Muy sutil, pero ahí queda. Institutional Shareholders Services (ISS), el mayor asesor de voto del mundo, no ha pasado por alto en su informe de recomendaciones de cara a la junta de accionistas de Repsol que la Audiencia Nacional haya vuelto a imputar al presidente de la petrolera, Antonio Brufau, por el caso Villarejo.

El juez dio ese paso el pasado febrero e ISS, aunque recomienda apoyar todos los puntos del orden del día en la junta del próximo 6 de mayo, llama la atención de los inversores sobre este tema en su informe, concretamente en su reflexión sobre por qué recomienda apoyar la gestión del consejo el año pasado.

"La votación a favor está justificada, ya que no hay evidencia de que el consejo o el equipo ejecutivo no hayan cumplido con sus deberes fiduciarios. No obstante, se destaca esta propuesta debido a la reanudación de las investigaciones en febrero de 2022 sobre el presidente no ejecutivo en el supuesto caso de espionaje de Cenyt", señala en las explicaciones referidas al punto cuarto del orden del día.

Glass Lewis, que también aconseja apoyar este punto, no se refiere a Cenyt y a la nueva imputación de Brufau, pero sí a los problemas que ha tenido la petrolera en Perú como un tema sobre el que reflexionar.

Una medida de castigo

Aunque ISS no la recomienda en este caso, una de las herramientas que los asesores de voto y los accionistas tienen para mostrar su desaprobación a temas relacionados, por ejemplo, con la reputación y los problemas legales, es votar en contra de la gestión del consejo durante un ejercicio.

En España, es un punto del orden del día obligatorio en las juntas, por lo que normalmente la tasa de aprobación es muy elevada, pero donde el Caso Villarejo podría estar dejando ya algunas cicatrices.

Por ejemplo, uno de los ejemplos lo podemos ver en los resultados de voto de la junta de BBVA. El banco es la compañía del IBEX que lleva más años arrastrando el Caso Cenyt, y aunque ha ido renovando a parte del consejo de la era de Francisco González, continúa viéndose afectada por el caso.

En las votaciones de este año, por ejemplo, un 1,14 por ciento del capital votó en contra de la gestión del consejo el año pasado.

Es un porcentaje muy bajo, pero que supera a otros puntos del orden del día que se consideran de 'trámite', como, por ejemplo, la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión, el informe de información no financiera; o los dividendos. La oposición a estos puntos en la junta del BBVA el pasado 18 de marzo fue del 0,76, 0,40 y 0,63 por ciento; por debajo del referido a la gestión social.

En su informe de recomendaciones de voto de cara a la junta de accionistas de BBVA, Corporance, el asesor de voto español integrado en la red europea Proxinvest, hacía referencia a las preocupaciones que habían surgido sobre el banco por este caso y a que nueve directivos continuaban estando imputados.

También recogía la multa de 13,1 millones recibida por el banco por presuntos errores en la prevención de blanqueo de capitales.

Voto directo en contra de los consejeros

La otra vía de castigo -que es más directa- es oponerse a la reelección del consejero 'señalado', pero Antonio Brufau no debe ser todavía reelegido, ya que obtuvo el apoyo de la junta en 2019 y entonces el juez no le investigaba en relación a Villarejo.

No es la primera compañía que esta temporada habría recibido una llamada de atención por Villarejo. De acuerdo con Economía Digital, Glass Lewis también habría mostrado su preocupación en su informe previo a la junta de Caixabank.

El banco fue una de las entidades que volvieron a ser imputadas por la Audiencia Nacional en febrero de este año, junto a Antonio Brufau, Repsol e Isidro Fainé.

¿Anticipo para Iberdrola?

Este primer toque de atención puede ser un anticipo de las evaluaciones de los asesores de voto de cara a la junta de Iberdrola, cuyo presidente, Ignacio Sánchez-Galán está imputado por la Audiencia Nacional.

La apertura de investigación se produjo posteriormente a la junta de 2021, de manera que los proxy no pudieron valorar las implicaciones de la investigación de la eléctrica. La reunión de accionistas se produjo el 18 de junio y la imputación se conoció unos días después.

A diferencia de Brufau, Caixabank, Repsol o Fainé, el juez nunca cerró las investigaciones sobre Ignacio Sánchez Galán, aunque sí ha cerrado las investigaciones sobre varios directivos de Iberdrola.

La estructura de gobernanza de la gran eléctrica es un hándicap y será algo a analizar de cara a la junta, ya que Galán concentra los poderes del presidente y el consejero delegado; algo que complica una posible delegación de funciones en el caso de que tuviera que renunciar a sus cargos por el proceso judicial.

El consejo de Iberdrola respalda al presidente y así lo constató públicamente el año pasado tras la imputación. Un hecho que generó polémica por su inmediatez y que de alguna manera ha comprometido al consejo con la reputación del presidente ejecutivo.