Se acerca la COP26, la cumbre mundial del clima que este año se celebra en Reino Unido -en Glasgow-, y el Gobierno de Boris Johnson quiere convertirse en uno de los Ejecutivos más activos en la lucha contra el cambio climático. Más aún cuando tras el Brexit, ‘Downing Street’ marca su propia agenda ‘verde’ al margen de lo dictado en Bruselas.

Una actividad del Ejecutivo londinense donde su último movimiento pasa por elevar las exigencias a todas aquellas empresas que quieran cerrar un contrato con el Estado: tendrán que tener la meta de ser cero emisiones netas en 2050. 

"El Gobierno está gastando más de 290.000 millones de libras (más de 335.000 millones de euros) en contratos y adquisiciones cada ejercicio y es importante que usemos ese poder de compra para ayudar a transformar nuestra economía y llegar a las cero emisiones", justifica el ministro de Eficiencia y Transformación, Theodore Agnew.

Las nuevas exigencias del Gobierno británico

Básicamente, la exigencia a las compañías que quieran pujar en una licitación pública es contar con una hoja de ruta propia hacia las cero emisiones de CO2 a mitad del presente siglo. Es decir, la misma meta que se ha marcado el Gobierno de Johnson, que está recogida en el espíritu del  Acuerdo de París y que será uno de los ejes sobre los que gire la próxima cita de Glasgow.

"Estas medidas nos ayudarán a transformar nuestra economía, hacia un modelo más sostenible, sin sobrecargar a las compañías, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas", recalcó el ministro en declaraciones a los medios británicos. 

Aún faltan por conocer los detalles de cómo va a materializarse esta exigencia en los requisitos de las futuras adjudicaciones públicas del Gobierno británico. 

De momento, el citado Ministerio ya ha adelantado que esta nueva regulación, más exigente con la transformación medioambiental de las empresas, estará en vigor a partir del próximo mes de septiembre. 

Además, ha acotado que esa exigencia de cero emisiones en 2050 será aplicable a todos los posibles proveedores del Estado que presenten ofertas superiores a los cinco millones de libras. Es decir, prácticamente cualquier gran contrato. También, que aquellas empresas que no cumplan este requisito, simplemente, serán excluidas de los concursos.  

Las empresas del IBEX, en su mayoría llegan preparadas

Las grandes empresas cotizadas españolas, en su mayoría llegan con sus deberes bastante avanzados en materia de objetivos ligados a la reducción de emisiones de CO2, aunque no todas ellas tengan el mismo nivel de detalle a la hora de explicar cómo van a conseguir el objetivo para mitad de siglo.

Por ejemplo, cotizadas con presencia en Reino Unido como Iberdrola, Indra, Inditex, Telefónica, Cellnex o Ferrovial, entre otras, ya forman parte de los ‘Science Based Targets’ de Naciones Unidas.

Se trata de una alianza por la que las compañías firmantes se marcan objetivos de descarbonización realistas para los próximos años, con la meta de cero emisiones en 2050 y mitigar así el calentamiento global por debajo de los 1,5 grados. 

Ese tipo de alianzas ya conllevan compromisos por escrito que, previsiblemente, podrían servir como ‘garantía’ para los nuevos requisitos que va imponer en los concursos públicos el Reino Unido.

Hay que tener, por tanto, en cuenta que las compañías a las que se le va a requerir esta hoja de ruta son, sobre todo, las vinculadas a infraestructuras, telecomunicaciones, energía o construcción. 

Empresas como Iberdrola, Cellnex, Santander o Telefónica, ya tienen metas publicadas. Otras, como Ferrovial o Aena, además, han tenido que avanzar en ese proceso de reducción de emisiones tras el desembarco en su accionariado de Chris Hohn, a través The Children’s Investment Fund (TCI) y el impulso de su iniciativa Say on Climate

Esta exige que las compañías pongan en marcha estrategias climáticas realistas con un calendario claro y, precisamente, Hohn acaba de superar el 3% del capital de Cellnex a la que podría exigir más compromisos. 

En cuanto a las constructoras, al margen de Ferrovial -que gestiona el aeropuerto londinense de Heathrow, otras compañías como FCC o Sacyr, también se han marcado metas para la reducción progresiva de emisiones a lo largo de los próximos 30 años.

Queda, de momento, ACS. La compañía presidida por Florentino Pérez tiene pendiente presentar su plan de sostenibilidad 2021-2025 en el que, previsiblemente, tendrán que incluirse esos objetivos. 

Un plan que la constructora tendrá que hacer público antes de septiembre para poder optar a nuevos contratos, dada la voluntad del Ejecutivo del Reino Unido de aplicar este requisito climático a partir de ese mes.

A día de hoy, según la última memoria de ACS, tiene en cartera proyectos en Reino Unido por valor de 1.538 millones de euros, el 2% de su cartera global. Un mercado que, en 2020, le aportó 466 millones en volumen de ingresos.

Un nuevo ‘plan Marshall’ verde de Johnson

Queda patente que el Reino Unido quiere convertirse en uno de los principales actores geopolíticos con la descarbonización como meta. De hecho, Johnson va a llevar una propuesta a la reunión del G7 de este fin de semana en Cornualles para impulsar la lucha contra el cambio climático a escala global, también en aquellas economías más débiles.

En concreto, según ha adelantado el diario ‘The Times’, Johnson va a proponer que las siete mayores economías del mundo lideren una especie de ‘Plan Marshal’’ para financiar la descarbonización de las economías en desarrollo.

Sin embargo, no es una propuesta que tenga ‘bandera verde’ dentro de su propio país, porque el diario londinense apunta que Johnson se ha encontrado con trabas dentro de su propio Ejecutivo, dado que el Ministerio de Finanzas no sería proclive a esta inmediata asignación de fondos hacia el exterior.

Al menos, no antes de la revisión presupuestaria que el Gobierno conservador tiene que realizar el próximo otoño. Precisamente, cuando se desarrollará la Cumbre Mundial del Clima de Glasgow.