Los litigios vinculados a temas medioambientales se están multiplicando en los últimos años y están, sobre todo, ligados a la actuación de poderes públicos. Así lo constatan las dos instituciones que se han especializado en el estudio de la litigiosidad vinculada al clima.

“Desde 2017, los casos vinculados al cambio climático se han duplicado y este año está continuando esa tendencia”, explica a SOCIAL INVESTOR Daniel J. Metzger, miembro del Sabin Center for Climate Change Law, que depende de la Universidad de Columbia.

Esta institución constató que a mediados de 2020 el número de litigios vinculados al clima superó los 1.500, cuando sólo tres años antes, en su anterior estudio, se situaban en 884. 

Las cifras son aún más altas si se tiene en cuenta el último análisis realizado por el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, creado en 2008 por la London School of Economics and Political Science. Esta institución cifra el número de litigios, en el momento actual, en 1.846.

La pugna por las asignaciones de CO2

De estos casos, 14 corresponden a España. Casi todos ellos, son previos a 2010 y, en su práctica mayoría, están ligados a la asignación de emisiones de CO2 a diferentes compañías, que afectan a empresas ligadas al sector cerámico y también multinacionales como la alemana Eon o a la ya extinta Unión Fenosa, que hoy forma parte de Naturgy. En total, más de media docena de casos que han llegado al Tribunal Supremo.

Uno de ellos, ya resuelto, correspondía a la multinacional del acero Arcelor, que impugnó una decisión del Consejo de Ministros en 2005, que anulaba la cesión de créditos de emisiones para el período 2005-2007. En este caso, el Supremo desestimó el recurso de la acerera.

Como también está en el Alto Tribunal, según constatan estas fuentes, la denuncia presentada por diferentes organizaciones medioambientales contra el actual Gobierno de Pedro Sánchez por inacción climática.

Una denuncia que Greenpeace reconoció a este medio que, previsiblemente, no prosperará, dado que ya está en marcha la Ley de Cambio Climático.

Sin embargo, como esta legislación se queda corta en objetivos de reducción de emisiones respecto a las metas que ha marcado la Comisión Europea -aunque el Gobierno se reserva la capacidad de ampliarlos cuando estime oportuno-, esta organización abrió la puerta a nuevos litigios contra el Ejecutivo español. 

Estados Unidos, el principal foco de litigios 

“Hemos visto incrementos muy relevantes en la litigiosidad medioambiental en todo el mundo. En el pasado, la mayor parte de casos se presentaban en Estados Unidos y en Europa, pero la litigiosidad se está convirtiendo en frecuente también en el resto del mundo”, explica Daniel J. Metzger.

Pese a esta tendencia, al menos de momento, el foco sigue estando en Estados Unidos, donde la práctica de la litigiosidad empresarial está más extendida. Sólo en ese país, hay más de 1.300 casos ligados al medioambiente.

En cuanto a si esta litigiosidad climática es más habitual entre compañías o están enfocadas a las Administraciones Públicas, Metzger reconoce que la institución estadounidenses, a día de hoy, no tiene “una diferenciación específica sobre este punto. Pero mi percepción es que los casos están divididos entre ambas”.

“Los casos con mayor impacto están claramente enfocados en los gobiernos”, matiza. “Estos incluyen demandas que reclaman más ambición en la acción climática gubernamental y aquellas que aspiran a una aplicación más sólida de los compromisos ya existentes.

Los casos entre partes privadas -en referencia a las compañías- son de menor alcance”, reconoce el representante del Sabin Center for Climate Change Law.

La ‘tercera ola’ y el acuerdo de París

En esta misma línea, el Grantham Research Institute lo define como ‘la tercera ola’ de la litigiosidad medioambiental.

La primera es la previa a 2007 y estaba enfocada en Estados Unidos y Australia, con la exigencia de que los gobiernos aumentaran sus estándares medioambientales. La segunda, corresponde al periodo 2007 - 2015 y está conectada al aumento de los casos en Europa. 

Y, esta tercera, correspondiente a los últimos seis años, es la expansión al resto del mundo y a una tipología de cuestiones más amplias, incluidas las ligadas a la acción de los accionistas de compañías y a la acción efectiva por contribuir, bien al cambio climático, bien a no poner en marcha las medidas de mitigación eficientes.

Una tendencia creciente que, sin embargo, no parece tener relación con el marco legal internacional. Entre otras cuestiones porque, pese a la relevancia mediática y social de acuerdos como el de París de 2015 su falta de cumplimiento no tiene repercusiones legales.

“El Acuerdo de París ha tenido un efecto en los litigios climáticos, pero muy pequeño”, explica el representante del Sabin Center for Climate Change Law. “El acuerdo conlleva medidas voluntarias, no son obligaciones y por ello no es citado habitualmente en las demandas medioambientales”, señala.

“Aún así, cuando los litigantes argumentan que los gobiernos no están haciendo lo suficiente para frenar el cambio climático, habitualmente citan los compromisos del Acuerdo de París como evidencia”.

De esta forma, las Cumbres del Clima, como puede ocurrir con la próxima cita este otoño en Glasgow, “aumentan el nivel de atención a las cuestiones climáticas y eso anima a poner en marcha más acciones”. 

La litigiosidad por venir

De momento, de cara al futuro más inminente, uno de los puntos de inflexión es el cambio de actitud de la Administración estadounidense, después de que su presidente Joe Biden acordara la vuelta al marco del Acuerdo de París como una de sus primeras medidas tras llegar a la Casa Blanca. 

“Debido a que los casos avanzan lentamente y la Administración solo ha estado en su lugar unos pocos meses, todavía no tenemos muchos ejemplos de las posiciones que está tomando la administración en los casos ambientales.

Sin embargo, hemos visto muchos cambios en las reglas y regulaciones que se relacionan con el medio ambiente y el cambio climático, y esperamos ver más en los próximos meses”, explica desde la institución de la Universidad de Columbia. 

“El presidente Biden emitió una orden ejecutiva que revirtió muchas de las posiciones políticas que había adoptado el presidente Trump. Si bien la orden en sí no es una ley que se pueda hacer cumplir, es una guía para las diversas agencias administrativas dentro del Gobierno Federal sobre qué deben priorizar y en qué acciones enfocarse. La Orden hace del cambio climático una prioridad clave y es probable que se cite en los litigios en los próximos meses y años”, argumenta  Daniel J. Metzger.

Mientras, en Europa, la institución neoyorquina prevé “una mayor presión de los inversores”, indica, “así como una creciente presión de litigios sobre las empresas de combustibles fósiles y otras que contribuyen a la crisis climática”.

Muchas compañías ya se han comprometido voluntariamente de forma pública, a reducir sus emisiones y su impacto en el clima y eso derivará, en que “tanto los inversores como la opinión pública trabajen para responsabilizarse del cumplimiento de esos objetivos”.