

No es el primer movimiento polémico de la Comisión Europea en este sentido. La inclusión del gas y la energía nuclear en la taxonomía de actividades sostenibles ha cuestionado el cómo se quiere dar ese salto transformador.

Una guía que no resuelve el problema

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) publicó hace unos días una serie de documentos para dar ciertas guías a la gestoras y los asesores de cómo deben 'vender' este tipo de producto. Pero eso no soluciona el vacío legal.

"La CNMV ha hecho lo único que podía hacer porque el calendario ya está determinado a nivel europeo", señala Ángel Martínez-Aldama.

La pieza que falta es todo el desarrollo normativo de la ESMA, que no se espere que esté completado hasta septiembre u octubre de este ejercicio y que entraría en vigor seis meses después.

"No es la primera vez que entra en marcha una norma con el desarrollo normativo incompleto", señala Fernando Ibáñez. "Nos vamos a tener que adaptar y va a haber un poco de creatividad sobre como cada ESI (empresa de servicios de inversión) la incorpora", avanza.

El presidente de ASEAFI confía en que al igual que ha sucedido con la entrada en vigor del Reglamento de Divulgación, la CNMV, dadas las circunstancias, sea flexible en sus tareas de supervisión y establezca un "periodo de transición".

Desde INVERCO comparten esta expectativa y del comunicado del supervisor podría deducirse que así es; no obstante, Ángel Martínez-Aldama reconoce que las gestoras españolas han optado por ser conservadores a la hora de clasificar productos sostenibles, ante el miedo a exponerse a una acusación de greenwashing por las arenas movedizas regulatorias.

De hecho, la oferta de productos verde oscuro españoles -artículo 9, considerados top en ESG- son los menos. Al cierre de junio, de acuerdo con datos de INVERCO, serían 12 productos, frente a los 198 fondos englobados dentro del artículo 8.

Con gran parte de los clientes de vacaciones en agosto, la gran prueba de fuego de la MiFID verde llegará en septiembre. Fernando Ibáñez tiene claro cómo debe aprovechar la industria y los asesores de inversiones el verano: formándose en ESG.

Es una especialización relativamente nueva y es compleja; y la CNMV ha sido clara en que la venta de producto sostenible se debe hacer correctamente y con un lenguaje adaptado al cliente.