El Congreso de los Diputados ha dado este jueves la luz verde definitiva a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

Lo ha hecho con la abstención del Partido Popular y de Más País-Verdes Equo -este último porque considera que la ley se queda corta en aspiraciones- y la oposición de Vox. Una aprobación definitiva, a falta de publicación del texto en el BOE.

"Abordamos retos complejos en un momento difícil para nuestra sociedad y, sin embargo, es en esta misma coyuntura donde se muestra con total evidencia la urgencia de transformar nuestro modelo de desarrollo y nuestra forma de vida integrando en ella los criterios de sostenibilidad y resilicencia", ha asegurado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al justificar la necesidad de esta legislación.

El nuevo texto tiene como meta la neutralidad de emisiones contaminantes de cara a 2050. Como primera meta, en 2030, contempla que España reduzca en, al menos, un 23% las emisiones de efecto invernadero respecto a 1990.

"Hace falta más ambición para atajar el camino hacia la plena descarbonización, sustituir los combustibles fósiles por energías renovables, modernizar la economía y transformar los modelos de producción y de consumo", ha asegurado la ministra.

Más porcentaje de consumo de renovables

La nueva Ley contempla una clara apuesta por las energías renovables. En concreto, que estas alcancen una penetración en el consumo final de, al menos, el 42%. También, que el 74% de la generación sea, directamente, producida a través de renovables. Unos objetivos que podrán revisarse al alza en 2023.

Además, entre las medidas que recoge el nuevo texto legal está la modificación del parque automovilístico para reducir la presencia de vehículos contaminantes.

De esta forma, los vehículos de combustión deberán dejar de comercializarse, a más tardar, en 2040, con la intención de que dejen de circular, como tope, una década después.

Y todos los municipios con más de 50.000 emisiones deberán contar con zonas de movilidad restringida, donde sólo puedan circular vehículos 'limpios' de bajas emisiones.

En el terreno empresarial, la regulación que hoy ha salido adelante en el Congreso de los Diputados, obligará a más de 200 compañías cotizadas y entidades de contratación pública a calcular y registrar la huella de carbono y a publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2023.