Es uno de los proyectos estrella del megaplan de medidas legislativas medioambientales que anunció la Comisión Europea hace sólo unas semanas: la introducción de un impuesto en frontera que grave el CO2 de las importaciones a territorio comunitario de aquellas empresas que fabrican en países con legislaciones medioambientales más permisivas, lo que perjudica a las empresas ‘made in EU’.

Una medida que puede ser replicada en otros mercados, a pesar de que Estados Unidos ha enfriado su interés inicial por poner en marcha un proyecto similar.

Y, de entrada, uno de los países que previsiblemente se verían más golpeados -y que ya se ha mostrado en contra de este gravamen- es China. Sin embargo, esta medida no afectaría tanto al gigante asiático como a Rusia.

Aluminio y acero, en el foco

Así lo refleja un estudio de varios ‘think-tanks’ europeos, Sandbag y E3G, recogido por Reuters. Este informe pone de relieve que introducir este arancel en frontera tendría un efecto más alto en determinadas materias primas, como el aluminio, los fertilizantes o el acero.

En concreto, el Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) podría dar sus primeros pasos a partir de 2023, si cuenta con el respaldo de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Y habría que esperar a 2026 para que esté plenamente operativo. 

Hay que recordar que el CBAM tiene como objetivo evitar que las empresas europeas se lleven su producción fuera de las fronteras comunitarias y aprovechar las posibilidades de fabricar en países con regulaciones medioambientales más laxas y, luego, acceder al mercado único.

Sin embargo, todavía es una medida incipiente, porque aún requiere de su aprobación por parte del Parlamento Europeo, además de la ya citada de los Estados miembros. 

Impacto reducido

Este esquema arancelario que gravaría importaciones industriales -y no países- sólo cubriría el 3,2 por ciento de todas las importaciones que llegan anualmente la UE, pero las emisiones de CO2 que alcanzarían serían el equivalente al 47 por ciento de todos los derechos de emisiones gratuitos que se asignan anualmente a empresas comunitarias. 

El estudio elaborado por Sandbag y E3G tiene en cuenta que las tarifas que se cargarían sobre los productos importados desde Rusia pueden alcanzar los 442 millones de euros de cara a 2026.

Una década después, en 2035, esa cifra alcanzaría los 1.884 millones de euros. En lo relativo a ese año se habrán reducido a cero los derechos de emisión gratuitos que se conceden en la Unión Europea.

Hay que recordar que las empresas que operan en territorio comunitario, según el sistema de comercio de emisiones de CO2, están obligadas a comprar los derechos que requieran para cubrir la totalidad de sus emisiones pero, si tienen excedente, pueden comercializarlos. 

En cambio, en el caso de China, de cara a 2035, el estudio de los dos ‘think-tanks’ limita el impacto a 484 millones de euros. Por otro lado, otros países como Ucrania o Turquía, alcanzarían cifras más altas, de 870 y 824 millones de euros, respectivamente.

“Los sectores cubiertos por el actual esquema del CBAM solo representan en 1,8 por ciento de las exportaciones chinas a la Unión Europea”, refleja el citado informe, según datos correspondientes a 2019. 

Estados Unidos, al margen

En cuanto a Estados Unidos, sería uno de los países menos afectados por esta media, con un impacto de solo 10 millones de euros por este mecanismo de frontera en 2026; y alrededor de 25 de cara a 2035, según el citado informe. 

Precisamente, hace unos días el Gobierno de Joe Biden aseguró que, de momento, no tiene planes inmediatos respecto a la puesta en marcha de su propio CBAM, que ya han requerido representantes del Partido Demócrata.

Uno de los motivos es que estos aranceles podrían golpear a industrias con peso significativo, como la aeronáutica o el automóvil, y derivar en un aumento de costes y de precios finales para los consumidores.